Nº86 Proyecto de Ley Establece nueva ley de Migraciones

Boletín: 11395-06
Ingresó por: Cámara de Diputados.
Fecha: 23 de agosto de 2017.
Urgencia: Simple urgencia, ingresada el 21 de diciembre
Etapa: Primer Trámite constitucional.
Quorum:

 

I.- Principales objetivos y contenidos.

El Mensaje que acompaña el proyecto de ley señala que la legislación en materia migratoria vigente se compone del Decreto Ley N° 1094, de 1975, y una serie de decretos dictados en uso de la potestad reglamentaria.

Es así como la legislación general en materia migratoria no ha sido sometida a debate en el Congreso Nacional.

Más adelante se señala que, con la presentación de este proyecto se subsana una deuda histórica con los migrantes que transitan, ingresan y residen en nuestro país, tal como los chilenos hemos transitado, ingresado y residido en otros lugares del mundo y aborda también un debate democrático que se mantenía pendiente.

Su contenido es el siguiente:

1. Enfoque, principios, derechos y obligaciones.

Esta propuesta de ley subsana el vacío que al respecto tiene la normativa migratoria vigente, estableciéndose aquellos principios generales que regirán la migración y que servirán como base y límite al actuar de los órganos del Estado.

El proyecto tiene como principio rector el respeto de los derechos humanos, reconociéndose por parte del Estado la igual dignidad de todas las personas, debiendo promover, respetar, y asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes

Por otra parte, el proyecto de ley recoge aquellos principios reconocidos en el Derecho Internacional en materias de asilo y refugio, regularidad migratoria, reciprocidad y corresponsabilidad.

2. Sistema nacional migratorio.

El proyecto busca además establecer un sistema nacional migratorio. Para ello dispone del otorgamiento de facultades claras a las autoridades migratorias, tanto en el interior como en el exterior. Crea un Comité de Política Migratoria para la elaboración y actualización de la política migratoria, y fija una autoridad de control migratorio, a cargo del control en frontera y de la verificación de antecedentes de los solicitantes.

La Política Migratoria consistirá en un conjunto de lineamientos que darán lugar a los planes, programas, acciones e instrumentos del Estado en diversas materias sectoriales. Tratará cuestiones como el acceso a la salud, la educación, la vivienda, los aspectos derivados de la seguridad pública, la integración laboral por medio de la promoción del reconocimiento de títulos profesionales, entre otras.

3. Reglas sobre ingreso, egreso y categorías migratorias.

El proyecto de ley establece requisitos generales de ingreso y egreso al territorio nacional, exigiendo que la entrada y salida del territorio nacional se efectúe por lugares habilitados, con documentos de viaje válidos y cumpliendo con las condiciones y requisitos legales que limitan el acceso al país y su permanencia, fortaleciendo los controles migratorios como medida de resguardo del orden y seguridad pública.

Las categorías migratorias que contempla el proyecto de ley serán: permiso de turista; permiso de visitante; habitante de zona fronteriza; residente temporal; residente oficial, y residente definitivo. Para ello, se define con claridad cada categoría migratoria, estableciendo los procedimientos para solicitar los distintos tipos de permisos, su prórroga y causales de rechazo y revocación. Un reglamento fijará subcategorías migratorias, así como sus requisitos específicos, ello con el propósito de otorgar una mayor flexibilidad para adaptar dichos procedimientos a una realidad cada vez más dinámica.

4. Sistema administrativo sancionatorio.

Este proyecto define un procedimiento administrativo sancionatorio claro, con resguardo del debido proceso, estableciendo parámetros precisos para hacer efectivas las sanciones en cada caso.

Asimismo, se contemplan de manera pormenorizada aquellas causales de amonestación, imposición de multa, prohibiciones de ingreso especiales y expulsiones. Se establecen, además, sanciones de multa a terceros, tales como empleadores que cometan fraude o transportistas que no cumplan con deberes de información, entre otros.

II.- Comentarios.

A pesar de los descargos del gobierno, que asegura la presentación de este proyecto no ha sido precipitada por la próxima interpelación al Ministro Mario Fernández, hemos recibido con sorpresa una iniciativa que parece incompleta, unidimensional e inadecuada, en particular por tratarse de un período electoral donde el tema migratorio estará al centro del debate, y que puede llevar a que se legisle de manera parcial y apresurada[1].

Este articulado refleja la victoria del equipo político del Ministerio del Interior por sobre los especialistas de la Dirección de Extranjería y Migraciones, que ya habrían realizado un trabajo previo que se plasmó en una propuesta el año pasado, la cual fue desestimada en favor de mantener el control de migratorio en las instancias ya existentes. Diferencias que explican, entre otras cosas, la reciente renuncia del propio Director de Extranjería.

En concreto, el proyecto reafirma la igualdad de derechos básicos ya reconocidos por nuestra constitución a las personas independientes de su origen, dando reconocimiento al derecho a la salud, educación, seguridad social y trabajo.

En cuanto a visado, el proyecto mantiene el modelo abierto existente, entregando a quienes ingresen en calidad de turista la posibilidad de tramitar un permiso de residencia sin la necesidad de abandonar el territorio nacional. Explicitar esto último, si bien se condice con la realidad migratoria actual y las necesidades que tiene el país de recibir personas, no necesariamente será una constante en el tiempo, no hay mecanismos para determinar a futuro la pertinencia de mantener este sistema de visado interno.

Se establece asimismo un procedimiento administrativo sancionatorio, compuesto de amonestaciones, multas y expulsiones. Incluye además prohibiciones de ingreso que contemplan causales imperativas y facultativas.

Los aspectos mencionados pueden ser considerados como una actualización de nuestro ordenamiento en cuanto a migraciones, el que data de 1975 y que ha sido ampliamente criticado por su enfoque de seguridad. También representa una alternativa al articulado del proyecto presentado por el gobierno anterior, el cual fue tildado de economicista por sus detractores.

Ahora bien, el proyecto de 2017 adolece de un enfoque pluralista, al desconocer el carácter multidimensional del fenómeno migratorio, y mucho menos da respuesta a cuáles son los intereses chilenos al momento de regular y promover las migraciones. En la misma línea, el proyecto no refuerza todos los derechos reconocidos al migrante con una institucionalidad robusta, que vaya más allá de la simple administración y otorgamiento de permisos y visas.

Ejemplo de ello es el Comité de Política Migratoria propuesto, el cual sólo incluye a los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia como miembros permanentes, siendo que si nuestra política migratoria reconoce las motivaciones y aporte laboral del migrante, al menos debería incluirse a los Ministros de Economía y Trabajo en la definición de las cantidades de personas que necesita el país, los sectores en los que se requieren extranjeros, el perfil profesional al que se debe privilegiar en su ingreso, entre otros.

Al mismo tiempo, el reconocimiento de derechos a la seguridad social, salud, vivienda, educación y otros hacen necesaria la presencia del Ministerio de Desarrollo Social y una constante evaluación de las condiciones del país y su capacidad de recibir nuevas cargas al sistema.

Nuestro diseño migratorio debiera además, independientemente del reconocimiento de la cultura, religión y tradiciones de quienes arriben al país, crear mecanismos de integración, que permitan la inserción positiva del extranjero en su comunidad de destino.

Por ello, hace falta en este diseño la creación de una entidad técnica con atribuciones que le permitan abordar la política migratoria desde una óptica multidimensional. La concentración de estas vitales funciones en aquellas entidades que se encargan del otorgamiento de permisos en el exterior y en Chile, restringen la capacidad de nuestra política migratoria a los intereses de Ministerios que no están en permanente contacto con las necesidades y demandas de las comunidades de extranjeros, y que pueden adaptarse mejor a los cambios que experimente la composición, origen, destino dentro del país y motivaciones de la futura población migrante.

Por ejemplo la ley chilena deberá prontamente adaptarse para responder de manera clara ante los desafíos del nuevo asilo, que incluye motivos económicos y de cambio climático.

De igual manera se mantiene la utilización de personal de la Policía de Investigaciones para el control de documentación en los pasos habilitados, cuyo trabajo de revisión de antecedentes migratorios puede ser realizado por otras instituciones.

Más grave aún, la vaguedad en la distribución de las funciones específicas entre las autoridades migratorias en Chile y en el exterior, no genera responsabilidad exigible a ninguna autoridad en particular ante, por ejemplo, fallos y negligencias en la autorización de ingreso, la mantención de bases de datos actualizadas, la seguridad de estas mismas bases y los deberes de información del Estado para con los extranjeros.

Desde la centroderecha, y en particular de Renovación Nacional no podemos dejar que el debate migratorio permanezca se concentre en la arena de la seguridad pública. El principio de libertad para emigrar y buscar mejores oportunidades es esencial a su alma, y debe empujar una agenda que permita a las personas capacitadas utilizar sus conocimientos y habilidades de manera plena.

Así, debiera avanzarse en el reconocimiento de títulos profesionales, el acceso a la banca y el crédito que permitan emprender, acceder a vivienda a precios justos y otras seguridades básicas que le permitan crecer libremente en Chile. El inmigrante ha llegado a nuestro país con la convicción que el modelo de desarrollo chileno brinda más oportunidades que sus países de origen, y muchas veces arriban eludiendo las consecuencias de proyectos populistas fallidos en la región.

Como se encuentra planteado ahora, el proyecto migratorio de Chile carece de una visión de mediano o largo plazo, y sólo busca regular un fenómeno que está definido por la improvisación y adecuaciones que fueron necesarias ante el vacío existente desde los setenta.

Por último señalar que, a pesar de las enunciaciones sobre el valor y beneficio que traen los extranjeros a nuestra tierra, la normativa planteada contribuirá a que ciertos sectores de la ciudadanía sigan percibiendo a los migrantes como una carga a nuestro sistema público, relegándoles a posiciones desmejoradas por falta de acceso a herramientas de desarrollo.

El debate ya está instalado, por lo que deberá aprovecharse la discusión legislativa particular para introducir mejoras imprescindibles a un proyecto con serias falencias de diseño.

AUTOR: Guillermo Ready, Abogado, y Constanza Castillo, cientista política.
  1. El proyecto está con Suma urgencia, ingresada el 24 de agosto.