Los Gobiernos de la Concertación suelen alardear sobre los grandes avances que han alcanzado en el proceso de descentralización de los últimos 20 años. Si bien es efectivo que se han producido importantes logros, aún queda mucho por hacer.

La descentralización es una meta que prácticamente no admite discusión, ha estado presente en los discursos políticos de los distintos sectores; sin embargo, se trata de un proceso que aún se encuentra incompleto e incluso, podríamos decir, estancado.

Chile se ha caracterizado por ser un país fuertemente centralizado. Sin perjuicio de que paulatinamente la perspectiva del desarrollo regional y local se ha ido incluyendo en la agenda pública, es evidente que hasta ahora no ha existido una política regional y local clara, de modo tal que ha sido el nivel central el que ha definido qué políticas públicas han de aplicarse en una región y cómo han de hacerlo.

Las señales son claras, los indicadores y estadísticas no mienten. Las atribuciones del gobierno regional son escasas y muchas de sus funciones deben ajustarse a las políticas nacionales y/o coordinarse con las autoridades nacionales, sectoriales y municipales, lo que en la práctica implica que cuenta con más funciones compartidas que privativas para ejercer su labor.

Asimismo, los ingresos de decisión regional se han aumentado en base a recursos que no son de libre disposición de las regiones. La Región Metropolitana continúa concentrando el capital político, económico, intelectual y humano del país.

Respecto de las comunas, la situación no es mucho mejor. Los municipios tienen una serie de obstáculos para cumplir eficientemente sus obligaciones y el principal es la falta de autonomía tanto en el área administrativa como financiera. La carencia de recursos técnicos y económicos hace que para la mayoría sea un problema solventar las tareas básicas. Cabe tener en cuenta que tanto la estructura organizacional como plantas de personal se encuentran fijadas por ley y estas últimas desde el año 1994. Además, la profesionalización de las plantas alcanza sólo el 23 %. En materia financiera la mayoría depende en un alto porcentaje del Fondo Común Municipal, así solo para 31 municipios (9% de los municipios), los ingresos provenientes desde dicho fondo representan menos del 25% de sus ingresos.

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico entrega a otros servicios públicos atribuciones y funciones que tienen las municipalidades, generando duplicidades. Además los municipios no pueden ejercer libremente sus funciones y atribuciones porque chocan constantemente con el gobierno central y con los servicios públicos.

En relación a los servicios traspasados, el gran problema que presentan en la actualidad es que en la mayoría de los municipios no se financian y el alcalde se ve obligado a destinarles una parte importante de los recursos de los presupuestos municipales, en detrimento del desarrollo de sus comunas. El resultado ha sido la aparición de fuertes déficit financieros, que las municipalidades arrastran por años. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que hay comunas sin déficit, lo que refleja que también existen problemas de gestión.

La descentralización no sólo implica mayores atribuciones a los gobiernos regionales y locales, también exige mayores recursos y políticas públicas que impulsen el desarrollo y crecimiento, social, político y económico, de todas las regiones, de acuerdo a las necesidades particulares.

El proceso de descentralización implica conjugar variables políticas institucionales, pero también variables sociales, económicas y culturales. En lo fundamental, un modelo de Estado descentralizado presupone la coexistencia y coordinación eficaz entre un gobierno central y diversas administraciones subnacionales regionales y locales. La primera progresivamente desconcentrada y las subnacionales, realmente descentralizadas.

La descentralización pasa necesariamente por el reforzamiento de la capacidad regional y local de decisión y gestión estratégicas, debiendo estar sustentada en un marco presupuestario conocido y estable, ingresos regulares y mecanismos eficaces de coordinación entre los niveles nacional, regional y comunal.

Nuestro desafío es lograr el desarrollo integral del país, permitiendo e incentivando que surja la riqueza local y regional, reconociendo las características de sus territorios, las particularidades de sus economías, potenciando sus caracteres propios y únicos y generando, a su vez, las condiciones político- institucionales que permitan el desarrollo integral.

Entendiendo que se ha avanzado en términos de políticas generales de descentralización, el paso siguiente debe ser la creación y ejecución de políticas públicas orientadas específicamente a alcanzar un equilibrio entre las regiones y municipios. No se trata que todas las regiones y comunas crezcan por igual y bajo similares parámetros, sino que cada región sea capaz de desarrollar plenamente las potencialidades que presenta.