15 de AGOSTO de 2006

ISSN 0717-795X

Seguridad Ciudadana:
Urge una Política de Estado

En los últimos años se han implantado diversos programas e iniciativas destinadas a frenar la delincuencia y disminuir el temor de miles chilenos frente a los delitos. Es así como en el año 2000 se crea la División de Seguridad Ciudadana (DSC), dependiente del Ministerio del Interior, cuyo principal objetivo es la generación de una más eficiente gestión en el área de seguridad ciudadana, a través de nuevas estrategias, otorgándole un rol más activo a la ciudadanía, bajo la premisa que la mejor manera de combatir la delincuencia es con una mayor participación de los ciudadanos.

Programas como Comuna Segura–Compromiso 100, Barrio Seguro, y Plan Cuadrante nacen al alero de esta División y si bien han tenido una evaluación positiva – sobre todo el plan cuadrante – no han podido cumplir a cabalidad con los objetivos centrales pretendidos por la DSC, que se refrenen principalmente a tres aspectos claves:

-	Frenar el alza de la delincuencia, en particular en relación con los delitos de mayor connotación social.
-	Reducir la sensación de temor en la población.
-	Disminuir las situaciones de violencia en la sociedad chilena.

Al analizar si efectivamente se han cumplido los objetivos queridos para el control efectivo de estos tres aspectos principales, debemos acudir a los índices y resultados de las encuestas que se han desarrollado desde que se creara esta nueva institucionalidad, de modo de poder evaluar el real efecto que han tenido las políticas públicas incentivadas por el gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Mirando las Encuestas

Las tasas de denuncias en Chile se han mantenido estables en los últimosaños, sin embargo, han aumentado los delitos de carácter violento y aquellos delitos contra la propiedad, respecto a los cuales nuestro país exhibe lamentables índices, superando incluso a algunos latinoamericanos. Por otra parte, la delincuencia se mantuvo estabilizada en un rango del 37%, no obstante, creció la percepción de alto temor de ser víctima de un ilícito, especialmente en sectores de ingresos medios y altos, hasta llegar a 18,4%, su nivel más alto desde 1998.

De esta forma resulta preocupante, que pese a todos los recursos invertidos y programas en funcionamiento, los índices que se vinculan a la delincuencia no disminuyan.

Como se advertía, las diversas encuestas de victimización arrojan cifras bastante similares unas de otras en cuanto a que no habido un aumento significativo en los delitos, sin embargo en algunas comunas se han producido variaciones relevantes. En Lo Barnechea, por ejemplo, el nivel de victimización aumentó casi 12 puntos porcentuales en un año, al pasar de 36,9% en junio de 2005, a 48,3%, a igual mes de este año, sólo superado en la capital por San Bernardo con 48,5%.

Lo anterior sin perjuicio de que a nivel agregado, la victimización en los hogares chilenos haya disminuido en 4,7 puntos porcentuales entre los años 2003 y 2005, en promedio.

 

Fuente: INE, Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, Julio de 2006

Durante los últimos 12 meses, un 38,3% de los hogares, fue víctima de algún tipo de delito, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cabe hacer presente que esta encuesta de victimización se aplicará todos los años, lo que permitirá que se efectúen seguimientos importantes al problema de la delincuencia.

Respecto a la incidencia que tiene la droga en la comisión de delitos, el año recién pasado se dio a conocer un estudio de la Fundación Paz Ciudadana en donde se concluyó que un 73,3% de los delitos de mayor connotación social, fueron cometidos por personas que se encontraban bajo los efectos de las drogas, dentro de los cuales se determinó que el 87% consumió pasta base, el 55% marihuana y el 5,5% consumió otras drogas. Estos índices de vinculación entre delincuencia y drogadicción demuestran que faltan iniciativas que persigan la rehabilitación, por una parte y prevención en el consumo por la otra.

La inseguridad está desatada, las personas viven con miedo de ser víctimas de los delincuentes y el Estado no asume el rol de velar por la seguridad de los ciudadanos; es tiempo de establecer nuevos referentes que aborden un tema social de primera importancia.

Al mismo tiempo, otros motivos ayudan a que la delincuencia se mantenga en las calles. En este orden de ideas, algunas críticas apuntan a los jueces de garantía de la reforma procesal penal, a quienes ciertos sectores acusan de tener mano blanda con los delincuentes, desestimando en muchos casos la prisión preventiva, teniendo ésta una plena justificación legal o simplemente, declarando ilegales sus detenciones, en fin, contribuyendo con éstas prácticas a mantener institucionalizada “la puerta giratoria”.

Otro aspecto no menor respecto de las reformas a la justicia y que inciden en la manera en que las sociedades modernas buscan rescatar a aquellos personas infractoras de ley, son aquellas destinadas mejorar nuestro sistema penitenciario. Es tan grave la crisis en este sector que estudios sobre el tema indican que el déficit carcelario alcanza un 60%, es decir, que donde hay diez reclusos, debieran haber seis.

Esta condiciones de hacinamiento y de condiciones de vida inhumanas, no entregan ni siquiera las garantía mínimas de dignidad a la persona humana, ni menos van a permitir su rehabilitación. Estos problemas, que pudieran parecer poco relacionados con el tema central de la seguridad ciudadana, explican de alguna manera los actuales niveles de reincidencia –hoy dos tercios de los delitos son cometidos por reincidentes–, las dificultades que tienen los jueces para disponer del uso preventivo de los recintos penales, por lo que en muchas oportunidades los delincuentes quedan libres para seguir delinquiendo.En materia de responsabilidad penal juvenil, se están haciendo algunas cosas – recordemos que se suspendió(1) la entrada en vigencia de la ley 20.084 hasta junio de 2007–,las diferentes instituciones involucradas en el proceso de implementación (Sename, Gendarmería, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública), están trabajando para que la ley se materialice el próximo año, sin embargo existe un importante atraso en la construcción de los Centros de Detención Semicerrados en todo el país, debido a que de los 18 Centros estimados para todo el país, solo están terminados 5 y en 9 de ellos ni siquiera han comenzado las obras de construcción por lo que se piensa que difícilmente todos los Centros Semicerrados estarán listos en junio de 2007, además del Centro de detención cerrado “CERECO Masculino Metropolitano” que se construirá en la localidad de Punta Peuco y que se estima estará listo en junio de 2008.

Conclusiones

Quedan importantes desafíos en materia de justicia y seguridad ciudadana. Adquiere, por lo mismo, una gran relevancia la forma en que el Poder Judicial está aplicando las medidas alternativas de libertad condicional y los beneficios intrapenitenciarios, que en la práctica se han transformado en una suerte de "rebaja de penas", lo cual ha incidido en el aumento de las tasas de reincidencia, que se estima bordean el 50%. Asimismo, se ha podido observar que los jueces tienden, en general, a aplicar la pena más baja dentro de la escala de penas asignadas a cada delito.

Las soluciones anteriores apuntan a generar mecanismos que eleven los costos para los delincuentes al momento de tomar la decisión de cometer actos ilegales; y por otro lado, generar las confianzas en las víctimas con el objeto que denuncien los delitos y que esa denuncia no quede en la impunidad.

Las iniciativas presentadas en las últimas semanas por parlamentarios de diversos sectores, y la urgencia dadas por el Ejecutivo a algunas de ellas, demuestran que el combate de la delincuencia debe ser considerado una prioridad dentro de la agenda de gobierno. Se requiere el apoyo no sólo de aquellos que hacen las leyes, sino que del conjunto de la sociedad civil, de manera de que la misma ciudadanía tenga un rol más activo en el apoyo a los agentes de la policía, sin embargo, para esto es necesaria una postura más dura para castigar a aquellos que hacen del delito una profesión.

La nueva prioridad del gobierno debe dirigirse al resguardo de las personas y su calidad de vida bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad.

(1) Ley 20.110 Suspendió la entrada en vigencia de la ley 20.084 por 18 meses, esto es hasta junio de 2008 y estableció la creación de una Comisión de Expertos de diversos sectores, que evaluarán su implementación.