Nº91 Proyecto de Ley que Establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena (esta denominación fue reemplazada por la siguiente: Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional).

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Boletín: 9133-12.
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 10 de octubre de 2013.
Urgencia: Sin urgencia.
Etapa: Trámite de aprobación presidencial.
Quorum: Quórum simple.

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer la prohibición, dentro de la Patagonia Chilena, de la entrega, a cualquier título, de bolsas plásticas no biodegradables y biodegradables que utilizan los clientes para la contención y el transporte de mercaderías en supermercados, almacenes, tiendas, kioskos y demás establecimientos de comercio.

Para los autores de la moción (Diputadas Karla Rubilar Barahona y Alejandra Sepúlveda Orbenes, y los Diputados Fidel Espinoza Sandoval, David Sandoval Plaza, Gabriel Silber Romo, Guillermo Teillier Del Valle y Patricio Vallespín López, y los Diputados Carolina Goic Boroevic y Enrique Accorsi Opazo y Alfonso De Urresti Longton), los plásticos y los materiales sintéticos son los dos tipos de basura más común que existe en el mar, y son responsables de la mayor parte de los problemas que sufren los animales y aves marinas.

Por tanto, señalan en la moción que debieran priorizarse acciones que tiendan a sensibilizar, concientizar y educar a la sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de racionalizar el uso de bolsas de material no biodegradable toda vez que, en particular en la Patagonia Chilena a causa de sus fuertes vientos, éstos agentes contaminantes se trasladan hacia sectores que constituyen un parque de naturaleza vivo de una riqueza incalculable.

II.- Principales comentarios en Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado.

En primer lugar, expusieron los alcaldes de zonas patagónicas de nuestro país, siendo el primero, el Alcalde de la I. Municipalidad de Punta Arenas, señor Emilio Bocazzi.

Éste último partió su exposición señalando que el problema “(…) debe ser considerado integralmente con otros fenómenos contaminantes a nivel local, como la presencia de perros abandonados en las calles, animales domésticos que forman parte de un círculo vicioso de contaminación, que incluye el uso de bolsas plásticas domiciliarias y residuos domésticos, ya que aquéllas son utilizadas no sólo como medio de transporte de mercaderías desde el supermercado a la vivienda particular, sino también como recipientes de basura residencial (…)”.

Luego expresó que un segundo punto relevante en la discusión se refiere a la necesidad de “(…) avanzar en temas vinculados a la separación y reciclaje de basura domiciliaria. Tiempo atrás, tuve la opción de conocer la experiencia de la I. Municipalidad de La Pintana, que ha sido pionera en Chile en reciclamiento de residuos, tema que, como ya señaló, se encuentra íntimamente ligado con el uso de bolsas plásticas (…)”.

El sector del comercio, señaló, “(…) ha recibido de buena forma la idea de implementar una medida para reemplazar el uso de bolsas plásticas, aspecto que se une a la vocación turística regional, se requiere, también, abordar el problema del uso de dichos elementos como receptáculos de residuos domiciliarios, para el caso, el propio municipio debiera disponer de recursos adicionales para entregar a cada hogar una solución para el retiro de la basura particular, deteniendo la dependencia actual a las bolsas suministradas por los supermercados.”

Concluyó su presentación señalando que “(…) la sustitución y futura eliminación del uso de bolsas plásticas en la Patagonia irá asociada a un plan de recolección y reciclaje de vidrio, programa similar al utilizado en Santiago, Concepción y Valparaíso. Es necesario avanzar en la implementación de medidas ambientales, pero tales acciones no pueden sustentarse en la voluntad de unos pocos, sino que deben ser firmemente apoyadas por el Estado (…)”.

Luego expuso el Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Natales, Fernando Paredes.

Partió su exposición señalando que el municipio que lidera “(…) se encuentra inserto en el Sistema de Certificación Ambiental (SCAM) desde el año 2013, programa enfocado al cuidado del medio ambiente que procura obtener avances en la gestión ambiental municipal mediante diversas acciones a replicarse en cada comuna. Actualmente, Puerto Natales ha sido certificada en la fase intermedia con un 98% de efectividad, convirtiéndose en la comuna modelo a nivel nacional.”

En el contexto del precitado programa, señaló el alcalde “(…) se ha impulsado la campaña “Yo Quiero Cambiar Mi Bolsa”, campaña de gestión ambiental dirigida a mitigar el alto impacto negativo que generan las bolsas plásticas en una ciudad turística como Puerto Natales. Con diversos actores de la campaña han llegado a la conclusión que el factor determinante en la contaminación por uso de bolsas plásticas es la bolsa blanca de empaque final.”

Adicionalmente, señaló el alcalde Paredes, “(…) se dictó a inicios del presente año una ordenanza que busca reducir el uso de bolsas plásticas de empaque final. La vigencia de la normativa municipal se complementó con educación y concientización de los habitantes de la comuna (…)”

Por último, comentó que “(…) el presente proyecto de ley prohíbe el uso de todo tipo de bolsa plástica, quizás, sostuvo, se debiera evaluar dicha medida, centrándose en la eliminación del uso de la bolsa plástica de empaque final.”

Cabe destacar también lo señalado por el senador Patricio Walker (DC), el quien solicitó “(…) a los representantes del Ejecutivo acoger las peticiones relacionadas tanto con el incremento de recursos para el cumplimiento de labores fiscalizadoras a nivel municipal, así como la creación de fondos concursables para asumir campañas ambientales, como el reemplazo de la bolsa plástica por una bolsa biodegradable o reutilizable.”

Asimismo, expresó que “(…) la integración de la Comisión Especial de Zonas Extremas es de carácter transversal, unidos por una característica común, como es la dificultad de desarrollo en zonas apartadas de Chile.” Con este fin, valoró “la posibilidad de visitar las Regiones para conocer en terreno las distintas sensibilidades locales, en temas tan relevantes como el desarrollo del turismo, la conectividad o la nivelación de la asignación de zona en el sector público (…)”.

Proyecto de Ley que Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca.
Boletín: 10482-21
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 31 de diciembre de 2015.
Urgencia: Simple.
Etapa: Comisión Mixta por rechazo de modificaciones (Senado).
Quorum: El artículo 8 números 11, 14 y 19, tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la misma Carta Fundamental

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

Este proyecto de ley tiene dos objetivos principales:

  1. Establecer una asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, e incrementar su dotación máxima de personal.
  2. Modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal, estableciendo nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, incorporando además, figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos.

El proyecto se estructura alrededor de cinco puntos clave:

1.- Asignación para el personal.

2.- Aumento de dotación.

3.- Nuevas obligaciones para actores de la pesca.

4.- Nuevas facultades y modificaciones a existentes.

5.- Nuevas infracciones y delitos en materia de pesca ilegal.

II.- Principales comentarios en Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.

Durante su discusión en general, el Presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Sernapesca (AFUS), señor Eduardo Fuentes señaló que “(…) el compromiso de los funcionarios de Sernapesca es único y trasciende a la institución (…); en el desempeño de sus labores los funcionarios se ven expuestos a distintos incidentes e incluso agresiones, en varias regiones del país, producto de lo cual, se han presentado querellas en favor de la seguridad funcionaria.”

Más adelante agregó que el recién pasado gobierno de la Presidenta Bachelet “(…) incorporó como compromiso la modernización del Servicio Nacional de Pesca, y este proyecto, en lo que importa a esta organización, incorpora un incentivo económico, una asignación para todos los funcionarios de SERNAPESCA que ejercen la función fiscalizadora”.

Luego, expresó que “(…) también les interesa el aumento de dotación, para fortalecer el proceso de inocuidad en el ámbito de comercio exterior y las modificaciones a la ley general de pesca y acuicultura para el perfeccionamiento de facultades, sanciones y tipificación de infracciones ante los incumplimientos.”

Posteriormente, señaló la necesidad de “(…) establecer el sistema de trazabilidad de los productos, e incorporar infracciones relativas a la etapa post captura porque en estos momentos la ley tiene sanciones muy altas para el extractor y muy bajas para la comercialización y el transporte, además de perfeccionar las infracciones que no están debidamente reguladas como la acreditación de origen y otras y corregir los montos de las sanciones entregando mayores facultades a los jueces para la determinación de las multas, haciéndolas más proporcionales a la falta.”

Adicionalmente, expresó que “(…) este proyecto se fundamentó en diferentes aspectos, como la alta complejidad de las actividades de pesca y acuicultura, los progresos tecnológicos (por ejemplo: el monitoreo satelital, el uso de drones, cámaras de vigilancia); aumento de atribuciones y funciones establecidas en las modificaciones a la ley de pesca mejoras a introducir en materia de inocuidad y comercio exterior (…)”.

En su intervención, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe señaló que, se han tratado dos cosas diferentes en el proyecto de ley.

Una sería la modernización de Sernapesca, “(…) que es un anhelo que han planteado los propios pescadores artesanales producto de los complejos problemas que les generó la externalización del servicio de fiscalización en las distintas zonas del país, recalcando que la solicitud en particular de los pescadores artesanales fue que la fiscalización volviera a ser una actividad que dependa del Sernapesca”. Subrayó que “el proyecto en discusión en su primera parte apunta precisamente hacia ese requerimiento, entregándole al Servicio las herramientas necesarias para que cumpla de buena manera dicha actividad.”

La segunda parte, trata de la pesca ilegal, “(…) lo que es una solicitud transversal del sector artesanal y que existe consenso en que debe ser controlada; (…) la pesca ilegal es mala para todos porque genera una disminución de los recursos, pero la forma de combatirla es tratarla en un proyecto distinto al de modernización del Sernapesca, porque requiere de un estudio más profundo.”

En una segunda intervención, la senadora expresó que “el proyecto de Sernapesca tiene que ver con la certificación y no sólo con la fiscalización, y que la primera de ellas ayuda a que la segunda pueda realizarse en forma efectiva, por cuanto aquella pesca que no está certificada es, en definitiva, pesca ilegal.”

Luego, señaló que entendía que “(…) la idea del proyecto es poder volver la certificación a manos del Servicio, que era la primera parte del proyecto, y que como consecuencia de eso se pueden generar todas las fiscalizaciones correspondientes.”

Por último, dijo que el tema que preocupa es que “(…) si se aprueban en general dos proyectos en uno las indicaciones van a ir sobre este proyecto y no a otro, pues, la modernización de Sernapesca es sencilla pero el ataque a la pesca ilegal es infinitamente más complejo y requiere oír a los afectados.”

Por su parte, la senadora DC Carolina Goic expresó que “(…) el fortalecer a la institución tiene que ver con el principal objetivo que es la pesca ilegal y permite abordar el problema en toda su magnitud.”

Además, señaló que “no sólo hay un reconocimiento a los funcionarios respecto de las tareas de fiscalización sino que también se consideran las herramientas para cumplir con eso, de modo que es bueno que ambos temas se discutan en conjunto, pues de lo contrario se pierde el sentido que es fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización, siendo la pesca ilegal el principal problema a resolver.”

Proyecto de Ley que Modifica ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular tendido de cables aéreos.
Boletín: 9511-12
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 14 de agosto de 2014.
Urgencia: Sin urgencia.
Etapa: Segundo trámite constitucional (Senado).
Quorum: Los nuevos incisos tercero y sexto propuestos por la iniciativa al artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, revisten el carácter de orgánicos constitucionales, en tanto el segundo de ellos atribuye a los Juzgados de Policía Local el conocimiento de la infracción contemplada en el primero de los mismos.

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

Este proyecto de ley tiene por objeto modificar la Ley General de Telecomunicaciones, a fin de disponer de un procedimiento de retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad, fijándose, asimismo, sanciones en caso de incumplimiento.

El proyecto de ley está estructurado sobre la base de un artículo único, que modifica el artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, lo que se hace por la vía de intercalar, a continuación del inciso segundo, otros cuatro incisos que quedan como tercero, cuarto, quinto y sexto, pasando el actual tercero a ser séptimo

II.- Principales comentarios en Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

En su exposición, el Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila hizo ver sus puntos de vista respecto del proyecto de ley, señalando, en primer lugar, que lo más correcto sería “(…) radicar la obligación del retiro de los residuos en las empresas que los han instalado, excluyéndose a las empresas eléctricas de toda carga del retiro por ser terceras extrañas al problema.”

Luego expresó que, respecto a la obligación de informar “(…) es esencial fijar tal deber en las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por lo que la iniciativa se orienta en el sentido correcto, permitiendo que los municipios recaben tales datos de manera desagregada.”

Sugirió “(…) extender dichas obligaciones a fin de que las entidades edilicias puedan no sólo determinar la propiedad del cable, sino que también otros aspectos relacionados, como la extensión geográfica por donde se alzan estos tendidos de telecomunicaciones.”

En tercer lugar, y respecto del órgano competente para sancionar, estuvo de acuerdo en que tal atribución se entregue a los Jueces de Policía Local.

Sin embargo expresó que “(…) algunas inquietudes que se presentan sobre el particular dicen relación con la detección del incumplimiento del retiro por parte de la empresa. Lo anterior, a la luz de la experiencia de la Superintendencia en materia de control de planes de acción de la industria eléctrica.”

Por último, concluyó señalando que “(…) en cuanto al mecanismo contemplado por el nuevo inciso cuarto propuesto al artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, en donde se faculta a las Municipalidades al retiro del desecho, ante el incumplimiento de las empresas, ello podría haberse abordado de una forma distinta, a través del establecimiento de una vía de recaudación por los costos de tal operación, limitada sólo a las comunas de mayores ingresos.”