Nº92 Proyecto de Ley Sobre protección de la salud mental.

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Boletín: 10563-11 (Refundido con: 10755-11 ).
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 9 de marzo de 2016.
Urgencia: Sin urgencia.
Etapa: Segundo trámite constitucional.
Quorum: Tienen rango de ley orgánica constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de justicia, el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16; para su aprobación la Constitución Política de la República exige el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio.

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

El proyecto de ley tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.

El proyecto se estructura en 22 artículos permanentes.

A juicio de los autores de las mociones (Boletín Nº 10563-11: diputadas Cariola, Carvajal, Girardi y Hernando y diputados Espinosa, Flores, Jaramillo, Meza, Robles y Torres; Boletín Nº 10755-11: diputadas Hernando y Rubilar y diputados Alvarado, Castro, Espejo, Macaya, Monckeberg (don Nicolás), Pilowsky y Torres), los cuerpos jurídicos e instrumentos programáticos vigentes resultan insuficientes si se analiza la realidad de las políticas de salud mental en Chile.

Por tanto, el proyecto busca salvar la omisión existente en Chile, que carece de una legislación específica en salud mental, instaurando un marco normativo que proteja los derechos de las personas con discapacidad o con enfermedades mentales.

La idea es recoger, al menos parcialmente, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con una legislación sobre salud mental que codifique y consolide los principios fundamentales, los valores, propósitos y metas que permitan fijar objetivos claros a políticas y programas de salud mental

El artículo 1 señala que la finalidad de la ley es reconocer y garantizar, en el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica. A su vez, señala que la ley se aplicará a todos los servicios públicos o privados, cualquiera que sea la forma jurídica que tengan.

El artículo 2 del proyecto de ley señala qué debe entenderse por enfermedad o trastorno mental, definiéndolo como una condición mórbida que sobreviene a una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.

El artículo 4 consigna que toda persona con problemas de salud mental tiene la plenitud de los derechos contemplados en el título II de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con especial mención de la forma de expresar consentimiento y del derecho del paciente a ser informado de modo que asegure su comprensión.

El artículo 5, asigna al Estado la función de promover la atención en salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y acreditado, y entrega directrices para el proceso de atención. Establece que la hospitalización psiquiátrica es un recurso excepcional y transitorio.

El artículo 6 prohíbe la realización de un diagnostico basado exclusivamente en criterios tales como el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, ni con su identidad u orientación sexual.

El artículo 8 hace referencia a la prescripción de medicación, la que debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental, ser administrada sólo con fines terapéuticos y previa evaluación profesional pertinente.

Los artículos 9 a 18 tratan sobre la internación, tanto voluntaria como involuntaria, sus condiciones, requisitos y reglamentación.

El artículo 21 señala que la articulación intersectorial del Estado deberá incluir acciones permanentes para la inclusión social de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual.

II.- Principales comentarios en Comisión de Salud del Senado.

En primer lugar, expuso la Subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, quien señaló que el gobierno ha introducido algunas indicaciones al Plan Nacional de Salud Mental elaborado en años anteriores.

Presentó una visión general del Programa de Salud Mental 2017-2025, la que a continuación se detalla:

Destacó en primer lugar la importancia de los cambios relacionados con la forma de entender la salud mental y los trastornos mentales; las innovaciones en la orientación formativa; las variaciones en la organización y gestión de servicios, y la diversificación de la oferta hacia un modelo comunitario de atención.

Luego expresó que “hoy, a nivel mundial, el tema de salud mental es relevante para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que claramente el foco está puesto en fortalecer el nivel comunitario y la atención primaria.”

Planteó como otro aspecto importante, el aumento de cobertura de tratamiento: a diciembre de 2005 eran atendidas 270.000 personas, en tanto que a diciembre de 2015 la cobertura alcanza a 772.000, de las cuales el 84% recibe tratamiento en la Atención Primaria de Salud.

Destacó el desarrollo heterogéneo de la cobertura de tratamientos en salud mental) a lo largo del país y llamó la atención sobre la necesidad de cubrir esas importantes brechas en el modelo de atención.

Expresó que “(…) el objetivo del Plan Nacional de Salud Mental 2017 – 2025 es contribuir a mejorar la salud mental de las personas, mediante estrategias sectoriales e intersectoriales de promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, atención garantizada e inclusión social, en el marco de un modelo de salud integral caracterizado por el enfoque familiar y comunitario”

El senador Francisco Chahuán (RN) expresó que “(…) la prevención y tratamiento en materia de salud mental son materias prioritarias, lo cual implica destinar también los recursos necesarios. Por lo mismo, llamó a concentrar la mirada en los grupos que hoy tienen un mayor déficit de horas psiquiátricas de atención.”

Asimismo, destacó la importancia del “(…) aumento exponencial que es previsible en los próximos años, de enfermedades propias de los adultos mayores, como la demencia senil, el Alzheimer y otras, que aumentarán progresivamente.”

Por su parte, la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe explicó que como psiquiatra “(…) tiene cabal noción de que la psiquiatría es el pariente pobre de todas las áreas de la medicina, en distintos aspectos. Con todo, esa circunstancia es entendible, dada la escasez de recursos en salud. Por ejemplo, si se enfrenta una alternativa de inversión, lo habitual es privilegiar la compra de un respirador para una UCI infantil, en lugar de financiar el gasto que requiere generar las condiciones para la rehabilitación de un paciente con una patología mental crónica.”

Luego, hizo referencia a la situación de los niños de madres drogadictas. Explicó que “(…) esos niños recién nacidos no están codificados por el sistema de salud, por tanto, no pueden acceder a tratamientos para paliar los síndromes de abstinencia y de privación con que nacen.

En cambio, los adolescentes menores de 18 años son considerados consumidores y pueden acceder a tratamientos específicos. A su vez, los mayores de 18 años son tratados por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).”

Por último, expresó que “(…) al no considerar a los recién nacidos como consumidores, no son tratados adecuadamente y finalmente tienen problemas en el desarrollo psicomotor. Esta es una la situación absolutamente invisibilizada.”

Entre los expertos en psicología que expusieron, veremos brevemente las opiniones vertidas por la psicóloga y docente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcela González.

La doctora González partió señalando que “(…) el bajo presupuesto asignado a la salud mental en el país redunda en una precaria oferta de trabajo para los profesionales y técnicos de la salud mental, más inadecuada y contradictoria aún, si se toma en cuenta el nivel de responsabilidad y formación que se les exige”.

Lo anterior deriva en “(…) un círculo vicioso, pues dados los bajos salarios ofrecidos los profesionales dispuestos a trabajar en los programas públicos o municipales de salud mental son cada vez más jóvenes e inexpertos, muchas veces recién titulados, sin formación específica, sin experiencia profesional, y finalmente resultan abrumados por demandas que no pueden resolver.”

Más adelante expresó que “(…) urge un cambio de mentalidad, tanto de los usuarios, que deben convencerse de la necesidad de su empoderamiento y participación, como de los equipos tratantes, que deben replantearse su rol de “expertos aislados” y avanzar hacia la interdisciplinariedad; para esto es necesario “desbiomedicalizar” las intervenciones, lo que representa un salto cualitativo, social y político, que parece desarticulado de la situación de aislamiento, inequidad y pobreza multifocalizada de la población más vulnerable”.

Asimismo, apuntó a la necesidad de “(…) abordar el debilitamiento en nuestro país del sentido de “lo colectivo”, que se viene dando hace décadas, en consonancia con los modelos neoliberales que nos rigen. En efecto, el sentido de “lo comunitario” aparece tensionado por las características de las sociedades actuales, pues el sistema social estructurante tiende a demandar “autonomía”, “resiliencia”, y otros conceptos que ponen el foco en la individualidad y no en los esfuerzos colectivos ni en la corresponsabilidad en el bienestar común.”

Por último señaló que todo niño tiene “(…) derecho a recibir información sobre su enfermedad y sobre la forma en que se realizará el tratamiento y a expresar su conformidad con el mismo, información que se proporcionará de acuerdo a su edad, nivel de desarrollo, etc., como se dispone en el artículo 22. Sin embargo, la importancia de la formación y la sensibilidad de la persona encargada de dar esa información al niño, considerando la forma en que será expresada e intentando anticipar cómo va a ser leída por el destinatario, de acuerdo a su edad, estado afectivo y situación personal.”

Proyecto de Ley que Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.
Boletín: 11140-12.
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 9 de marzo de 2017.
Urgencia: Sin urgencia.
Etapa: Primer trámite constitucional (C. Diputados).
Quorum: Simple.

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas.

Para lograr ese objetivo, esta iniciativa legal propone introducir una modificación en el artículo 46 de la ley N° 19.300 sobre bases del Medio Ambiente.

Consta de un artículo único permanente y de uno transitorio.

A juicio de los autores de la moción (diputados Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Paulina Núñez Urrutia, Leopoldo Pérez Lahsen y Alejandro Santana Tirachini, y de los exdiputados Cristián Campos Jara, Daniel Melo Contreras, Andrea Molina Oliva y Claudia Nogueira Fernández), la legislación contempla situaciones de riesgo, sea porque se sobrepasa o porque se excede la norma ambiental. La primera constituye un riesgo actual e inminente y, la segunda, un riesgo consumado.

Para el primer caso se ha calificado una zona como “latente” -aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental- y para el segundo, como “saturada” -aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas”.

Sin embargo, la legislación no contempló una regulación ni efectos para el periodo que media entre la declaración y la entrada en vigencia del plan de descontaminación para los proyectos que, de manera regular, deben someterse a evaluación de impacto ambiental.

A este efecto, dicen sus autores, se ha propuesto un artículo único mediante el cual se incorpora un inciso segundo en el artículo 46 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que establece diversas reglas para el periodo comprendido entre la declaración de un área como zona saturada o latente y el decreto que establece el plan de descontaminación o prevención respectivo.

De este modo, al ser declarada una zona como latente o saturada, todo proyecto requerirá de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental; y, además, en las zonas decretadas como saturadas, los proyectos que generen o presenten los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 no podrán ser admitidos a tramitación.

II.- Principales comentarios en Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Partió exponiendo la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos Sigall, quien partió señalando que “(…) existe un anteproyecto que modificará el sistema de evaluación de impacto ambiental, el cual espera que ingrese a la Cámara de Diputados como cámara de origen, y señaló que en su elaboración han participado muchas organizaciones.”

Luego expresó que “(…) como Ejecutivo, no tenemos inconvenientes en traducir a indicaciones las observaciones que provengan de su discusión parlamentaria las que, sin duda, harán de ese anteproyecto una mejor versión.”

A continuación, el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher Valenzuela, dijo que “(…) hoy ingresan a evaluación proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecutan en zonas saturadas o latentes. En ellos se consideran loteos o conjuntos de viviendas con obras de edificación y/o urbanización, y proyectos industriales con superficie superior a 20 hectáreas o que generen emisiones igual o superior al 5%. Actualmente, existen 78 proyectos en evaluación que representan un total de M US$ 4686.”

Asimismo, recordó que “(…) los estudios de impacto ambiental (EIA) se requieren cuando el proyecto genera alguno de los efectos que enumera el artículo 11 de la ley N° 19.300[1] y no necesariamente se relacionan con la norma que determina la declaratoria de zona saturada o latente.”

En su exposición, el fiscal subrogante de la Superintendencia de Medio Ambiente, Raimundo Pérez L. expresó que “(…) esta modificación está referida a instrumentos de gestión ambiental sobre zonas declaradas como latentes o saturadas, lo cual ocurre cuando la zona respectiva alcanza determinados niveles de concentración de contaminantes en función de normas de calidad.”

Señaló a continuación que “(…) los tiempos de tramitación desde la declaración de saturación hasta la fijación de los futuros planes de prevención y de descontaminación toman un tiempo relativamente largo, así en el caso de Valdivia demoro 3 años, en la situación de Santiago, 4 años, y para Talca 5 años”.

De aprobarse el proyecto de ley en estudio, aumentará significativamente “(…) el ingreso de estudios de impacto ambiental al interior del Servicio, los que son bastante más complejos y de detalle que las declaraciones de impacto ambiental. Lo anterior es importante para tener en consideración las implicancias prácticas y financieras de una norma de esta naturaleza.”

Señaló que “(…) para elevar el estándar de los proyectos, ello no pasa por colocarles restricciones (como propone la iniciativa) sino que fijando más y mejores estándares en las características que debe tener un buen plan de prevención o descontaminación.”

Finalmente, señaló que “(…) la disposición propuesta en esta iniciativa puede tener algún vicio de inconstitucionalidad por cuanto el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política del Estado garantiza a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica con tal que no sea contraria a la moral, orden público o a la seguridad nacional.”

  1. Riesgo para la salud de la población; efectos adversos significativos sobre la cantidad o calidad de recursos naturales; reasentamiento de comunidades humanas o cambio significativo de sus costumbres o sistemas de vida; localización próxima a poblaciones, recursos o áreas protegidas; alteración significativa del paisaje o turismo, y alteración de monumentos o sitios de valor arqueológico o histórico.