Sociedad civil y el compromiso con lo público

Sociedad civil, participación ciudadana, acceso a la información pública, derechos ciudadanos, control social, entre otros, son algunos conceptos que desde hace cierto tiempo vienen escuchándose en discusiones públicas y medios de comunicación. Asimismo los candidatos presidenciales se han hecho eco de ese interés, incorporando en las mayorías de sus discursos y declaraciones aspectos relacionados -de una u otra forma- con los referidos conceptos.

En efecto, a propósito de casos de gran repercusión pública como la contaminación ambiental en el río Cruces y los humedales de cisnes en Valdivia, el debatido proyecto Pascua Lama, otros relacionados con la transparencia de la gestión del gobierno, la superación de la pobreza o el resguardo de la calidad de vida en las ciudades, diversas organizaciones sociales han hecho sentir su voz y su acción.

Lo anterior parece demostrar, por una parte, que hoy en día la ciudadanía tiene un enorme deseo por expresarse y pasar a formar parte de los asuntos públicos de su país, y por otra, que los esfuerzos que durante años han venido realizando distintas entidades de la sociedad civil por promover el acercamiento entre las autoridades del país y la ciudadanía, comienzan a dar los frutos que se buscaban.

De esta forma, la participación de las personas -espontánea mas que en un marco institucional que la promueva-, se ha constituido en el criterio orientador de una exigencia que se hace cada vez más patente: un Estado capaz de fomentar el fortalecimiento de la sociedad civil, como fundamento de una sociedad sana y la profundización democrática.

Así, la sociedad civil, en el sentido descrito, deviene en el ejercicio de lo que habitualmente se denomina participación ciudadana, concepto que difiere de la sociedad política y de la sociedad económica. Así, la sociedad civil aspira a influir, no a participar directamente ni en el poder del Estado ni en la producción económica. Siguiendo en esta materia al PNUD, cabe señalar que la relación entre los conceptos indicados, es que la sociedad civil es una expresión particular de la asociatividad(1).

Por lo tanto, la participación ciudadana y, por ende, la formación de una sociedad civil, se manifiesta como un elemento central para el fortalecimiento del régimen democrático. Ello, en virtud de que permiten el control de la gestión gubernamental, la expresión de demandas y el fortalecimiento del pluralismo requerido por la democracia(2). Pero para que aquella sociedad civil sea efectiva se requiere, entre otros asuntos, un conjunto de actitudes y disposiciones entre los ciudadanos, además de los marcos institucionales necesarios para su desarrollo.

En este marco de ideas, el Instituto Libertad, como miembro de la coalición "Más Voces para el Fortalecimiento de la Democracia"(3), durante el año 2004 llevó a cabo un estudio sobre las prácticas, actitudes y disposiciones de los ciudadanos ante la participación ciudadana en la gestión pública y la acción colectiva(4).(5)

El concepto central que guío el estudio fue la percepción sobre la participación como factor influyente en las decisiones que se toman en la gestión pública en una democracia y sus potencialidades. La tesis teórica central del estudio es que la participación ciudadana, en cuanto activador de redes y precursor de capital social, es un elemento central para el mejoramiento de la democracia. Sin embargo, ello es sólo potencial, en la medida en que también se requiere una respuesta institucional para aprovecharla.

El punto de partida fue el diagnóstico de los problemas que a juicio de la ciudadanía aparecen como preponderantes en su vida y su posibles vías de solución. Luego, se abordó la situación actual de participación y asociatividad, y las vías de relación entre la ciudadanía y las autoridades. Asimismo, el estudio presenta las percepciones y actitudes respecto a la efectividad percibida de los cursos de acción participativos y asociativos para enfrentar los problemas ciudadanos, para terminar con la situación actual en cuanto a la práctica participativa por canales institucionales -especialmente a nivel local-, último elemento al que se hace referencia a continuación.

El principal resultado en este ámbito es que la actual existencia de los mecanismos de participación institucional a nivel comunal, es reconocida sólo parcialmente. Se consultó por cuatro instancias específicas: el Consejo Económico Social (CESCO), la audiencia pública, la oficina de reclamos municipal y el plebiscito comunal. El que más se reconoce es la oficina de reclamos, pues el 55% de los entrevistados diría que "realmente existe" tal instancia en su comuna. El 28% lo cree de la Audiencia Pública, el 24% lo cree del plebiscito comunal y sólo el 19% lo cree del Consejo Económico Social (CESCO). En resumen, el 34% de los entrevistados no reconoce la existencia de ninguna de las instancias consultadas.

Sin embargo, en la región metropolitana, los niveles de respuesta son menores a los de otras regiones (abultándose el grupo de los que indican no saber) y más grande el grupo que no reconoce ninguna instancia (43%), de lo que puede inferirse que la complejidad urbana incide en el conocimiento que se pueda tener de las instancias. El 32% de los entrevistados reconoce sólo una instancia y el 34% reconoce dos o más.

En esta última información, destaca la IV región por la proporción que reconoce dos o más instancias. Cualquiera sea la situación regional, también se encuentra una relación entre el reconocimiento de instancias participativas municipales y la frecuencia con que se trabaja junto con otros para mejorar la propia situación. Así, entre los que frecuentemente trabajan junto a otros, el 66% reconoce la oficina de reclamos, contra un 61% entre quienes trabajan a veces, 58% entre los que lo hacen casi nunca y 46% entre los que nunca lo hacen.

Como parte de un esfuerzo institucional por integrar -parcialmente- la participación ciudadana a la gestión pública, la legislación nacional ha introducido en los últimos años, entre otros, dos instrumentos: la ordenanza comunal de participación ciudadana y el plan regional de participación. En el estudio se consultó por el nivel de información que la ciudadanía posee respecto a ambos. Pues bien, el resultado resulta bastante poco alentador desde un punto de vista normativo. Únicamente el 8% de los entrevistados dice estar muy informado sobre la ordenanza municipal de participación ciudadana y apenas el 5% lo diría del plan regional de participación. El resultado es diferente según la región que se estudie, mostrando niveles mayores de desinformación declarada en las regiones II y IV.

Complementariamente a lo anterior, se consultó por la participación efectiva en tres instancias: la formulación del plan regional de participación, la elaboración del plan de desarrollo comunal (PLADECO) y la planificación del presupuesto municipal. Consistentemente con los resultados anteriores respecto a la información, sólo el 5% de los entrevistados ha sido invitado a expresar su opinión en el plan regional o para la elaboración del PLADECO y el 3% lo ha sido para la planificación del presupuesto. Este último resultado no es menor, pues la "ola de activismo cívico" mundial detectada por el PNUD reconoce a la presupuestación responsable y participativa como uno de sus ejes principales(6).

En resumen, hay baja información sobre instancias para la participación local y regional y baja participación en instancias para la participación local y regional. Este resultado, evidentemente, se relaciona con otras conductas y actitudes, que se refuerzan mutuamente. Entre quienes están muy informados sobre la ordenanza comunal de participación ciudadana, la proporción de quienes frecuentemente o a veces trabajan junto con otros para mejorar su situación (53%) es notablemente superior a la que se da entre quienes están poco informados (40%) o nada informados (25%).

De esta forma, aparece como uno de los desafíos más relevantes, revisar los mecanismos institucionales que canalizan la acción participativa, pues son reconocidos y utilizados muy escasamente. En ello se entrelaza también la desconfianza en dirigentes sociales y, al mismo tiempo, en las autoridades.

Así, surge la necesidad de hacer frente a la demanda de ciudadanos y personas en general, que en forma individual y colectiva demandan canales de participación directos en la gestión pública y una mejora en las condiciones que permitan su organización y valorización. Situación que se manifiesta en forma evidente en los resultados de la encuesta expuestos con anterioridad, especialmente en relación con el alto porcentaje de apoyo que reciben las preguntas que se refieren a la existencia de herramientas de democracia directa, como son la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato y los plebiscitos. Destaca de entre los resultados del estudio de Más Voces, el hecho de que la acción colectiva organizada funcionalmente, como medio para buscar la solución a determinados problemas sea la una opción menos preferida por los entrevistados. Hecho que a nuestro juicio de cuanta de la escasa importancia relativa que tiene el concepto de participación ciudadana entre las personas, en términos de la influencia que se puede tener para incidir en la toma de decisión de los asuntos públicos de la comunidad.

Sin embargo, al mismo tiempo, se puede señalar que existe una gran expectativa respecto de dicha participación. Lo anterior, pese a que pueda leerse en forma contradictoria resulta ser coherente. En efecto, la lectura es que si bien no existe una cultura hoy en día de participación ciudadana, se encuentra en potencia un ideal de ella, que se traduce abiertamente en la esperanza de que existan los canales institucionales adecuados y necesarios para tal objetivo.

Para ello, es incuestionable la necesidad de abordar dos temas fundamentales que se relacionan con el fortalecimiento de la sociedad civil y que se desprenden de los resultados de la encuesta, esto son, la urgencia de profundizar el proceso de descentralización del país y poner en marcha una política pública de participación ciudadana a largo plazo que contemple desde una edad temprana en las personas la formación para la participación en sociedad, que comprometa a los ciudadanos del futuro en los destinos de su comuna, ciudad y país.

Directora: María Luisa Brahm B.

Editores: Lorena Recabarren S. y Marcel Aubry B.