PERSPECTIVA

Evolucionar de una cultura burocrática hacia una cultura emprendedora y de resultados, con mayor profesionalización de las funcionarios públicos:

La obligación del gobierno no es prestar servicios, sino asegurar que ellos se presten, por lo que es un deber acoger los elementos que han permitido el éxito en la gestión empresarial privada: eficiencia, desarrollo personal, descentralización y flexibilidad y responsabilidad en el trabajo.

-	En relación a la organización superior es necesario redefinir las funciones que debe asumir la Administración del Estado, teniendo siempre presente el principio de subsidiariedad. Definidas las funciones, se requiere reestructurar la administración pública en base a criterios tales como: a) la compatibilización del número de ministerios y servicios públicos con las funciones de gobierno y administración que corresponden al sector público; b) la adecuación de la organización del Estado a un sistema descentralizado y desconcentrado territorialmente, con el objeto de acercar la prestación de los servicios a los usuarios; c) la racionalización de la cantidad de ministerios, agrupándolos por materias o funciones afines, para evitar distorsiones e interferencias funcionales y maximizar la utilización de los recursos estatales, siempre escasos y con el objeto que la coordinación se produzca natural y necesariamente; d) la fusión de servicios que realizan actividades semejantes y la eliminación de aquellos que no se justifican en un Estado subsidiario, y e) la adecuación de la Administración Pública al principio que los ministerios son para gobernar y los servicios públicos para administrar.
-	Crear mecanismos para el control de la gestión del Estado que comprueben la racionalidad en el uso de los recursos: a) introducir la definición de centros de costos;presupuestos de gestión, e indicadores de calidad del producto; b) introducir incentivos premiando las mejoras de calidad y las reducciones de costos; c) acompañar el concepto de eficiencia y calidad del servicio con una importante cuota de autonomía, y d) los presupuestos de gestión y costos y los resultados de las encuestas o mediciones y cantidad producidas deben ser públicas y transparentes.
-	En materia de gobierno electrónico, se propone mejorar la infraestructura de la Administración del Estado en aspectos no cubiertos por la Agenda Digital 2004-2006:
Escritorio del funcionario público Call center centralizado para toda la administración pública Telefonía IP para todo el Estado Recepción y emisión de pagos por Internet en todas las reparticiones.
-	Tratándose de los funcionarios públicos, el esfuerzo a su profesionalización debe ser permanente, incluyendo a los altos directivos públicos, a cuyo régimen deben integrarse todos los servicios públicos y acelerar su puesta en marcha derogando la norma transitoria que actualmente lo impide. Asimismo, debe limitarse el uso del artículo 59 de la ley Nº 19.882, con el objeto que la búsqueda y designación de los altos directivos públicos del primer y del segundo nivel se haga con la mayor celeridad posible.
-	Burocracia, regulaciones y buena fe. Las políticas generales de regulación deben buscarreducirlas al mínimo necesario para lograr altos grados de libertad personal y evitar, el mismo tiempo, el crecimiento desordenado de regulaciones ineficientes, paternalistas y que constituyen fuentes de corrupción. Un elemento esencial es el principio de la buena fe. Se deben efectuar controles periódicos y castigar con sanciones ejemplarizadoras a los que transgreden este principio.Los que tratan a sus habitantes como delincuentes no pueden desarrollarse, porque el mayor incentivo es eludir el control de la autoridad.
Estado empresario:
-	Es necesario tomar uan decisión sobre los niveles de participación del Estado empresario en la economía, considerando que las empresas del sector estatal todavía tienen una enorme significación en la actividad económica nacional.
-	Definir su dependencia:todavía una parte de las empresas se encuentra bajo el alero de ministerios. Es indispensable que se unifiquen criterios y que las todas las empresas estatales dependan un mismo organismo, de carácter técnico.
-	Las empresas públicas tienen diferentes sistemas de organización lo que origina diferencias de dirección, de funcionamiento y de control, que debe ser remediada, aplicando a todas las empresas públicas las normas sobre sociedades anónimas abiertas.
-	Es necesario tecnificar el nombramiento de los directores, a través de instancias independientes que propongan candidatos que cumplan determinado perfil.Los Directorios de cada empresa, deben además usar similar mecanismo para la designación de la línea gerencial.
-	Incrementar las medidas de transparencia e información al público. Se propone la publicidad de actas, tanto de las sesiones de directorio como de las juntas de accionistas;el que cualquier persona pueda solicitar incluir en el anexo a la memoria, comentarios y proposiciones relativos a la marcha de los negocios sociales, y que toda empresa del Estado tenga permanentemente a disposición de público un registro indicativo de sus presidentes, directores y gerentes, con especificación de las fechas de iniciación y término de sus funciones y de los dineros recibidos mensualmente por cualquier concepto.
-	Aplicar a las empresaspúblicas la ley sobre chilecompras.
-	Hacer aplicable a CODELCO, ENAP, Banco del Estado de Chile y Televisión Nacional de Chile las disposiciones legales que se aplican a la generalidad de las empresas del Estado, derogando las actuales excepciones, especialmente la que dice relación con la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados. En similar situación deben quedar las empresas dependientes del sector Defensa.
Contraloría General de la República:Ley Orgánica Constitucional y reingeniería en los procedimientos Una Contraloría compatible con un Estado subsidiario, ágil, eficaz y respetuoso de las libertades de las entidades intermedias y de las personas. Se propone redefinir las funciones de la Contraloría, lo que le permitiría una mayor especialización y mejor utilización de los siempre escasos recursos. Debería realizar un control y fiscalización selectivo y ex post. Así podría ejecutar, de manera eficiente y oportuna, las tareas realmente esenciales.Las facultades y atribuciones de la Contraloría deberían circunscribirse a:
-	Tomar razón exclusivamente de los actos trascendentes de la administración pública, y no de todas sus acciones como es hoy.
-	Fiscalizar la inversión de los fondos fiscales (servicios y empresas públicas).
-	Llevar la contabilidad de la Nación.
-	Realizar auditorías e inspecciones con el fin de resguardar el patrimonio público.
-	Examinar cuentas de funcionarios y personas que administren o reciban bienes o fondos públicos.Por esta vía deben examinarse especialmente a las ONG.
-	Llevar el registro de los funcionarios del Estado y de diferentes contratos relativos a cada uno de ellos.

Los resultados deestas actividades debieran ser publicitadostrimestralmente, para permitir un sistema fiscalizador transparente.

Adicionalmente se propone que se asegure su financiamiento, y no tenga que depender, anualmente, de lo que se decida en la Ley de Presupuesto.

Una Contraloría con estas características permitiría cumplir con las obligaciones fundamentales que el bien común exige al Estado, del mismo modo que lo hacen las modernas instancias fiscalizadoras como la Superintendencia de Bancos o la de AFP.

Tribunales tributarios

Acelerar la tramitación legislativa del proyecto de ley que crea 16 tribunales independientes y especializados en causas de índole tributario de primera instancia, y propone la especialización de Cortes de Apelaciones en materias tributarias. El tribunal debe ser independiente tanto financiera como administrativamente del Servicio de Impuestos Internos.

Ley de Bases del Medio Ambiente e Institucionalidad Ambiental

La gestión ambiental está en crisis. El sistema creado por la ley Nº 19.300 no ha cumplido sus objetivos y ha devenido en una aguda conflictividad social.

Proponemos una reforma profunda de la institucionalidad ambiental en la cual la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente se convierta en un Ministerio del Medio Ambiente que proponga y evalúe las políticas y planes, estudiando y proponiendo las normas aplicables, velando además por su cumplimiento, asignando recursos y fiscalizando las actividades del sector, tal como corresponde a esos órganos en conformidad a la ley.

Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, proponemos que la instancia de revisión de las resoluciones de calificación ambiental a nivel ministerial esté constituida por un Consejo Nacional del Sistema de Evaluación Ambiental integrado por profesionales altamente calificados, inamovibles en sus cargos y designados mediante el Sistema de la Alta Dirección Pública. Este Consejo estará presidido por el Ministro del Medio Ambiente. De la misma forma y con las mismas características estimamos que deberán crearse los Consejos Regionales que serán, a su vez, presidios por el Secretario Regional Ministerial. De esta manera, eliminaremos el foco de inequidad que constituye la total preponderancia de la influencia política por sobre criterios técnicos o de cumplimiento de la ley.

Esta reforma considerará, además, la evaluación de la localización de los proyectos y una mayor vinculación de los informes técnicos que emanen de los organismos del Estado con competencia ambiental y del procedimiento de participación ciudadana, el que será perfeccionado.