Propuesta de intervención estatal a empresas en crisis:
¿una solución al problema?

Desde mediados de febrero que el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, viene proponiendo una modificación de reforma constitucional para permitir la  intervención estatal a empresas privadas que se encuentren en una situación financiera complicada. El principal fin de esta reforma sería la de evitar la quiebra, y el despido masivo de empleados. Si bien esta propuesta es más bien política que económica -ya que no es una solución eficiente al problema- es anunciada con el fin de establecer diferencias ideológicas y hacer ruido sobre todo en un año de elecciones.

La propuesta aún no se ha dado a conocer, sin embargo, en resumidas cuentas procura que el Estado intervenga empresas privadas que se encuentren con problemas de liquidez para enfrentar la crisis y que eventualmente podrían caer en quiebra. La idea de la coalición es instaurar un fondo de capital de riesgo e inversión para acoger a las empresas afectadas con la obligación de vender -parte de su deuda o la totalidad de ella- al Estado, el que pasaría a poseer parte importante de la compañía. Con ello, se le entregarían al Estado las atribuciones suficientes para intervenir compañías en cualquier momento, en sectores empresariales con falta de liquidez u otro problema que pudiera llevarlas a la quiebra.

En definitiva, se utilizarían recursos del Estado para contener el costo social y resguardar el empleo en los sectores más propensos a la crisis, situación que se revertiría, pasando nuevamente a manos privadas, una vez que el sector retome el dinamismo. Así, las acciones se recuperarían a retrocompra, o en el caso que los antiguos dueños no estuvieran interesados, vendiéndosela a terceros.

La propuesta antes señalada nos hace recordar situaciones vividas en el sector privado durante los años 60, cuando se proponía que fuera el Estado quien se hiciera cargo de actividades económicas y productivas, en desmedro del sector privado, suponiendo que ejecutivos del Estado tenían mayores competencias que los propios empresarios.

Sin duda, es necesario proponer medidas o mecanismos para que el empleo no se vea tan afectado por la crisis, pero la modificación constitucional propuesta no sería la opción más adecuada, pues ello podría traer como consecuencia un manejo arbitrario de esta facultad para un gobierno con poco criterio. A modo de ejemplo, se puede mencionar lo ocurrido durante el Gobierno de la Unidad Popular con un Decreto del año 1932 dictado para sortear la crisis financiera de los años 30, que permitía la nacionalización de empresas.

Del mismo modo, entregarle la facultad al Gobierno para que pueda señalar cual empresa merece ser rescatada y cual no, le da un poder superior que actualmente está en manos del mercado, pues la competitividad de cada empresa entrega las armas suficientes para que las empresas eficientes sobrevivan. 

Por ello, es necesario recalcar que mientras menos intervenga el Estado en el mercado y en actividades productivas, menores serán las ineficiencias, pues está demostrado que el Estado es un mal agente económico y asignador de recursos, al cual si le entregamos mayor poder es difícil que solucione los actuales problemas que padece nuestra economía. A modo de ejemplo, podemos mencionar la enorme cantidad de recursos -de todos los chilenos- que empresas estatales como EFE y ENAP han desperdiciado debido a la ineficiencia y al mal manejo estatal. Sólo durante 2008 las empresas públicas obtuvieron pérdidas por US$ 1.300 millones, situación que se agrava a cifras cercanas a los US$ 2.000 millones si tomamos en cuenta la enorme cantidad de recursos que fueron entregados para costear el déficit financiero del Transantiago. Con estos resultados, señalar que el gobierno es el ente idóneo para sacar adelante a empresas privadas con problemas prende una luz de alerta en los distintos sectores de la economía, situación que incluso podría perjudicar aún más los actuales y futuros niveles de inversión.

Pérdida de Empresas Públicas
Ejercicio 2008 (US$ millones)   

Del mismo modo, hay que mencionar que esta propuesta no es similar a las medidas que han implementado en otros países como en Estados Unidos y Europa, pues en estos países se ha hecho una diferencia importante entre lo que es el sistema financiero y el resto de los sectores. Las nacionalizaciones de bancos y entidades ligadas al sistema financiero han sido adecuadas debido a que la sanidad de este sector permite el fortalecimiento de otros, con un fuerte efecto multiplicador en la economía. Igualmente , estos mismos países sí han apoyado a otros sectores que han sido fuertemente golpeados por la crisis, pero no a través de una nacionalización o compra de acciones, sino a través de entrega de créditos subsidiados y mayores garantías.

Asimismo, es necesario señalar que la mayor cantidad de despidos en tiempos de crisis se producen por una rebaja generalizada del personal de las empresas pertenecientes a todos los sectores, y no por quiebras de empresas estratégicas con alto nivel de empleados. Actualmente, las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, estarían dispuestas a mantener en su planta a gran parte de sus empleados, sin embargo, el problema se genera con la rigidez actual del mercado laboral chileno que no permite adecuar a sus empleados a las necesidades actuales de la empresa (por ejemplo, con jornadas más reducidas). Con ello, las firmas terminan prescindiendo de sus servicios, estando obligadas a despedir a los trabajadores menos capacitados o con menos años de experiencia, situación que ha profundiza el ya elevado desempleo de los más jóvenes.

En ese sentido, vale la pena rescatar la propuesta de rebaja del IVA que es una medida propuesta por la coalición en conjunto con la de intervención. Esta es una medida que va en el sentido correcto pues beneficiaría en mayor medida a las personas con menores recursos y que gastan casi la totalidad de su sueldo en bienes básicos de consumo. Del mismo modo, se deberían tomar en cuenta otras propuestas en pro de las empresas que permiten aumentar su liquidez y capital de trabajo, como ampliar el plazo, de forma transitoria, del pago del IVA, reducir los pagos del PPM (Pago Provisional Mensual), y tener la posibilidad de pagar impuestos por las utilidades retiradas y no reinvertidas para todas las empresas; aprovechar este período de baja actividad, para que, en conjunto con el Estado se potencie la capacitación; flexibilizar el mercado laboral de forma de que las empresas se acomoden a los niveles de actividad y no tengan que despedir a un número importante de empleados; entre otros.  

Esperemos que nuestras autoridades vean la crisis como una oportunidad para que, al mismo tiempo de impulsar a los sectores más necesitados, incrementemos y no retrocedamos en términos de nuestra productividad.