Nº90 Se consolida aumento de asalariados en el sector público con remuneraciones que crecen más que en el sector privado

Prácticamente siete de cada diez empleos asalariados que se crearon en el trimestre noviembre-enero de 2018, fueron generados por el Estado. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que dan cuenta que de los 203.450 nuevos ocupados con contrato que se generaron en doce meses a dicha fecha, el 71% (144.340) correspondió a empleo fiscal, frente a 22.560 ocupaciones asalariadas en el sector privado.

El alza de la creación de empleo en el sector público quedó en evidencia con especial fuerza en 2017, sumando 135.290 cupos en los últimos doce meses. Así, mientras en octubre-diciembre de 2016 el Estado contaba con 865.430 asalariados, en igual periodo de 2017 esa cifra se eleva a 1.000.720. Se trata del mayor nivel desde 2010, cuando el INE comenzó a aplicar su nueva encuesta de empleo.

Gráfico 1. Aumento anual de empleos asalariados en el Estado (en miles).

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

Esta tendencia se opone directamente a lo observado en el sector privado, en el que la creación de puestos de trabajo asalariados no ha tenido la misma fuerza. Peor aún, desde septiembre de 2015 revela una marcada tendencia a la baja, no obstante la recuperación evidenciada en los últimos dos trimestres de 2017, reflejo del cambio en las expectativas económicas producto de las mayores probabilidades de triunfo para el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera.

En este contexto, mientras en octubre-diciembre de 2016 el sector privado contaba con 4.837.850 asalariados, en igual periodo de 2017 esa cifra llegaba a 4.802.300, revelando una evolución negativa o pérdida de 35.550 puestos de trabajo formales en el periodo.

Gráfico 2. Aumento anual empleos asalariados en el sector privado vs en el Estado (en miles).

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

El aumento en la generación de empleo formal al interior del aparato público es preocupante en varias dimensiones, donde una de las principales fuentes de inquietud es su impacto en las finanzas públicas. El Gráfico 3 exhibe la evolución del gasto en personal en términos absolutos y en moneda constante desde 2010, observándose que en todos los años aumenta en términos reales[1].

En este periodo, el gasto público en personal ha aumentado anualmente un 9,1% promedio real, siendo el ejercicio 2015 el que muestra el mayor aumento, con una variación de 10,7% en términos reales. Ahora bien, si comparamos el gasto en personal en el Estado en 2017 con 2010, el incremento es de 84%, porcentaje similar al aumento que ha exhibido el gasto público fiscal en dicho periodo.

Por otra parte, entre los años 2010 y 2017 el gasto ejecutado en personal del Estado no ha presentado variaciones significativas respecto del gasto total, observándose un gasto promedio en personal entre estos años de un 19,8% respecto del gasto total, fluctuando entre un máximo de 20,2% para el año 2017 y un mínimo de 19,4% en el año 2012.

Gráfico 3. Gasto en personal en el Estado, 2010-2017 (en MM$ de 2017).

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

La cantidad de trabajadores asalariados en el Estado ha aumentado de manera sostenida, tanto en términos absolutos como en relación al tamaño de la población. En el Cuadro 1 se muestra la evolución del total de empleos formales que desempeña funciones en el Estado entre los años 2010 y 2017 (incluyendo a personal en dotación y a honorarios), la que pasado de 202.896 a 296.080, lo que implica un crecimiento de 45,9% en el período, con una tasa promedio anual de 4,3%. Si bien en todos los años se observa un crecimiento, éste ha variado desde un 1,8% en 2010 a un 7,2% en 2014.

Cuadro 1. Total de trabajadores en el Estado, 2010-2017 (en miles)

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

Este crecimiento es consistente con el aumento ya identificado del gasto en personal, y explica parte del mismo, siendo la otra parte explicada por el aumento de las remuneraciones.

En el Cuadro 2 se muestran las variaciones en términos nominales del promedio de las rentas brutas del Gobierno Central, del Índice General de Remuneraciones elaborado por el INE, el Ingreso Mínimo Mensual que afecta a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, el reajuste del Sector Público que entra en vigencia cada 1 de diciembre del año anterior, y la Remuneración Bruta Mensual Mínima que aplica al sector público[2].

Se verifica que en el período 2010-2016 las remuneraciones promedio del Gobierno Central se mantuvieron en línea con el resto de los indicadores revisados, mientras que a partir de 2015 la Remuneración Bruta Mensual Mínima que aplica al sector público crece por sobre el Ingreso Mínimo Mensual que afecta a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

Por otra parte, los datos del Cuadro 2, también muestran que las Rentas Brutas del Gobierno Central crecen por sobre el Reajuste General del Sector Público entre los años 2010 y 2016. Esto implica que las remuneraciones del sector público han crecido por causas adicionales al reajuste general legislado cada año, las que incluyen principalmente ascensos y promociones de los funcionarios, y nuevas asignaciones sectoriales creadas por ley.

Cuadro 2. Evolución nominal de distintos indicadores de remuneraciones, 2010-2016

(2010 = base 100)

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

En diciembre de 2017, en tanto, las cifras del INE muestran un incremento de las remuneraciones en la administración pública de 7,8% nominal en doce meses, según el Índice de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra. Ese aumento es un 60% más alto que el alza promedio de las remuneraciones en el resto de los sectores económicos para el mismo periodo, que fue de 4,9%.

Resulta evidente que este incremento no está ligado a mayor productividad ni a reajustes por inflación, dado que estamos en un período de inflación contenida, basta decir que medida en doce meses, la inflación del IPC alcanza apenas 2,0% en febrero de 2018.

Lo concreto es que parte importante del alza de las remuneraciones en el sector público obedece a la entrada en vigencia durante este año de la Ley 20.922 – que modificó la planta de funcionarios municipales-, la que generó aumentos de asignaciones profesionales y de grados en los municipios. Dicho proyecto, aprobado el año pasado, considera un costo adicional para las municipalidades, en régimen, de $54.101 millones, para cuyo financiamiento el Fisco aportará $36.000 millones, unos US$ 53 millones.

Esta alza no está alineada con un contexto de austeridad fiscal, pero dado que la meta fiscal se fija para el Gobierno Central, y no para el resto del aparato estatal -donde se incluyen los municipios-, parte importante de este mayor gasto no se verá reflejado al momento de calcular las cifras de balance estructural.

Con estos antecedentes, el ejercicio 2018 se ve complejo desde la perspectiva de las cuentas fiscales, pues deberá hacer frente a un aumento significativo en las dotaciones de planta y a contrata realizada por la administración saliente, al tiempo que las remuneraciones vienen creciendo muy por encima del dinamismo de las remuneraciones en el sector privado.

AUTORES: Gustavo Díaz y Stefano Zecchetto, Economistas.
  1. Las cifras fueron obtenidas a partir del Subtítulo 21 de los Presupuestos de cada año. Este gasto incluye a las dotaciones de uniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden, siendo imposible restarlo por ser información reservada.
  2. En el análisis se excluye al personal de las instituciones afectas a la escala de las FF.AA. y al personal del área de la salud afecto a las leyes N°19.664 y N°15.076. La renta utilizada para la clasificación corresponde a la renta bruta mensualizada de escala asignada a cada funcionario que se desempeñaba efectivamente en las instituciones del Gobierno Central, según distribución al 30 de junio de cada año. Desde 2008, considera también la renta del personal a honorarios asimilados a grado, Código del Trabajo y jornales permanentes.