Nº87 Protestas por nuevo Código Penal en Bolivia

En Bolivia, una nueva polémica agita las aguas políticas. Tras la controversial resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que autoriza al presidente Evo Morales a repostular como candidato en las próximas elecciones, a pesar de su derrota en el plebiscito que realizó para esos efectos en 2016, ahora recibe protestas de diversos sectores políticos y sociales por una controvertida reforma al código penal, que es visto como un intento por legalizar la persecución judicial de la oposición.

El pasado 15 de diciembre, el vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la ley 1.005 del Código del Sistema Penal. La nueva norma, que fusiona los antiguos códigos penal y procesal penal de los años 70, está compuesta por 681 artículos y busca, de acuerdo a lo comunicado por el Ejecutivo, principalmente acabar con la demora de los fallos judiciales.

Aprobado en el legislativo con facilidad, debido a la mayoría que ostenta el MÁS en la asamblea nacional, el diseño del nuevo cuerpo legal no contempló la discusión esperada con autoridades del mundo jurídico ni gozó de espacios para el debate y consulta con la sociedad civil. Producto de aquello, al conocerse el texto final y su aprobación casi automática, el análisis de quienes no participaron de su creación concluyó con la percepción de que el nuevo código está no sólo plagado de errores de concepción y técnica, sino que abre las puertas a un sinnúmero de ambigüedades e interpretaciones que van incluso en contra de los derechos democráticos reconocidos por la propia constitución de Morales.

Lo principal dice relación con la instauración de penas de cárcel para faltas o simples delitos, los que ponen en riesgo la actividad profesional de los ciudadanos, la penalización de ciertas actividades religiosas, la restricción al derecho a manifestarse, el endurecimiento de penas para faltas tributarias, la extensión de responsabilidad para empleadores en caso de delitos de sus empleados, y otras que bajo una interpretación antojadiza pueden fácilmente ser utilizadas a futuro como herramientas de persecución política.

De los reclamos ciudadanos que surgieron de la promulgación, sin dudas el que más dolores de cabeza trajo al presidente Morales fue la paralización por 47 días que los médicos del sector público llevaron a cabo. El gremio apuntó específicamente al artículo 205 del nuevo código, que penaliza la mala praxis con cárcel, reparaciones económicas e inhabilitación de la profesión.

De acuerdo a la nueva normativa, “la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de protocolo, reglamento o deberes inherente al ejercicio de la profesión o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales”.

La sanción sería de 2 a 4 años de cárcel, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas. En caso de muerte, la pena de presidio aumenta de 3 a 6 años, manteniendo el resto de las reparaciones e inhabilitación. De ser considerada temeraria la culpa, las sanciones serán agravadas en un tercio.

Las protestas comenzaron el 23 de noviembre con movilizaciones que además suman las preocupaciones del sector por la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social, órgano que podrá fiscalizar y auditar centros médicos, con la posibilidad que dicho organismo pueda también fijar precios de consultas. La escalada de tensiones que llegó hasta la huelga de hambre, forzó la suspensión de más de 10.000 cirugías de acuerdo a los cálculos del gobierno, además de la amenaza de no atender a los participantes del Rally Dakar.

El presidente Morales intentó acusar a los manifestantes de conspiradores, señalando incluso que la huelga de la salud era sólo un intento por detener su campaña presidencial para el próximo año. Sin embargo, el ejecutivo debió retroceder en su ataque al gremio médico, y desde entonces alcanzó un acuerdo en el que se solicitará a la Asamblea derogar el artículo 205 del Código Penal. Con ello se dio por finalizada la movilización de salud, aunque durante el último día nuevamente se ha amenazado con retomar las medidas de presión, luego que la Ministra de Salud amenazara con descuentos por los días no trabajados.

Similar situación ocurrió con el gremio del transporte, el que paralizó gran parte del país en contra del artículo 137 del nuevo código. Se establece en este el “homicidio culposo con medio de transporte”, que al igual que el 205 impone penas de 2 a 4 años de prisión, más reparación económica e inhabilitación.

Además de atentar contra el derecho al trabajo de los conductores, este artículo extiende además la responsabilidad económica e incluso de cárcel a los propietarios, gerentes o administradores de empresas de transporte en una amplia interpretación de incumplimiento de deberes de la ley, código y reglamento del tránsito. A pesar que el gobierno incluyó el artículo 137 en la petición de derogación elevada a la asamblea, como en el caso de los médicos, los transportistas han extendido su reclamo a la abrogación total del nuevo código penal.

Otro gran sector movilizado es el de los comerciantes. El nuevo código, en específico su artículo 174, deja abierta la puerta para encarcelar por 4 a 8 años a quienes no paguen, por cualquier motivo, impuestos cuyo importe sea superior a USD 78.000. Esto porque el nuevo código elimina el carácter de dolo, y sanciona incluso no llevar registros contables o no contar con respaldo documental, lo que algunos comerciantes sin recursos suficientes no hacen en la práctica.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la de La Paz también han llamado la atención sobre la ambigüedad de los nuevos delitos de injuria, calumnia y difamación recogidos en los artículos 309, 310 y 311 respectivamente, no estando claramente especificado cuándo se está en presencia de estos actos, por lo que su aplicación podría ser antojadiza.

Por su parte, las iglesias evangélicas también han salido a protestar, en su caso, contra el artículo 88. Tipificado dentro de los delitos de trata de personas, el numeral 11 del artículo sanciona con 7 a 12 años de cárcel y reparación económica a quienes recluten personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. Si bien, se presume que el artículo está dirigido a sectas y organizaciones extremas, la falta de rigurosidad en la redacción de este y otros artículos genera un justificable temor a interpretaciones antojadizas y persecuciones por medio de este articulado.

Adicionalmente, las organizaciones religiosas están en contra de la ampliación de las causales para abortar. Agregándose a las ya aprobadas causales de violación, estupro, incesto o peligro de la vida de la madre, las nuevas condiciones como que la mujer sea estudiante, tenga a cargo una persona adulta con discapacidad o se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida. Algunas de estas, en opinión de las iglesias serían en extremo fáciles de acreditar.

No obstante todas las problemáticas ya mencionadas, el Código Penal de Morales incluye otras normas que atentan contra principios fundamentales y de derechos humanos. Preocupante es que las inhabilitaciones ya mencionadas corresponden, de acuerdo al artículo 39, a la limitación de ejercer o acceder al empleo, oficio, profesión o servicio público, e incluso a ejercer la autoridad parental, guarda, tutela o curatela.

Otra serie de artículos limitan la libertad de manifestación y de participación política. Comenzando por el artículo 209 que deja dudas sobre qué constituye un abuso de una relación de dependencia familiar, económica o laboral cuando esta influya sobre la votación de una persona en elecciones o referendos revocatorios.

Los artículos 293 y 294, por su parte, son percibidos como atentados directos a la libertad de manifestación. El Código sanciona con 2 a 4 años de prisión, e inhabilitación, a quienes se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, lo que sea que esto signifique. También arriesgan de 1 a 3 años, y prestación de trabajo de utilidad pública por sedición, quienes sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alcen públicamente para deponer a algún servidor, o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos. En caso de protestas momentáneas, y una vez depuestas por llamado de la autoridad sólo se sancionará a los promotores o directores, criminalizando así a los detractores del gobierno.

Las graves deficiencias ya detalladas hacen necesaria la revisión o completa abrogación del Código promulgado, al menos hasta que el ejecutivo pueda proponer reformas a los artículos antes mencionados. Es natural que los sectores sociales vean con gran preocupación las falencias y ambigüedades del código, toda vez que la historia del gobierno de Evo Morales está marcada por el aprovechamiento y selectivo desconocimiento de normas básicas y constitucionales, ya sea para perseguir a sus adversarios o para afianzar su poder y beneficiarse a sí mismo.

El problema surge en que siempre que se aprueba un nuevo código legal o una constitución controversial por medio de asambleas dominadas por el ejecutivo, la solución pasa por la presión y mediación internacional, al carecer los países de institucionalidad legítima ante los ojos de la oposición. El rol de Chile en ayudar eventualmente en un proceso de esta naturaleza en la región siempre ha sido importante, dada nuestra solidez institucional. No obstante aquello, es difícil acudir en ayuda de la ciudadanía boliviana tanto por el estado de nuestra relación bilateral como los procesos judiciales abiertos.

De llegar a ser necesaria la acción internacional de Chile, se deberá evaluar con cautela los tipos de acción, nivel de involucramiento y costos asociados, buscando dar señales de hermandad a la ciudadanía boliviana, pero sin abrir espacios de ataques nacionalistas hacia nuestro país de cara a las demandas y las elecciones de 2019. Bolivia presenta una conducta reiterada de utilización de su política bilateral hacia Chile con el propósito de distender el ambiente interno y aumentar la popularidad del gobierno. El momento será propicio para hacerlo cuando ambos países se encuentren en la Corte Internacional de Justicia con motivo de los alegatos orales por la demanda marítima, lo que se extiende al caso Silala.

Adicionalmente Morales contará al frente con el presidente Piñera, con quien ya ha tenido desencuentros, y que ideológicamente acomoda al líder boliviano, por lo que habrá que saber leer la situación interna y utilizar inteligentemente los recursos diplomáticos para reaccionar de la manera que mejor favorezca los intereses chilenos en el tribunal internacional.

AUTOR: Antonio Canale-Mayet, Cientista Político.