Nº77 Futuro del Perú tras la renuncia de PPK

Otra página negra de la historia política peruana se ha escrito en la última semana, luego que tras las acusaciones de corrupción por la recepción de fondos de la constructora Odebrecht, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciara a su cargo a sólo un año y ocho meses de iniciado su mandato. De esta manera PPK pasa a engrosar el mayoritario grupo de ex presidentes peruanos que desde los noventa enfrentan a la justicia, incluyendo a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, factores todos del descrédito transversal por el que atraviesa la política en ese país.

Los últimos tres meses del gobierno peruano fueron de inmensa incertidumbre. Las mociones de vacancia comenzaron en el mes de diciembre, tras la confesión hecha por Odebrecht de haber realizado pagos por 782 mil dólares a cambio de consultorías a Westfield Capital, empresa de propiedad del ahora renunciado mandatario, al mismo tiempo que éste se encontraba ejerciendo como ministro del presidente Toledo. PPK, quien había alcanzado el gobierno gracias a una alianza circunstancial en contra de Keiko Fujimori, se enfrentaba así ante una oposición mayoritaria liderada precisamente por su contrincante presidencial, batalla que sólo pudo sobrevivir mediante una cuestionada alianza con Kenji Fujimori, hermano de la líder opositora con quien mantiene una lucha por la primera opción de heredar el legado político de su padre.

La sorpresiva victoria de Kuczynski en su primera moción de vacancia llegó con un costo alto, el presidente concedió en nochebuena un indulto a Alberto Fujimori, quien todavía cumple condena por crímenes de derechos humanos durante su gobierno. La movida sólo produjo mayor descrédito a PPK frente a quienes le apoyaron alguna vez a alcanzar la presidencia, e incluso su renovado gabinete de unidad nacional no pudo aplacar las críticas crecientes a su gestión.

Poco duró en todo caso la paz para el presidente peruano, ya que el 28 de febrero Jorge Henrique Simões Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht en Perú, se acogió a la delación compensada en el caso Lava Jato, y confesó a fiscales peruanos en Brasil que la compañía habría aportado 300 mil dólares a la campaña presidencial de Kuczynski en 2011. Barata también habría señalado que similares o superiores aportes se hicieron a las campañas de los ex presidentes Toledo, García y Humala, e incluso a la propia candidatura de Keiko Fujimori en 2011.

Estas acusaciones motivaron un nuevo proceso de vacancia en contra del presidente, al mismo tiempo que PPK fue interrogado por la comisión Lava Jato. Anteponiéndose a similares movimientos que en la ocasión anterior, los parlamentarios del fujimorismo denunciaron públicamente la supuesta compra de congresistas por parte del gobierno para votar en contra de la vacancia presidencial. La denuncia fue reforzada con el testimonio del congresista Moisés Mamani, y luego con la revelación de grabaciones de audio y vídeo donde se aprecia claramente la promesa de realización de obras en distritos específicos para cambiar el voto de los parlamentarios.

Dado el daño político y descrédito de la administración de PPK, el presidente decide renunciar el día 21 de marzo, ante un debate político intenso sobre si era pertinente aceptar la dimisión del presidente o bien rechazar y continuar con el proceso político en su contra. Aceptada la renuncia, será el vicepresidente Martín Vizcarra, quien se encargará de continuar el mandato hasta su término legal, el 28 de julio de 2021, una extraña situación, ya que aún ejercía esa posición a pesar de desempeñarse como embajador en Canadá luego de formar parte del gabinete.

Vizcarra, de 55 años, aparece como una figura independiente, que no genera mayor rechazo en la ciudadanía luego de una reconocida carrera en el ámbito local en la región de Moquegua y un buen cometido el 2016 durante las emergencias producidas por el fenómeno del niño. El legislativo parece encontrar en él una figura que de escape a los problemas más inmediatos de administración sin los cuestionamientos que sufren el presidente y algunos miembros de la oposición, a pesar de un paso poco feliz como Ministro de Transporte, cargo al cual tuvo que renunciar tras la polémica por el contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.

Por de pronto la primera misión de Vizcarra será enmendar el rumbo económico. El presidente interino deberá buscar la mejor manera de asegurar a los inversionistas que la situación política del país no afectará las perspectivas de crecimiento. Cualquier señal de confrontación entre los poderes del estado supone insertar mayor incertidumbre a un sistema que ya ha visto disminuidas sus proyecciones para los próximos dos años. El desgaste que ha producido la lucha de poderes ha afectado incluso la inversión pública, que ha disminuido en un 14% durante las mociones de vacancia. Un entendimiento entre gobierno y oposición será entonces necesario para poder ejecutar de la mejor manera el presupuesto en esta área.

Al mismo tiempo, el trabajo colectivo entre legislativo y ejecutivo debe compartir una hoja de ruta clara en cuanto a los incentivos a la inversión y la consolidación fiscal del país. Las reformas ensayadas por la administración de PPK fueron un buen aliciente para la expansión de la inversión en estos últimos años, y se cae en el riesgo que una medición de fuerzas entre los actores políticos dañe el avance o modifique esta ruta en demasía, pudiendo espantar a quienes están ayudando al buen crecimiento actual de la economía peruana.

Lograr dichos acuerdos será complejo. Sobremanera cuando la misión política central del gobierno interino será echar mano a la corrupción y el financiamiento de las campañas políticas. En un país donde la gran mayoría de los candidatos presidenciales y los más reconocidos líderes políticos han sido acusados o relacionados de alguna manera con financiamiento irregular, es difícil no avanzar en soluciones sin enemistarse con la oposición.

Pareciera ser que actualmente no tendría mayores inconvenientes. Ya ha anunciado, para alegría de todos los sectores políticos, que llamará a un nuevo gabinete que no repetirá nombres del gobierno anterior. También cuenta con el hastío de la población con la corrupción y el establishment político peruano para sortear las críticas a sus primeras medidas.

Gráfico 1: Aprobación Congreso del Perú

Fuente: GFK, LaRepública.perú

Dicha actitud se refleja en la alta desaprobación del Congreso, que llega a un 82%. Es más, la aprobación de los congresistas es incluso menor a la del propio presidente renunciado, quien contaba con un 14% al momento de su renuncia. Esto le dará margen a Martín Vizcarra para tomar decisiones prontamente si es que quiere aprovechar su momento de instalación, mientras que el congreso recibe el golpe por la responsabilidad que le compete en la crisis política.

De igual forma, su mayor opositora, Keiko Fujimori, se encuentra distraída en otra lucha fratricida contra su hermano Kenji, puesto el último habría comunicado su disposición a colaborar con la justicia en revelar el financiamiento irregular de la campaña de su hermana, el que de acuerdo a las revelaciones de Jorge Barata podría alcanzar hasta 1,2 millones de dólares.

Esto en respuesta a la revelación de vídeos en los que aparecería convenciendo a parlamentarios de votar por Kuczynski en la vacancia, mediante la promesa de obras públicas para los distritos de los parlamentarios en cuestión, cuestión que ha motivado una investigación en su contra y amenazas de remoción del conglomerado al que pertenece.

A favor del hijo del ex mandatario, si bien los vídeos fueron el mazazo final que precipitó la renuncia de PPK, y revelaron al público prácticas poco adecuadas de los políticos, también traen a la memoria ciudadana prácticas de espionaje similares a las realizadas en la época de su padre, cuando los “vladivídeos” de Vladimiro Montesinos marcaron el fin del gobierno fujimorista. Sumándolos a las acusaciones que versan sobre su hermana, esto podría ayudar a cuestionar su liderazgo, la conducción del fujimorismo e incluso sus pretensiones presidenciales.

Volviendo al nuevo presidente, otro desafío fundamental, ahora en términos de política exterior, tiene que ver con la realización de la Cumbre de las Américas. El primer acto internacional del presidente interino llegará rápidamente los días 13 y 14 de abril próximos donde tendrá que ser el anfitrión de los 33 países de la región, luego del retiro de la invitación a Nicolás Maduro, lo que también será un bautizo de fuego para el mandatario peruano.

Atento deberá estar también al resultado del juicio de Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales ha escalado en sus declaraciones durante la fase de alegatos, lo que puede nuevamente llevar hacia una discusión sobre la posición peruana relativa a la entrega de cualquier tipo de salida al mar soberana por el norte de Chile.

En cuanto a la relación bilateral, por ahora no se presumen mayores cambios. La relación entre ambos estados se ha mantenido a un buen nivel durante el último tiempo, mejorando considerablemente desde el fin del gobierno del presidente Humala y el fin de la controversia marítima en La Haya. Chile ha salido correctamente a empatizar con la ciudadanía peruana y a desear la mejor gestión al nuevo gobierno, los inversionistas nacionales tienen un interés porque la situación mejore, y los gobiernos han estado de acuerdo en la defensa de los principios democráticos en Venezuela. El programa del presidente Sebastián Piñera incluye una relación fluida con Perú y es de esperarse que los encuentros a distintos niveles sean numerosos.

La crisis política por la que atraviesa Perú no tiene una solución inmediata, y los esfuerzos por recuperar la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos deberán ser enormes. Por el momento, al menos la instalación del gobierno de Martín Vizcarra dará algo de la estabilidad necesaria para afrontar los desafíos, cosa que de seguro no sería posible en un escenario de elecciones presidenciales anticipadas.

Es de esperar que los próximos meses traigan consigo un reordenamiento de las fuerzas políticas, las que tendrán que hacer frente a sus acusaciones de corrupción y rencillas internas. La más trascendental de todas por cierto será la que determine quién de los hermanos Fujimori quedará al mando de la facción mayoritaria de los adherentes fieles al ex mandatario.

AUTOR: Antonio Canale-Mayet, Cientista Político.