El Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2007 tiene continuidades respecto del eje central que anima al Ejecutivo-la creación de un país más integrado-aunque desapareció el carácter participativo del gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo, la Presidente presentó a la educación como el centro de gravedad de su mandato, entendida como el único camino para terminar con la desigualdad. También vuelven a aparecer las carencias que generaron una imagen de desgobierno, indisciplina de la coalición oficialista y profundizaron la distancia ideológica respecto de la oposición política.Esto es, ausencia de criterios que puedan unir a la coalición de gobierno en torno a un programa y no en torno al gasto. Por lo mismo, no existen definiciones programáticas que sean capaces de generar diálogo con la oposición. Al contrario, al observar el nivel de cumplimiento de las promesas realizadas en 2006 y contrastarlo con los ejes centrales del mensaje 2007, advertimos dos amenazas al sistema político: por un lado, nos señala la posibilidad de que surja una cohabitación presidente/partidos y, por el otro, que la sequía de ideas sea suplida por ineficiencia en el gasto e intervención estatal en campañas electorales.

Cuánto se cumplió en 2006

De acuerdo al estudio Evaluación del Cumplimiento del Mensaje Presidencial 2006, del Instituto Libertad, el gobierno de Michelle Bachelet es el peor en términos de cumplimiento de promesas de los evaluados en los 13 años en que ha realizado este ejercicio.

En general, el gobierno en curso tiende bajar la media de cumplimiento de lo observados en mandatos anteriores. Si la media giraba en torno al 24%, hoy el cumplimiento de promesas cae 7 puntos porcentuales para situarse en el 17%. Así, mientras en gobiernos anteriores afirmábamos que se podría creer en 1 de cada 5 promesas presidenciales, hoy decimos que sólo podemos creer en 1 de cada 6 promesas presidenciales.Esto se hace aún más evidente si comparamos este primer año de ejercicio presidencial de Bachelet con igual período de Ricardo Lagos. Mientras el último logró un 40% de Cumplimiento o Insuficiencia, Bachelet alcanza sólo un 24% en estas categorías.

Lo anterior resalta aún más si consideramos dos diferencias respecto del primer año de la gestión anterior. En primer lugar, Lagos tuvo un primer año caracterizado por la crisis económica. Bachelet, en cambio, cumplió menos promesas en un contexto de abundancia fiscal. Y, en segundo lugar, Lagos tuvo un magro cumplimiento mientras aún existían senadores institucionales. Bachelet no logró incrementar el nivel de cumplimiento aún contando con la mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Las principales carencias del Gobierno de Bachelet

Este primer Mensaje Presidencial fue dividido en, primero, un gran capítulo, “El sello femenino”, que se diluyó en el caso del segundo Mensaje Presidencial. Luego, abordó tres grandes ejes, que se repitieron en la primera cuenta pública: “Las cuatro grandes transformaciones”, “Ingresos extra en proyectos de directo beneficio social” y las “Áreas de avance concreto”. De ellos, la evaluación arrojó un resultado general de 17,2% de cumplimiento de las promesas planteadas; un 7,1% de medidas calificadas como insuficientes. En tanto, un 45,4% recibió calificación Mínima y un 30,3% no presentan grado de avance. Así, vemos que un 24% recibe calificación Cumplido o Insuficiente, mientras que un 64% es calificamos como Mínimo y Ninguno.

En términos específicos, observamos que en lo referido al ámbito que denominamos “El sello femenino”, no se observó cumplimiento ni inicio de iniciativas susceptibles de ser calificadas como insuficientes con relación a las promesas comprometidas; el 50% de ellas fueron evaluadas como mínimo en su grado de avance y otro 50%, como ninguno. Esta es la peor área de evaluación para la Presidenta.

En el primer eje, “Las cuatro transformaciones”, se observaron un 21,7% de cumplimiento; 4,3% de insuficientes; 47,8% de mínimos y 26,2% de ninguno.

En el segundo eje, “Ingresos extra en proyectos de directo beneficio social”, observamos un 30,8% de cumplimiento; 15,4% de insuficientes; 38,4% de mínimos y 15,4% de ninguno. Esto arrojó la principal fortaleza del Ejecutivo en términos de cumplimiento, puesto que se refiere a materias de gasto fiscal directo, para lo cual no requiere ejercer dotes de liderazgo y negociación política.

Por último, en el tercer eje, “Cuatro áreas de avance concreto”, observamos un 14% de cumplimiento; 7% de insuficientes; 45,6% de mínimos y 33,4% de ninguno. Este eje se constituye como el principal del primer mensaje presidencial de Bachelet, puesto que contiene la promesa de implementar programas orientados a otorgar mayor integración social. Sin embargo, es el eje que muestra menor grado de cumplimiento.

Asimismo, observamos que la principal falencia del gobierno en curso se observa en el cumplimiento de aquellas promesas relacionadas con materias de ley. Al respecto, cabe destacar que, de los 99 compromisos presidenciales, 44 (44,4%) corresponden a medidas que implican materia de ley. Es decir, en la elaboración de su mensaje presidencial cumplió un papel fundamental la confianza del Ejecutivo en la mayoría absoluta de los votos en el poder legislativo. Sin embargo, los problemas con los partidos de la Concertación y las debilidades del Gobierno en el control de la agenda legislativa queda en evidencia al observar que, del total de promesas que son materia de ley sólo un 13,6% se cumplió, un 4,5% fue calificada como Insuficiente, un 34,1% como Mínimo y un 47,8% como Ninguno. En otras palabras, tan sólo un 18% de las promesas que implican coordinación con el Poder Legislativo alcanza a ser cumplida.

Dadas las debilidades observadas, el gobierno de Michelle Bachelet enfrenta problemas serios para cumplir sus compromisos de campaña y gobernar eficientemente el país, sobre todo, en su relación con el Congreso Nacional.

Por qué no se cumplió

Dicho lo anterior, podemos afirmar que la percepción ciudadana de que el gobierno de Michelle Bachelet no merece ser soportado con amplia popularidad, se sustenta en los efectos negativos producidos por una forma de administrar el poder, conocido durante la campaña presidencial y, tempranamente, en enero de 2006, la cual instaló un fatal incentivo para la dispersión del pacto oficialista y resintió las relaciones con la oposición.

Dicha forma de administración del poder puede ser resumida a través de las siguientes características y sus correspondientes efectos.

Característica 1:

Los compromisos de paridad y de no repetir nombres en el gabinete se constituyen como restricciones autoimpuestas a la libertad de acción requerida por los titulares del poder. Con ellos, Bachelet quiso cuestionar la forma en que las elites asignan poder, en lo cual fracasó.

Característica 2:

La formación de equipos a puertas cerradas fomentó la percepción de los líderes partidarios de que no incidirían en la toma de decisiones políticas. Este ejercicio, realizado tempranamente, explica la relación conflictiva del entonces presidente DC, Adolfo Zaldívar con la Presidencia.Este factor, aunque morigerado con las elecciones internas de los partidos PS y DC, señala el inicio de la formación de facciones irreconciliables, fomentadas por la Presidenta de la República a través de:

Los atributos arriba señalados y sus efectos políticos nos entregan una explicación al por qué esta administración se ha transformado en la más reactiva en términos de control de la agenda pública. En definitiva, es una falencia propia del sujeto, que cuestiona sus capacidades. Finalmente, una carencia que explica por qué decimos que estamos en presencia de un mal gobierno.

El Riesgo de la Cohabitación

Como hemos visto, la forma en que Michelle Bachelet asume la práctica política ha provocado problemas internos y profundizado sus debilidades respecto de sus opositores. Su reacción, entonces expresada el lunes 21 de mayo ante el Congreso Pleno consistió en la relajación de la regla del superávit fiscal, que se redujo de 1 a 0,5 puntos, lo cual significa que el erario fiscal contará con, a lo menos, 800 millones de dólares extra para implementar programas sociales y, como señaló, provocar cambios en la educación.

En este momento no entraremos en el comentario técnico de las omisiones del programa educacional de Bachelet. En cambio, observaremos qué significa en términos políticos el giro de uno de los ministros más representativos de la tensión vivida este último año al interior del pacto. Nos referimos al Ministro de Hacienda Andrés Velasco.

Como es sabido, en la estructura presidencialista chilena la facultad exclusiva del primer mandatario para iniciar proyectos de ley relativos a gasto fiscal convierten al titular de Hacienda en un ente poderoso en la estructura estatal. Por ello, quienes han ocupado la cartera han destacado, no sólo por ejercer gran poder, sino porque lo ejercieron bien. Desde la dupla Ominami-Foxley en el gobierno de Aylwin-el actual senador PS fue Ministro de Economía-, pasando por Eduardo Aninat, durante el sexenio de Eduardo Frei, hasta el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, se convirtieron en técnicos capaces de lidiar con diversos grupos de presión y mantener la orientación definida por el Primer Mandatario. En el caso de Andrés Velasco, en cambio, además de no contar con las habilidades políticas necesaria, no cuenta con un presidente capaz de contener la presión de sus bases de apoyo político, lo cual se expresa, finalmente, en que el titular de Hacienda cediera a la petición de expandir el gasto fiscal a costa de la regla del superávit fiscal del 1%.

Puede interpretarse positivamente la flexibilización de la regla anunciada, puesto que ahorrar en tiempos de abundancia, cuando Chile aún tiene población que vive hambre y frío, podría parecer poco racional. Sin embargo, el gesto de Velasco implica la imposición de materias desde los partidos políticos, lo cual implica además, un riesgo que denominamos cohabitación política. Este término, utilizado en el sistema presidencial francés para denominar aquella situación en que el jefe de Gobierno y el primer ministro provienen de corrientes políticas distintas, se aplica al gobierno de Bachelet en tanto las demandas de los partidos se traducen en posiciones de gobierno y no al revés. Es decir, Bachelet perdió la capacidad de determinar el rumbo que tomará el programa de gobierno.

El riesgo de la intervención electoral

A lo anterior sumamos la observación de otra amenaza. Si Bachelet no rige en la definición de política fiscal, tendrá dificultades de dimensiones similares para velar por la correcta utilización de los recursos destinados a programas sociales. En definitiva, las debilidades de Michelle Bachelet podrán expresarse, también, a través de los cuantiosos fondos sociales del Ejecutivo. Y esto, sabemos, suele traducirse en intervención estatal en campañas políticas y corrupción.

Por todo lo anterior, la Alianza por Chile tiene escaso margen de acción. Debe cuidar que las leyes relativas al cambio en el sistema educacional chileno no desvirtúen aún más el proceso. Y, por otro lado, debe exigir al Ejecutivo la instalación de procedimientos transparentes orientados a la evaluación de eficiencia y beneficio de todos los programas sociales. En buena medida, si Bachelet quiere gastar es preciso que lo haga bien y de forma transparente.