En una república democrática como la que de nuestro país, podemos distinguir al menos dos perfiles de personas, entre quienes trabajan para el Estado: por un lado, tenemos la llamada “burocracia profesional”, asumida por funcionarios que se dedican a las labores técnicas o administrativas de un Estado, y que no son necesariamente políticos. Y por otro, tenemos a quienes se dedican a las labores más políticas dentro de un Gobierno, los que acompañan a quien tiene a su cargo el gobierno en materias políticas, apoyando la visión ideológica del Presidente. En este último caso, siguiendo la doctrina de Max Weber, se habla de políticos por vocación que devienen en políticos profesionales.

Con respecto a este segundo grupo, el móvil que lleva a los individuos a dedicarse a trabajar en el sector público no puede ser el desarrollo de una carrera funcionaria -como lo sería en el primer caso- sino que debe encontrarse en otro ideal. Surge así el concepto de la “vocación de servicio público”: el político, desempeñando sus funciones dentro del aparato burocrático, se transforma así en una herramienta que le permitirá al gobernante llevar a cabo su plan.

Sin embargo, este modelo se ha desdibujado durante los gobiernos de la Concertación: la ostentación de cargos de poder se ha vuelto una práctica excesiva y en base a cuotas partidistas , lo que hace dudar de una real intención de servir en nuestras actuales autoridades. Al contrario, la imagen que queda al analizar la biografía de quienes ejercen actualmente los más altos cargos dentro del Gobierno es más bien que tales cargos son utilizados como una plataforma política . Y con esto, no sólo se contraviene el principio de probidad consagrado en la Constitución -que obliga a anteponer los intereses generales a los particulares- sino que además se contradice una de las promesas de campaña de la Presidenta Bachelet: ella aseguró, en 2005, que en su gobierno nadie se repetiría el plato.

Para verificar la veracidad de estas hipótesis, el Informe Especial Nº 214 del Instituto Libertad realiza un acabado estudio del actual perfil de los 15 intendentes y los 22 ministros de Estado, los que sin duda se encuentran dentro de los cargos políticos -designados por el Presidente de la República- más codiciados por las cúpulas partidistas. La idea es confirmar, a ciencia cierta, si en un “gobierno de coaliciones” como el que tenemos en Chile se configura lo que los norteamericanos llaman “ Cabinet Portfolio Allocation ”, es decir un cuoteo de cargos políticos en base a favores o lealtades, y con la finalidad de establecer plataformas políticas.

Los resultados del estudio son elocuentes: las cifras demuestran que los actuales intendentes llevan, en promedio, 15,1 años en cargos públicos de designación directa , por parte del Presidente u otra autoridad. Es decir, tres cuartas partes del período que lleva la Concertación en el poder. Además, tres de ellos acreditan participación en algún cargo público -interrumpida o ininterrumpida- durante los 20 años que lleva el bloque gobernante en La Moneda.

Con respecto a los ministros sucede algo similar: el promedio de permanencia en cargos públicos designados alcanza los 13,1 años . Y no sólo eso: cuatro de los 22 ministros han estado presentes durante las dos décadas que ha durado la Concertación, aunque hayan habido intermitencias momentáneas.

El estudio permite además descubrir que la utilización de cargos públicos como una manera de construir una plataforma política es más recurrente en los políticos militantes de un partido político que en los independientes, y que no hay mayores diferencias entre un partido de gobierno y otro.

Junto con lo anterior, se concluye que la fotografía actual a la lista de intendentes y ministros contradice totalmente lo anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet cuando era candidata. No sólo porque cinco de sus ministros ya habían gozado de la misma calidad en gobiernos anteriores de la Concertación (Pérez Yoma, Vidal, Hornkohl, Bitar y Cortázar), sino también porque la frase -entendida en un sentido amplio- daba luces de renovación y de disminución del cuoteo político. Sin embargo, a pocos meses del término de su mandato, y a cuatro años de dicha campaña, la historia ha mostrado una realidad muy distinta, consolidando la idea de que el uso de cargos de poder como plataforma política es un elemento arraigado en el ADN de la Concertación.