Nº 723
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Inminente incorporación a la OCDE El próximo 15 de diciembre se llevará a cabo la reunión del Consejo de los 30 países miembros de la OCDE. En este encuentro se analizará el cumplimiento de Chile de los requisitos y estándares fijados para optar a la membresía. Todo indica que con esta reunión se concluiría el proceso de incorporación de Chile a la OCDE, iniciado en 2007, y con esto se convertiría en el miembro 31º de esta importante organización de países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro intergubernamental en el cual participan 30 países que se adhieren a los principios de la democracia y del libre mercado. En esta organización los países miembros intercambian y comparan experiencias de política y económicas con el fin de identificar las políticas y prácticas económicas más adecuadas y desarrollarlas de manera coordinada a nivel nacional e internacional. A través de la sede de la OCDE en París se produce un intercambio de información entre dicha organización y los países miembros con el fin de lograr los objetivos citados anteriormente. Este trabajo de estudio y análisis convierte a la OCDE en una de las principales entidades publicadoras de estudios en las áreas de economía y política pública. Asimismo, su centro de recopilación de estadísticas es uno de los más grandes y confiables a nivel mundial. Chile participa en la OCDE en calidad de país observador desde 1997, y en el año 2003 presentó formalmente su candidatura a convertirse en país miembro de esta organización. El año 2007 recibió la invitación, junto con Rusia, Estonia, Israel y Eslovenia, para convertirse en país miembro. Esta incorporación no fue inmediata. Para pertenecer a esta organización los países deben cumplir con una serie de requisitos que aseguren que su institucionalidad se adhiere a los principios fundamentales de la organización. Por esto, junto con la invitación, se definió una agenda (hoja de ruta) en donde se establecieron los plazos y procedimientos a seguir para que la OCDE analice en profundidad ciertos aspectos de la institucionalidad de Chile con el objetivo de efectuar las recomendaciones y solicitudes necesarias para concretar la membresía ofrecida. A pesar de que la mayoría de los informes de la OCDE fueron recibidos en 2007 y 2008, la mayoría de las iniciativas necesarias para cumplir con los requisitos solicitados fueron llevadas a cabo durante este último año. Se enviaron al Congreso dos proyectos de ley con suma urgencia y se le dio esta urgencia a un tercero que se encontraba en tramitación desde 2007. Se ha observado un claro esfuerzo por parte del Ejecutivo en lograr la incorporación de Chile a la OCDE en esta administración, lo que se debe probablemente al elevado dividendo político que significa incorporar el país al “club de los países ricos”. Las leyes que fueron tramitadas y aprobadas este año, con el fin de ingresar a la OCDE son las siguientes:
No cabe duda que convertirse en país miembro tiene grandes beneficios para Chile. Por un lado mejora su imagen, posicionándolo como un país seguro y estable, comprometido con sus políticas económicas y con su institucionalidad, convirtiéndose en un país atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, se tendrá acceso a la cooperación del área de estudios de esta organización, lo que permitirá disponer de asesorías técnicas y académicas para la elaboración de políticas públicas de calidad y el desarrollo de Chile. El gobierno se ha concentrado en el primer beneficio, enfocándose en lo que implica la membresía para la imagen país. Esto no sólo a nivel externo, sino que también a nivel nacional, enfatizando la supuesta relación entre la gestión de los gobiernos de la Concertación y el logro de la incorporación a la OCDE. Por el contrario, se ha puesto casi nula atención en el valioso aporte que la OCDE puede hacer para la mejora del diagnóstico de los problemas que afectan al país y el diseño de las políticas públicas que los solucionen. El trabajo de esta organización puede resultar extremadamente útil para el diseño e implementación de propuestas que resulten eficientes y efectivas en lograr mejores índices de calidad de vida y desarrollo en el país. Actualmente, diversos indicadores de desarrollo y bienestar, algunos diseñados por la OCDE, muestran severas brechas entre Chile y la media de los actuales países miembros. Incluso se podría afirmar que, en caso de convertirnos en país miembro de la OCDE, seríamos el “pariente pobre” de este organismo. En educación, por ejemplo, el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA) en su evaluación del año 2006, situó a Chile en el puesto 40 de los 57 países que tomaron el examen, por debajo de 29 de los 30 países miembros y mostrando una diferencia significativa con respecto a la media de los países de la OCDE (3). Asimismo, el informe sobre el mercado laboral chileno de abril de este año resalta, entre otros problemas, las bajas tasas de participación laboral femenina y juvenil. “La tasa de empleo femenino, de 39%, está 33 puntos porcentuales bajo la tasa de empleo masculino y muy por debajo del promedio de 57% de la OECD. Al mismo tiempo, las tasas de participación juvenil han caído y sólo alrededor de un cuarto de los jóvenes de 15 a 24 años tiene trabajo, comparado con el 44% promedio de la OECD”. (4) El informe también destaca que los índices de pobreza y de desigualdad que persisten en Chile situarían a Chile en la última posición del ranking de los países miembros: “Medida según los estándares de pobreza relativa de la OECD (es decir, si el ingreso disponible equivalente es inferior al 50% del ingreso medio), la tasa de pobreza de Chile, que alcanza al 16,4% de la población, pondría al país en el tope más bajo del ranking de la OECD, en forma similar a las tasas de pobreza relativa observada en México, Turquía y los Estados Unidos. En términos de desigualdad de ingreso, Chile también está peor que todos los países OECD, con un coeficiente Gini de 0.53 comparado con el promedio de 0.31 de la OCDE” (5). Al igual que con el mercado laboral, la OCDE también ha elaborado exhaustivos informes acerca de diversas materias de política pública del país. Sólo en los últimos dos años ha publicado informes y revisiones sobre: (1) La educación superior; (2) el mercado de la energía; (3) las políticas agrícolas; (4) la gestión territorial del país (sobre descentralización); (5) liderazgo y gestión en las escuelas, además de otros reportes, artículos e informes periódicos. Todos estos informes han incluido un conjunto valioso de observaciones y recomendaciones respecto a las políticas públicas relacionadas con la materia tratada. Éstas en la mayoría de los casos no han sido atendidas. En relación al informe sobre el mercado laboral sólo se acogió la recomendación acerca de la profundización del seguro de cesantía, omitiéndose el resto de las recomendaciones relacionadas con introducir mayor flexibilidad laboral. Entre otras, se incluían eliminar el actual sistema de indemnizaciones, disminuir el salario mínimo para los menores de 25, fomentar la jornada parcial. Éstas fueron ignoradas a pesar de que este organismo estima que llevar a cabo políticas orientadas a flexibilizar el trabajo permitiría aumentar el empleo, principalmente en mujeres y jóvenes, grupos en donde la participación laboral es preocupantemente baja. De todo lo anterior se observa que el principal objetivo del gobierno ha sido ingresar a la OCDE debido a la mejora en la imagen del país que esto implica. El objetivo de mejorar el nivel de vida y la calidad de las políticas públicas casi no se ha visto en el proceso. La omisión de las recomendaciones que nos ha proporcionado esta institución constituye una pérdida de tiempo y eficiencia que perjudica a todos los chilenos. Contamos con que el próximo gobierno tenga como primera prioridad “hacer las cosas bien” y para ello utilizar la valiosa ayuda que la OCDE nos ha ofrecido y seguirá prestando. (1) Boletín 5.840-05. Éste se encuentra actualmente en Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados, sin urgencia. |
Lilí Illanes F.