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Debate:
Reelección versus No Reelección

Una mirada a las diferentes democracias del mundo nos permite distinguir que el debate sobre la reelección se ha situado de manera preferente en los regímenes presidenciales y tiene un larga experiencia en América Latina. Esta orientación apunta alimitar el presidencialismo, ya sea por“la tentación de los presidentes de perpetuarse en el poder, por un lado, y la coacción y el fraude en los procesos electorales, por el otro. En estas circunstancias.. el principio de la no-reelección apareció como símbolo político e instrumento imprescindible del constitucionalismo democrático”(1).

La disyuntiva a la que se enfrenta el presidencialismo no está presente en regímenes parlamentarios. En ellos el primer ministro y los parlamentarios pueden reelegirse cuantas veces gane su partido las elecciones. En las últimas décadas hemos visto la reelección reiterada de varios primeros ministros o sus equivalentes, Felipe González, Tony Blair, Margaret Thatcher y Helmut Kohl, sólo por mencionar a algunos. Con todo, largos períodos de gobierno producen un cierto agotamiento de las fuerzas políticas.

Asimismo, la discusión en el contexto del presidencialismo se ha trasladado lentamente desde las restricciones al primer mandatario al ámbito del Poder Legislativo, para limitar la reelección de los congresistas. Así, observamos que México y Costa Rica implementaron normas en esta dirección(2).

Desde la perspectiva teórica podríamos señalar que el debate sobre la posibilidad de reelección de los parlamentarios se sitúa entre alternativas que van desde permitir la reelección indefinida, limitar la reelección a un cargo cuando existen dos cámaras o se trata de un sistema federal, limitar la reelección a un(os) determinado(s) período(s) y no permitir la reelección.

En nuestro país, el debate se instaló, básicamente, porque, al no existir límites a la reelección parlamentaria, los partidos políticos “consideran que los que ocupan cargos tienen derecho a prepostularse, salvo incompetencia o gran desacuerdo con el partido”(3). Asimismo, se observa que la tasa de reelección de quienes ocupan cargos parlamentarios ha sido alta, es decir, los incumbentes han sido casi inderrotables. La Tabla Nº 1 muestra los grados de incumbencia y reelección en la Cámara de Diputados:

Tabla Nº 1: Incumbencia y Tasa de reelección Cámara Diputados

Del cuadro apreciamos que las altas tasas de reelección tienen relación con el sistema electoral y su funcionamiento, ya sea por los altos umbrales que el sistema tiene tanto así que teóricamente un candidato puede obtener un 60% en una elección y bajar al 35% en la próxima elección, sin embargo, será electo de todas formas. Con todo, como afirma Siavelis(4) “la conclusión más apropiada, entonces, al examinar la influencia del sistema electoral en la reelección y la incumbencia, es que el sistema electoral facilita la renominación y la reelección en un sistema donde otros incentivos ayudan a producir altas tasas de incumbencia“.

Argumentos adicionales

Otros argumentos buscan las formas más adecuadas de funcionamiento democrático. Al respecto, sólo intentaremos presentar las principales argumentaciones en este debate y sus posibles consecuencia que hacen de ésta una materia compleja.

La reelección permite que los representantes populares se vean obligados a atender mejor a sus electores, con la esperanza de que en su momento les otorguen nuevamente su voto y se reelijan. Es decir, su futuro político dependerá de su comportamiento responsable como legisladores. De otro modo, si no hay reelección pierden interés en sus electores y obedecen más a los intereses propios y de sus partidos. En última instancia, “se le impide a la ciudadanía la tarea de decidir qué persona está haciendo bien su trabajo y cuál no. Es claro que la mejor limitante en cualquier puesto público es la de tener que enfrentar a los votantes”(5). La ausencia de reelección podría producir períodos en los cuales los legisladores simplemente romperían el ciclo de responsabilidad política y rendición de cuentas ante la ciudadanía, lo que podría producir una cierta vulnerabilidad frente a los posibles excesos del poder.

Desde otra perspectiva, la no reelección permitiría una mayor circulación de las elites y renovación constante de hombres, ideas e intereses. Con lo anterior, se impedirá la rutina y la burocratización; la circulación de generaciones haría a la democracia más incluyente y participativa. Ante ello hay que tener en cuenta que la no reelección parcial no impide la formación de oligarquías partidistas, cuyos miembros pasan, sin interrupción alguna, de uno a otro cargo de elección en diferentes cámaras nacionales, regionales o locales, a veces nominados por partidos diferentes y envejecen representando al pueblo, cerrando el acceso a nuevos y jóvenes políticos.

En realidad, la movilidad política depende de la estructura de la sociedad. En sociedades desiguales se fortalecen las dinastías políticas y una pequeña élite excluyente circula por los puestos públicos dando la apariencia de movilidad democrática a lo que en realidad es el gobierno de unos cuantos, de modo que, a pesar de no haber reelección inmediata, se da el caso de políticos que han ocupado durante varias décadas puestos de elección popular.

Desde otra perspectiva, la reelección fomentaría las carreras parlamentarias que dan continuidad a las labores legislativas y aumentan la calidad profesional de los representantes debido a la experiencia adquirida. En consecuencia, la profesionalización fortalecería al poder legislativo para que realice mejor su tarea de vigilancia del ejecutivo. Mientras, la no reelección condenaría a los parlamentos a la improvisación constante y a la debilidad permanente frente a la burocracia experta de la administración pública.

Como se observa, entonces, la dificultad presentada en esta disyuntiva radica en mantener los pesos y contrapesos del sistema, puesto que un poder ejecutivo fuerte ante un legislativo débil implica un grado de alto concentración del poder. Así, también una larga permanencia en los cargos haría que pierda intensidad y vigor el debate, las ideas, y los desafíos que nuevos grupos sociales permanentemente producen al sistema político.

Por otra parte, se sostiene que la corrupción podría aumentar al no limitar la reelección de los legisladores ya sea por el interés de permanecer en el cargo o por situaciones de intereses particulares o influencias. Sin embargo, también encontramos que la experiencia mexicana, donde no se permite la reelección parlamentaria, pero los índices de corrupción durante todo el siglo XX distaron de ser considerados aceptables.

La reelección, según algunos, distrae la labor de los representantes populares, ya que volver a ganar el cargo puede convertirse en el propósito fundamental de todas sus actividades. Asimismo, planear y realizar sus campañas periódicamente les resta tiempo valioso cuando aun están desempeñando el puesto para el que fueron electos. Esforzarse por mantener y ganar más apoyo de los electores no necesariamente es negativo; de alguna manera, los representantes populares deben obedecer a su electorado, de modo que han de tener siempre presente sus necesidades y aspiraciones y tratar de actuar en consecuencia. En la medida que un legislador responda más al sentir de sus electores será su mejor representante.

La no reelección podría generar que “cuando los legisladores se encuentran próximos al desempleo por haber agotado el número de ocasiones en que pueden ser reelectos, su interés estará dirigido a encontrar una nueva colocación. Aquellos forzados a un retiro obligado buscarán acomodo en el partido o en el gobierno, cuando su pertenencia a una organización en el poder así se los permita. Quienes no logren este objetivo, adscritos con mayor probabilidad a la oposición, tendrán que reincorporarse a la esfera privada, si es que no sostienen ya una práctica profesional en forma paralela a sus ocupaciones parlamentarias en prevención a su inevitable retiro. En estas circunstancias, no parece improbable que la semiprofesionalización de los cuadros parlamentarios encuentren el camino abierto, tanto como la ineficiencia para atender sus responsabilidades en la legislatura. Adicionalmente, tampoco resulta descabellado imaginar que la restricción a una reelección continua pueda reducir los incentivos entre los representantes a involucrarse en estrategias de largo plazo, sobre todo cuando su separación del cargo está próxima”(6).

Con todo, el problema podría radicar en encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad de hacer depender de los ciudadanos la permanencia o no en el cargo de sus representantes y, al mismo tiempo, garantizar una profesionalización de los legisladores y la necesaria circulación y renovación de los cuadros políticos. Sin duda que también hay incentivos e influencias que produce el actual sistema electoral que tendrían que considerarse.