Rentas Municipales II:

Gobierno pretende financiar municipios con recursos ajenos

El proyecto de ley de rentas municipales cumplirá en marzo tres años de tramitación legislativa. Desde entonces, los más diversos actores han participado en un debate que ha sido complejo y difícil, siendo una de las críticas que más frecuentemente se han escuchado aquélla que dice relación con la intención del Ejecutivo -muy distante a su discurso descentralizador y de confianza en los gobiernos locales-, de querer paliar el enorme déficit de las municipalidades con medidas de parche y recurriendo una vez más a los bolsillos de los chilenos, sin plantear soluciones de fondo que signifiquen realmente una política de reasignación y focalización de los recursos públicos.

En este contexto cabe recordar cuales son los objetivos, que de acuerdo al Mensaje del Presidente de la República, fundaron en sus orígenes la iniciativa: incrementar los recursos económicos de los municipios; racionalizar la aplicación de exenciones del impuesto territorial; mejorar la gestión municipal en materia financiera, y dotar a las autoridades municipales de facultades para condonar deudas por derechos municipales.

Entonces, ¿por qué se decidió postergar la iniciativa para marzo de este año en vez de ser aprobada durante este mes? o bien ¿por qué se decidió prorrogar hasta el 1 de enero del 2006 el reavalúo fiscal?, en circunstancias que la concertación tiene mayoría en el Congreso. La respuesta a ambas preguntas es, simplemente, que los objetivos propuestos por el proyecto de ley no se condicen con el alcance que en la práctica éste tendría.

En efecto, el total de ingresos municipales que contempla el proyecto de ley es del orden de los $53.750 millones para el año 2006. De este monto, el 76,2% sería financiado por los contribuyentes, fundamentalmente a través de un aumento en las contribuciones del orden de los $32.150 millones.

Así, la tan "utópica" igualdad de oportunidades se hace más inalcanzable ante un aumento en los gastos que deben realizar los contribuyentes, simplemente porque éstos ven disminuidos sus ingresos disponibles. Peor aún resulta la disminución propuesta en el proyecto de ley, respecto de rebajar el tope del avalúo fiscal de las viviendas que hasta hoy en día se encuentran exentas de pago de contribuciones, pues implica afectar los bolsillos de 400 mil hogares dueños de las propiedades en cuestión.

De esta forma, si bien salvaguardar los ingresos monetarios de los afectados debería ser razón suficiente para desistir sobre la aplicación de este proyecto en lo se relaciona con el aumento de contribuciones (1), se pueden mencionar además otras razones financieras que avalan tal posición.

Destino de los ingresos

De los $ 53.750 mil millones antes señalados, se proyecta que el 55,8% formará parte del FCM, mecanismo que presenta una serie de deficiencias a la hora de distribuir los recursos asignados. El FCM adolece de al menos las siguientes particularidades: resulta difícil de construir; incentiva una mecanismo redistributivo centralizado, y en vez de apoyar financieramente a las municipalidades de menores recursos, el fondo más bien se ha convertido en un sustento otorgado sin ningún tipo de garantía que apunte a un mejor funcionamiento operacional.

Mayores gastos que deben descontarse del producto del proyecto de Rentas Municipales

De los recursos que se esperan recibir producto del proyecto, se deben descontar los gastos que implicará para los municipios de nuestro país el mayor gasto en remuneraciones de alcaldes y concejales, como así también, el mayor gasto producto del aumento del IVA, el costo del primer año de la puesta en marcha de la evaluación docente, y el costo que significa que la incorporación de las cuatro nuevas comunas al cálculo del coeficiente trienal del FCM.

A modo de ejemplo, se puede mencionar el proceso de Evaluación Docente que hoy en día se encuentra en ejecución, o al menos intenta ser ejecutado.

Este proceso considera una Asignación Variable de Desempeño Individual cuyo calculo se realiza sobre la Renta Básica Mínima Nacional (RBMN), que el docente esté percibiendo a la fecha de pago y tiene los siguientes valores mensuales: equivaldrá a un 25% de la RBMN, para los docentes destacados que hayan obtenido un nivel de logro de destacado en la prueba; y a un 15% de la RBMN, para los docentes destacados o competentes que obtuvieren un nivel de logro de, a lo menos, competente en la prueba.

Considerando sólo los resultados obtenidos en la primera evaluación docente, efectuada el año 2003, se pueden proyectar los gastos que serán imputados a las municipalidades por concepto de la asignación variable a estos docentes evaluados. En ningún caso se proyecta el costo que significa evaluar a los docentes y menos aún, proyectar el costo total de mantener esta iniciativa en el tiempo. La primera evaluación implica un gasto por cuatro años equivalentes a $ 4.136 millones.

De esta manera los recursos a distribuir ya no serán los $53.750 millones, sino que del orden de los $ 35.688 millones. Pero los descuentos no han terminado aún. Hoy en día el gobierno ha impulsado una serie de proyectos que deben ser ejecutados y financiados por las municipalidades sin entregar financiamiento para ejercer las labores encomendadas. Así, a estos $ 35.688 millones deberán descontarse además otras asignaciones, como por el ejemplo, el financiamiento del Plan Auge.

En definitiva el proyecto no significa un aporte nuevo y fresco de recursos, muy por el contrario, la recaudación limita las posibilidades de compra de los contribuyentes afectados cuyo monto tampoco incidiría beneficiosamente ni para él ni su entorno.

Con los antecedentes aquí señalados queda demostrado que dos de los objetivos planteados por el ejecutivo en el mensaje del proyecto de ley, esto es, incrementar los recursos económicos de los municipios y mejorar la gestión municipal en materia financiera, no se condicen con los resultados que tendría en la práctica la iniciativa en comento.

Si realmente se desea mejorar el qué hacer municipal, es necesario hacer cambios profundos, de fondo y con contenidos. El actual proyecto de ley viene a solucionar la aplicación del reavalúo fiscal, situación que perfectamente se puede solucionar con un proyecto de ley que innove sobre esta materia y que no incluya artículos adicionales que sólo entraban el trabajo y los recursos locales. Por lo demás, de aplicarse el proyecto no existiría una mejora en la distribución del fondo recaudado. La reingeniería del fondo, o bien su rediseño, no son materias discutidas en el proyecto. Lo que ciudadanía verá no será la solución definitiva al déficit de los municipios, sino que verá en forma directa como sus ingresos y disponibilidad económica serán afectados por un aumento considerable de sus contribuciones, que además, en nada van a solucionar el problema de fondo.

En ningún caso se pretende desconocer la existencia de déficits presupuestarios que enfrentan nuestras municipalidades. Pero tampoco podemos avalar un sistema que no logra innovar para mejorar la gestión, como así también, que presenta una alternativa costo-beneficio deficitaria para nuestro país. Por otra parte, este proyecto no avanza en el proceso de descentralización ni logra hacer frente al financiamiento de programas, que si bien son responsabilidad de cada municipio a nivel país, no cuentan con financiamiento estatal, lo cual sólo agrava las finanzas municipales.

Aprobar un proyecto implica solucionar y mejorar la situación que se vive sin éste. La pregunta entonces que cada uno se debe hacer es si el proyecto de ley de rentas municipales II realmente soluciona definitivamente la situación que actualmente presentan los municipios de nuestro país. De lo contrario, es momento de generar los cambios que hoy en día se necesitan.

En este contexto, cabe tener presente que si verdaderamente el Gobierno estuviera dispuesto a cumplir con los objetivos antes mencionados y a concretar el discurso de la descentralización, aportaría los recursos que requieren las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones. Así por ejemplo, los $63.700 millones que contempla la Ley de Presupuesto del año 2005 para el Sistema Chile Solidario, habrían sido traspasados directamente a las 345 municipalidades del país.

Directora: María Luisa Brahm B.

Editores: Paola Cabello V., Lorena Recabarren S. y Rodrigo Flores O.