AÑO 11 Nº 245
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En 1995 Chile y Argentina firmaron el Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural con el fin de integrarse energéticamente y asegurar el abastecimiento de un recurso económico y menos contaminante para la generación eléctrica y para el abastecimiento industrial, comercial, y residencial. En el Protocolo se constituyó el principio de no discriminación, es decir, en el caso de escasez por el gas natural, los Gobiernos debían mantener la proporcionalidad de suministro como en condiciones normales. Esto dio la seguridad y certidumbre de abastecimiento para realizar inversiones en la industria chilena por más de US$5.500 millones con la eventual construcción de 7 gasoductos, 10 centrales eléctricas de ciclo combinado y redes de distribución para el abastecimiento del gas, además de reconvertir ciudades completas como Santiago, Valparaíso, Concepción, entre otras, para la utilización del gas natural de forma residencial y comercial. A modo de ejemplo, en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) todas las generadoras centralizaron sus inversiones desde 1998 a 2004 en gas natural, duplicando la capacidad instalada del sistema y generándose una sobre inversión. Así, el país trasandino se convirtió en el único proveedor de gas natural y no se consideró la necesidad de diversificar el suministro de gas, pues se supuso ingenua o ilusamente que el compromiso adquirido con el Gobierno Argentino sería cumplido, situación que todos conocemos no fue así. Luego de la devaluación en Argentina en el año 2002, el gobierno trasandino tomó la decisión de fijar los precios por gas natural de forma de disminuir el impacto a nivel social. Sin embargo ello tuvo consecuencias perjudiciales para el abastecimiento argentino y la exportación del gas natural, pues las inversiones de la industria gasífera se paralizaron y el precio del gas quedó artificialmente bajo, restringiendo la oferta cuando la demanda iba en sostenido crecimiento. Con todo, a partir del año 2004 el suministro comenzó a presentar estrechez, y la producción argentina no alcanzó a abastecer simultáneamente la demanda interna y los contratos de exportación que habían suscrito. Debido a esto el Gobierno Argentino tomó la decisión de vulnerar el Protocolo discriminando y favoreciendo el consumo interno en desmedro de las exportaciones a Chile, lo que se agravó una vez que se impusieron impuestos específicos a la exportación de gas natural. Ese primer año las restricciones se realizaron principalmente en invierno, ya que la demanda por calefacción aumenta considerablemente en ese período del año. Desde comienzos de 2005 a la fecha, las restricciones se han ido intensificando paulatinamente. Los envíos de gas natural de Argentina a Chile deberían ser de 22 Mm³ diarios, pero para el año en curso dichos envíos son muy inferiores, incluso en algunos casos no han cubierto los 1,5 Mm³ diarios necesarios para satisfacer el consumo del sector residencial y comercial (Gráfico Nº1), situación crítica en donde se utiliza el gas restante de los gasoductos, el cual alcanza para un abastecimiento máximo de 3 días de consumo residencial y comercial.
Para solucionar estos problemas en la Región Metropolitana, Metrogas cuenta con 2 plantas de respaldo de gas propano, sin embargo dichas plantas no alcanzan a cubrir el déficit residencial y comercial de la región, pues cubren 1 Mm³ diarios. Por ello se comenzó la construcción de una planta en Peñalolén, construcción que se encuentra actualmente detenida por la Contraloría, quien revocó el permiso entregado por la Corema, situación que dificulta asegurar el suministro en caso de corte total de gas natural. Consecuencias Las consecuencias de las restricciones del suministro gasífero se refieren a la posibilidad de un desabastecimiento energético y al alza en los costos, ya que las generadoras eléctricas y las industrias que no reciben gas deben operar con diesel, insumo 3 veces más caro que disminuye ostensiblemente la competitividad país, además de afectar al sector residencial y al comercio, quienes reciben electricidad a mayores precios. A modo de ejemplo el alza en los precios según el último IMACEC de agosto aumentó en 3,5% en relación a julio, y lleva un alza en 12 meses de 21,5%. Actualmente los costos eléctricos a clientes residenciales y comerciales, no reflejan el costo asociado a producir con diesel, pues el precio de nudo es actualizado en octubre y abril de cada año. Este precio de nudo ha aumentado en cerca de 100% desde principios de 2004, pero el costo marginal de la energía, costo que deben pagar las generadoras, ha aumentado más de 5 veces, llegando a US$ 250 Mwh y afectando fuertemente a las generadoras con diesel pues las tarifas no alcanzan a cubrir los costos de producción(1). A esto se debe sumar el costo medioambiental que genera que las industrias de la Región Metropolitana utilicen diesel, ya que este insumo es mucho más contaminante, lo que ha acrecentado las alertas ambientales en el Gran Santiago, disminuyendo la calidad de vida. Una vez se internalicen las costos de generación con diesel, se espera un aumento aproximado del precio de nudo(2) de 20% para octubre y de otro 20% para abril, afectando fuertemente el bolsillo de los consumidores.
Por otro lado, se puede mencionar que los peores momentos aún no llegan, pues se estima para los próximos 3 años una situación crítica que demuestra la fragilidad de las políticas energéticas de nuestro país, pues esta situación se viene previendo hace años y las medidas para resolverlas no se han concretado. Esta estrechez se vería reducida entre 2009 y 2011 con la entrada a los sistemas de nuevas plantas y centrales, sin embargo, la burocracia gubernamental puede jugar en contra. La peor situación energética se produciría con falta de lluvia y una eventual sequía, afectando a las centrales hídricas que aportan una importante cantidad de energía al sistema, racionando aún más al sistema y llevándolo a disminuir la holgura entre la capacidad instalada y demanda máxima. ¿Qué hacer? En el mediano plazo, agilizar proyectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Gráfico Nº3) y permisos correspondientes para no entorpecer la construcción de las plantas de GNL, de carbón y de respaldo (Peñalolén) que en su gran mayoría presentan retrasos en comparación a su entrada original en funcionamiento (burocracia).
En el largo plazo evaluar y agilizar distintas alternativas de generación eléctrica como las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), grandes centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, entre otras; de forma de diversificar la matriz energética y así disminuir el riesgo de una nueva crisis. Las ERNC son energías limpias, que contaminan en menor proporción, pero que tienen costos elevados lo que podría traer como consecuencia un mayor aumento de los costos energéticos. A esto se debe sumar la restringida generación de las ERNC. Por otro lado están los grandes proyectos hidroeléctricos, proyectos de gran tamaño que tienen costos de generación menores, pero que tienen asociado un costo no estimado, cual es el medio ambiental, ya que dichos proyectos comprometen grandes extensiones a inundar, afectando la biodiversidad del sector. Sin embargo son proyectos que podrían aumentar la actual capacidad instalada en un 20% y a precios muy competitivos. Esto situación nos permitiría una mayor holgura energética. Asimismo, es importante estudiar la energía nuclear, a pesar que la Presidenta anunciara que no sería materia del actual Gobierno, es indispensable no dejarla aparte, y realizar los estudios necesarios para ver la factibilidad de generar este tipo de energía en nuestro país, pues es una energía limpia (aparte de sus residuos, los cuales con los avances tecnológicos y normas existentes se han disminuido enormemente) y muy económica. Actualmente una comisión constituida por el gobierno está elaborando un informe para ver la factibilidad de instalar una planta de energía nuclear en Chile, informe que será entregado a final de año. Igualmente necesario es informar y educar a la ciudadanía, para que se conozca la realidad energética nacional, y asegurar la realización de los proyectos cumpliendo con la normativa ambiental, y así poder suplir la creciente demanda energética nacional. Además es indispensable no politizar el tema, ya que un desabastecimiento energético podría provocar complejos problemas de índole económico y de confianza país.
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Editor: Luis Felipe Labbé M.