OP 1104 Fortalecimiento del SERNAC y Discrecionalidad de las Instituciones

El mercado es el mejor asignador de recursos, es más eficiente que el Estado y permite alcanzar un mayor grado de bienestar, tanto individual como de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, para que ello ocurra se deben dar una serie de requisitos no siempre presentes en la economía, como la asimetría de información o contrarrestar el poder de mercado de algunos, por lo que se debe recurrir al Estado como ente facilitador de una política pública que permita corregir las externalidades negativas.

En esta línea resulta altamente positivo avanzar en perfeccionar una regulación que busque proteger a los consumidores, aumentando las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), de forma de permitir la interacción entre consumidores y proveedores en igualdad de condiciones, sin embargo la iniciativa impulsada por el Gobierno implicaba una serie de normas que terminaban incidiendo negativamente en los consumidores, aquellos que precisamente se pretende beneficiar. Y esto fue precisamente lo que sentención el Tribunal Constitucional el pasado jueves 18 de enero, al fallar que la mayoría de las nuevas atribuciones del Servicio eran inconstitucionales.

En este contexto, resulta alarmante que, sin considerar todos los posibles efectos negativos del proyecto en revisión, desde el Gobierno se buscara avanzar a toda velocidad en la tramitación de esta materia, sin ponderar adecuadamente las consecuencias e implicaciones que la letra del proyecto significaría para el funcionamiento del libre mercado, y de la libertad de competencia.

En lo medular, se destaca que el proyecto modifique el régimen de nombramiento y remoción del Director del Servicio, con objeto de dotarlo de mayor independencia respecto del gobierno de turno. No obstante, resultaba altamente cuestionable la discrecionalidad absoluta que se pretendía imponer en el organismo, por el hecho de otorgarle facultades para fiscalizar, aplicar e interpretar la normativa relativa al consumo así como dictar normas de carácter general; aplicar multas; requerir información de otros órganos del Estado; e incluso ordenar la devolución de cantidades pagadas en exceso o el reintegro de cobros con infracción a la ley, con reajustes e intereses.

El fallo del Tribunal Constitucional señala expresamente que las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne. En efecto, el Sernac actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa, lo que contraviene, además, la exigencia de una investigación y un procedimiento racionales y justos.

El proyecto tampoco se pronunciaba en cuanto a la metodología de establecimiento de multas, las que aumentaban significativamente, y no incorporaba ningún esquema de sustitución de multas cuando se trate de micro y pequeñas empresas. A ello se sumaba la inclusión del daño moral y daño punitivo para la determinación de indemnizaciones, lo que bien podría significar la quiebra de una empresa.

En este sentido, la Ley proponía transformar al Sernac en una agencia con excesivas facultades, sin los necesarios contrapesos y garantías de imparcialidad, lo que sin duda abre espacios a una gran discrecionalidad y fortalece en exceso una figura estatal que puede significar altos riesgos y que, de paso, en nada contribuye a avanzar en una regulación que beneficie a los consumidores.

AUTOR: Gustavo Díaz; Stefano Zecchetto; Economistas