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El acuerdo educacional Alianza Concertación:
Al fin la calidad es la prioridad 

Antecedentes

El mes de noviembre, además de su atribulado escenario político, será recordado por la firma del acuerdo pionero entre la Alianza y la Concertación, que plasmó las conclusiones de extensas reuniones entre el equipo técnico político de ambas partes. El presente documento, además de resumir los aspectos esenciales del acuerdo señalado y cómo ellos acercan a nuestro país, al menos en sus intenciones iniciales, a una educación de calidad, dará cuenta de cuáles son los desafíos futuros que surgen a partir de él, de tal forma de conseguir en un mediano plazo su objetivo final.

Previo a la presentación de los contenidos de este acuerdo, cabe señalar que éste representa un paso impensable hace unos meses atrás. Más específicamente en abril pasado, en respuesta a la “revolución pingüina” y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la instancia que el mismo ejecutivo había citado (el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación) ni las conclusiones que habían sido plasmadas hace más de una década por la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación ("Comisión Brunner"), se presentó, con la intención de derogar la actual LOCE, el proyecto de Ley General de Educación. Lamentablemente, la solución entregada por el gobierno distaba de avanzar hacia una educación de calidad, puesto que se basaba en una postura ideologizada, que básicamente atentaba tanto contra la libertad de enseñanza, como de virtudes como el mérito, la diversidad y el emprendimiento(1).

La presentación por parte de la Alianza de una propuesta alternativa íntegra al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo(2), logró (re)situar a la calidad en el centro de la discusión. Sin duda, esta propuesta fue la base para revertir el retroceso que implicaba para nuestro sistema educacional las ideas iniciales presentadas por el Ejecutivo, y para alcanzar el acuerdo que, al menos en sus aspectos generales, resumiremos a continuación. 

El Acuerdo 

Tal como se mencionó previamente, el aspecto más valorado del acuerdo es que se logró gracias a él reorientar el debate educacional hacia el objetivo que el país como un todo quiere alcanzar: asegurar una educación de calidad para todos. En este sentido, el documento técnico que respalda el acuerdo Alianza – Concertación genera las bases para que la normativa educacional exija a todos los establecimientos de nuestro país el cumplimiento de a lo menos ciertos estándares mínimos en términos de resultados, arriesgando incluso la revocación del reconocimiento oficial en caso de no alcanzar en aproximadamente un período de ocho años el umbral señalado.

Este cambio de enfoque se sustenta en la readecuación de la actual institucionalidad educacional, lo que también implica un enorme avance en relación con la situación vigente. Bajo el nuevo escenario, el Ministerio de Educación cumpliría fundamentalmente la misión de elaborar las bases curriculares y los planes y programas de estudio, así como también los estándares objetivos de aprendizaje que, guardando relación con estas bases curriculares, son aquellos que deberán ser alcanzados por todos los establecimientos.

La aprobación de las bases, los planes y los estándares elaborados por el Ministerio quedarán en manos del Consejo Nacional de Educación, el que reemplazando al actual Consejo Superior de Educación, será la entidad que colaborará en darle a la educación el rol de política de Estado y otorgarle una visión de largo plazo, independiente de las directrices del gobierno de turno. El Consejo estará conformado por diez integrantes de reconocida excelencia y trayectoria, cuya competencia será amparada por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Cuatro de ellos deberán contar con la aprobación de dos tercios del Senado, mientras que tres serán designados por el Ejecutivo y los tres restantes por actores institucionales (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica).

En materia de institucionalidad, de enorme trascendencia también resulta la separación de las funciones de fiscalización y aseguramiento de la calidad alcanzada por el acuerdo. En este punto debemos recordar que también como parte de la batería legislativa de proyectos en respuesta a las demandas pingüinas, el Ejecutivo en junio pasado había presentado el proyecto de ley que creaba la Superintendencia de Educación, entidad que cumpliría con el doble rol antes señalado. Asimismo, dando cuenta de una enorme desconfianza hacia los sostenedores, originalmente se le habían otorgado fuertes atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia, las que se traducían en una enorme intromisión en los procesos educativos de los establecimientos, atentando contra la diversidad de nuestra sociedad y olvidando que lo importante es que los establecimientos sean capaces de alcanzar ciertos estándares en términos de resultados.

Con el acuerdo se mantiene en la Superintendencia sólo la función fiscalizadora, y se crea una nueva entidad -la Agencia de Aseguramiento de la Calidad- encargada de realizar un diagnóstico a las escuelas y entregar, respetando su proyecto educativo, recomendaciones a los establecimientos que no alcancen los estándares. La nueva institución también tendrá dentro de sus funciones evaluar los aprendizajes, y comunicar los resultados a los padres. Lo anterior constituye un avance no sólo en términos de la separación de funciones y de corregir las asimetrías de información existentes en el sistema. A su vez, dado que la Agencia de la Calidad sólo sugeriría a los establecimientos de bajos resultados las medidas a realizar de tal forma de superar el umbral de estándares, los sostenedores pasan a ser íntegramente responsables de sus logros y fracasos.

En estrecha relación con este punto está el hecho que el acuerdo reconoce la autonomía de los sostenedores como principio fundamental del sistema educativo, quedando consagrada en la regulación la obligación del Estado a “respetar y fomentar la autonomía de los establecimientos educativos, consistente en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos”.

Una innovación adicional del acuerdo la constituye la adopción de la propuesta de la Alianza de modificar la estructura curricular a dos ciclos de seis años cada uno: una educación básica que duraría seis baños y una media de cuatro años de formación común más dos de formación diferenciada. La modificación permitiría asegurar que todos los alumnos de los actuales cursos de séptimo y octavo básico cuenten con profesores más especializados, avanzando hacia una igualdad de oportunidades en materia educativa, puesto que actualmente 56,3% de los establecimientos particulares subvencionados y 95,6% de los particulares pagados imparten educación media y básica, y por ende tiene la posibilidad de traspasar profesores de media a básica. Por el contrario, 62,4% de los establecimientos municipales cuenta sólo con educación básica.

El acuerdo, también en línea con la propuesta alternativa presentada por la Alianza, le otorga a los establecimientos mayores grados de libertad, incentivando la innovación en materia educativa y respetando la diversidad intrínseca del ser humano. Lo anterior al autorizarles a contar con planes y programas propios que cubran los contenidos necesarios en 85% del tiempo total y, a su vez, al establecer el diseño de bases curriculares con 30% de tiempo de libre disposición. El avance en términos de libertad de enseñanza no perjudicaría la calidad en los resultados, ya que simultáneamente se pondría a disposición de los sostenedores un Banco de Planes y Programas probados en establecimientos de excelencia y, gracias al nuevo diseño institucional descrito anteriormente, se realizaría una férrea fiscalización de éstos en función de sus resultados.

Desafíos pendientes

El breve resumen expuesto anteriormente acerca de los principales alcances del acuerdo nos permite vislumbrar que se lograron en él superar los prejuicios que originalmente se establecieron en relación con la labor de quienes con vocación se desempeñan en materia educacional: se consagró con él el emprendimiento privado, lo que complementado a las nuevas y mayores exigencias a los sostenedores, sobre todo enfocadas a alcanzar un nivel de estándares mínimo, asegura que serán convocados a este sector sólo los mejores quienes proveerán una educación de calidad que es lo que finalmente importa.

No obstante el esfuerzo en términos técnicos que implicó el acuerdo en materia educacional, y su gran avance al lograr (re)situar la calidad de la educación en el centro de la discusión, su entrada en vigencia está condicionada en su consagración tanto en los cuerpos legislativos vigentes, como los actualmente en trámite. Dado el consenso transversal que suscitó el acuerdo, auguramos el respeto a las conclusiones en él alcanzadas, y por ende una rápida tramitación en el Congreso de las modificaciones señaladas.

Sin embargo, el desafío de mejorar la calidad de la educación impartida en nuestro país deja varios temas pendientes. Uno de estos, presentado en un acuerdo paralelo que escapa los alcances del compromiso original, es el planteamiento por parte de sectores afines al gobierno de la necesidad de revisar la actual “institucionalidad de dependencia municipal”. Si bien es consensuado que la gestión de los establecimientos municipales adolece de ciertas patologías que ameritan revisión, acentuadas por los costos adicionales en términos de ineficiencia en la contratación y despido de profesores impuestos por el Estatuto Docente, lejos de todo avance hacia la calidad se encuentra la idea de recentralizar la administración de los establecimientos educacionales. Dada la falta de autonomía entre los gobiernos regionales y la administración central, no se puede pretender que el gobierno termine financiando, administrando y fiscalizando los establecimientos bajo los cuales se imparte educación pública. Además, la evidencia empírica es categórica en amparar ampliamente la idea de que mientras más descentralizada es la gestión educacional de un país, mejores resultados obtiene.

Un asunto que si urge resolver a partir del acuerdo en cuestión radica en el financiamiento a la educación, por cuanto el actual monto de la subvención entregada por el gobierno carece de un sustento técnico que la justifique como suficiente para cubrir los costos de proveer una educación de calidad. Asimismo, debe ser revisada la formación de los profesores y los incentivos en su contratación y despido, de tal forma de asegurar la exitosa implementación del cambio en la estructura curricular a dos ciclos de seis años.

En suma, el acuerdo técnico político entre la Alianza y la Concertación en materia educacional mejora enormemente las perspectivas de la calidad de la educación en nuestro país en relación con el escenario impuesto por el gobierno en el proyecto de Ley General de Educación y la original Superintendencia. No obstante, restan aún ciertos desafíos pendientes que sin duda condicionan el éxito de tan importante avance.