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La Nación:
Una práctica totalitaria

Uno de los principales defectos que han sido destacados en Michelle Bachelet es su impericia política. Dicha carencia ha derivado en problemas graves de conducción de la agenda, un deterioro en la relación con los partidos miembros del pacto de gobierno y, finalmente, escasas posibilidades de establecer diálogos con la Alianza para establecer políticas públicas apoyadas con mayor amplitud.

Una manifestación de las dificultades creadas por el Ejecutivo, sin requerirlo, consistió en la inclusión de Mahamud Aleuy entre los candidatos para ocupar un puesto en el directorio de TVN, después de la evidente tergiversación de la realidad que éste realiza desde su cargo de Presidente del Diario La Nación S.A.

En este artículo explicamos por qué la actual figura del Diario La Nación se constituye en una anomalía del sistema democrático chileno y entregamos evidencia sobre la utilización indiscriminada del medio, como instrumento para destruir al adversario.

Asimetría entre poderes

El incentivo para utiliza un medio de comunicación como La Nación consiste en que es un medio capaz de romper la igualdad en la competencia de los grupos dirigentes por ocupar un espacio en la agenda pública. Desde la perspectiva sistémica (Kepplinger, 1998), sabemos que los medios de comunicación escritos ocupan un lugar muy especial dentro de esta competencia. Ello se debe a que el su grupo objetivo son los mismos miembros de la elite, periodistas y, desde ahí, todo el público. El alcance de sus mensajes, de ser efectivos, se torna mucho mayor e incidente que los medios masivos, porque los medios de comunicación escritos impactan en la agenda de todo el resto de la industria.

Por lo tanto, mantener el diario La Nación como un medio estatal provoca una asimetría en la competencia por imponer valores en la agenda pública. Para el caso chileno, se alude a la importancia de contar con este medio, puesto que la propiedad de los demás no está regulada. Sin embargo, encontramos una realidad muy diferente si consideramos que la orientación ideológica de los medios de comunicación puede ser, si no anulada, por lo menos morigerada dada la discrecionalidad con que el Estado paga su publicidad. En otras palabras, conservar un medio de comunicación bajo la dirección del Gobierno significa aceptar que existe un único poder del Estado que cuenta con recursos privilegiados para guiar la discusión pública.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si observamos que, en teoría, el establecimiento de los temas que deben ser abordados por los poderes públicos,para buscar soluciones, es un resultado no esperado de la influencia de los medios sobre la mente de los individuos. Asimismo, se establece la orientación que deben adoptar las soluciones públicas. Esto se debe a que las personas-los electores-construyen su opinión sobre problemas públicos, primeramente, a través de los medios de comunicación y no cuentan con los recursos necesarios para tomar contacto directo con la realidad política. Por lo tanto, el aceptar que exista un medio de comunicación de esta especie en manos del Gobierno implica aceptar, también, que es legítimo entregar al Presidente un recurso adicional en el establecimiento de las pautas, valores y, en definitiva, la orientación de la actividad del poder legislativo.

Distorsión en procesos electorales

Chile no está fuera de la característica propia de las sociedades contemporáneas, donde el diálogo entre los medios de comunicación y el poder político ha derivado en la reducción de la autonomía de los círculos estrictamente políticos (Thompson, 2002). En específico, en Chile, el Ejecutivo cuenta con amplias facultades para determinar el curso del debate normativo y, finalmente, determina el trabajo y la orientación en el cumplimiento de las funciones del poder legislativo.

Como se puede observar en el gráfico N’ 1, la relación entre los años electorales y el nivel del gasto en propaganda de ministerios tan relevantes como el ministerio de Obras Públicas es directa. En otras palabras, el gasto público en propaganda e información para los usuarios y beneficiarios directos de planes y programas públicos está directamente asociado a la realización de campañas políticas.

Lo anterior nos obliga a reflexionar sobre la incidencia de la información y del avisaje oficial sobre la forma en que las personas configuran sus preferencias políticas. Sabemos que la intención de voto de las personas está directamente relacionada con la percepción de beneficios producidos por la acción gubernamental. Si los individuos perciben que sus vidas o el desarrollo del país se ha visto impulsado correctamente por el gobierno en ejercicio es altamente probable que obtenga el apoyo de la ciudadanía.  

Gráfico N’ 1: Gasto en Propaganda
Ministerio de Obras Públicas
1999-2000

Fuente: CIPPEC, Christian Gruenberg, 2006

A partir de lo anterior podría derivarse que es justo que un gobierno tenga, como parte de sus recursos, la publicación de medios que aseguren información al ciudadano. Sin embargo, sabemos que las percepciones de los individuos sobre una realidad distinta a su vida cotidiana están determinadas por los únicos instrumentos que posee para contactarse con la dimensión pública de sus vidas. Esto es, las personas configuran la realidad política a través de la información que conocen de la misma, a través de los medios de comunicación. Por ello, la concentración del gasto público en propaganda durante las campañas electorales surge como un instrumento distorsionador de la realidad social, capaz de ejercer una gran influencia sobre las percepciones públicas. Por lo mismo, un medio de comunicación dirigido y orientado por las valoraciones exclusivas del Gobierno en turno puede transformarse en un instrumento de intervención sobre campañas políticas que desvirtúa el sentido de la competencia democrática.

La Nación es utilizada para intervenir en elecciones

Una evidencia del modo en que el periódico La Nación puede producir distorsiones relevantes en los procesos electorales surge del análisis del titular principal del diario. Para ello, analizamos dos períodos, los cuales, nos permiten obtener una clara tendencia a la utilización política del medio.

Abordamos el período comprendido por la campaña presidencial, entre el 11 de octubre de 2005 y el 11 de enero de 2006 (Tabla Nº 1). Posteriormente, retomamos el análisis a partir de marzo de 2007 hasta junio del mismo año. Así comprendimos un período de elecciones y otro de normalidad en el ciclo electoral. Observamos diferencias relevantes. Mientras en el período electoral los titulares son orientados a destacar fortalezas de la candidatura oficialista y denostar al candidato opositor, en el período siguiente se orienta a dar a conocer y respaldar las políticas gubernamentales.

Tabla Nº 1: Titulares Diario La Nación
(Período 11 Octubre 2005 - 11 Enero 2006)

Adicionalmente, es preciso considerar que el trabajo de La Nación se concentra, básicamente, en exponer puntos de vista a través de sus titulares. Su bajo nivel de circulación nos permite suponer un impacto sobre la pauta de otros periodistas. De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de la Prensa, entre julio y diciembre de 2006 circuló con un promedio semanal de 29.483 y 23.713 de lunes a viernes. En los otros períodos se registró un “número de casos de lectores insuficientes, lo que implica que la cifra de lectores proyectada tiene un error más alto del aceptado”.

Pérdidas financieras

El uso político que el Gobierno otorga al diario La Nación debiese respaldarse, además, en una gestión económica transparente y eficiente. Accedimos a información entregada por los gerentes generales respectivos de Empresa Periodística La Nación S.A. y de Puerto Madero Impresores S.A., actual propietaria de la imprenta. En este informe sobre “Balances, Estados de Resultados y Flujo Efectivo al 31 de diciembre de 2005 y 2006”, cuyo carácter es provisorio y no auditado,llama la atención la cantidad de recursos entregados vía “Otros préstamos a empresas relacionadas” (Actividades de Inversión) por parte de La Nación S.A.. Para el año 2005, año de campaña, el monto es de $2.644 millones, mientras que para el año 2006 es de $693 millones. Asimismo, el monto recibido por Puerto Madero Impresores S.A. con el mismo objeto, pero para Actividades de Financiamiento, es de $3.961 millones para 2005 y de $855 millones para 2006.

Otro punto a destacar dentro de la información accesada se refiere al resultado operacional. Los ingresos de explotación de Puerto Madero S.A. para 2006 son mayores a los costos por dicha explotación. Esta situación lleva a la empresa a obtener un resultado operacional negativo de $1.265 millones, dejando entrever la inoperancia de la empresa.

Tabla Nº 2: Pérdidas declaradas por Puerto Madero S.A. (2006)

Por otro lado, debido a que la Contraloría General de la República considera a la Empresa Periodística La Nación S.A. como una más de las empresas del Estado, debiesen ser aplicables las normas sobre probidad administrativa, sobre transparencia y sobre administración financiera.

En relación a las normas sobre probidad administrativa, la Empresa Periodística La Nación S.A. no ha cumplido aquellas disposiciones relativas a los directores y gerentes de sociedades anónimas en donde el Estado tenga participación, quienes tienen la obligación de presentar una declaración de intereses. Esto rige con independencia de la declaración de patrimonio que las leyes especiales imponen a estas autoridades y funcionarios.Al respecto, no es pública la información señalada ni tampoco se ha cumplido lo dispuesto por la Presidenta Michelle Bachelet en su oficio 008 sobre instrucciones al sector público para hacer públicos este tipo de documentos a través de las páginas web respectivas.

Asimismo, la ley Nº 18.575 establece que deben realizar declaración de patrimonio todos los directores que representen al Estado en las empresas donde el gobierno nombra a uno o más directores. Al respecto, no pudimos conocer las declaraciones de intereses que obligan a los directores del Diario La Nación S.A. y, por extensión, a todos aquellos directores que participan en las filiales creadas a partir de las actividades relacionadas con la circulación del diario.

Empresas relacionadas

Es dudosa la forma en que la Empresa Periodística La Nación S.A. ha creado un holding de negocios relacionados a partir de la impresión del mismo diario y a partir del monopolio que mantiene sobre el Diario Oficial conferido por decreto el año 1934.

Tal duda surge debido a que el objeto social de la Empresa Periodística La Nación no incluye la prestación de servicios a terceros en los giros de distribución, elaboración de bases electrónicas y otras actividades que se ejercen a través de un conjunto de 7 empresas.

La "Empresa Periodística La Nación S.A." para realizar y participar en actividades empresariales contempladas en el objeto y giro social contenidos en el estatuto social de la empresa podría estar obligada a cumplir las disposiciones contenidas en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política, en virtud del cual, para realizar cualquier actividad o crear una empresa distintas a las reconocidas en sus estatutos al año 1980, habría requerido la autorización del poder legislativo, por ley calificada.

Aún cuando la Empresa presenta una configuración societaria mercantil, no puede alejarse de las normas de Derecho Administrativo que rigen a las Empresas del Estado o a aquellas en que éste tiene participación. Por esta razón la "Empresa Periodística La Nación S.A." podría haber requerido habilitación legal previa, de quórum calificado, para desarrollar y/o participar, en actividades empresariales diversas de aquellas expresamente contempladas en su objeto y giro social, de acuerdo a lo establecido en su Estatuto social y aún para constituir sociedades filiales o para constituir o formar parte de sociedades.

Bajo esta disposición es cuestionable que La Nación haya creado y mantenga propiedad sobre las siguientes empresas filiales:

a. Vía Directa S.A. creada en 1986.

b. El Nortino, creado en 1991.

c. Puerto Madero Impresores S.A., creado en 2004.

d. Vía Directa Express, creado en 2005.

e. Aula Editores, creado en 2006.

Asimismo, parece cuestionable que La Nación S.A. mantenga el monopolio de la edición, publicación y distribución del Diario Oficial. A través de esta actividad, la empresa pública obtiene el financiamiento para realizar sus operaciones y, adicionalmente, ha creado dos empresas relacionadas que lucran a partir de este monopolio. Estas empresas son:

a. Base de datos del Diario Oficial S.A., creada en 1996 bajo el nombre de fantasía Anfitrión, en copropiedad con Vía Directa S.A.

b. Derecho Digital, creada en 2001, con el objeto de elaborar bases de datos electrónicas derivadas del análisis jurídico documental, ediciones y publicación de normas jurídicas.

Conclusión

Visto la evidencia anterior, es posible señalar que el Diario La Nación es un instrumento político que tiene alguna relevancia, a pesar de su bajo nivel de lectoría. Como señalamos, el hecho de que circula menos no morigera necesariamente su impacto sobre otro tipo de medios. De ahí su incidencia política.

Asimismo, la orientación parcial de sus titulares no se condice con la condición de un medio de naturaleza estatal. Es, particularmente, un medio orientado a difundir posiciones oficiales, especialmente durante campañas políticas. Visto así, es utilizado para desinformar y distorsionar la competencia democrática.

Finalmente, la opacidad en el funcionamiento de su directorio nos hablan de irregularidades que pueden situar en el plano de la ilegalidad a sus directores y ejecutivos.