Un tema recurrente en esta campaña presidencial ha sido el rol del Estado. Y ello se comprende, pues innegable es la importancia que tiene su efecto regulador sobre la vida de los chilenos en sus más distintos ámbitos. Entre las distintas candidaturas presidenciales, todo apunta a considerar para éste un rol central. En cuñas recogidas por la prensa de los dos principales candidatos, se ha dicho “más Estado, más Estado y más Estado(1)”, y también que no se requiere "más Estado, sino mejor Estado"(2). Ambas fórmulas, si bien retratadas en su formulación más elemental, ilustran los énfasis de las distintas campañas en un tema de suyo complejo.

Sin embargo, es importante también reflexionar sobre el genuino respeto de los gobernantes y los candidatos a la Presidencia por el Estado y sus instituciones. Es legítimo plantear una mayor relevancia o presencia del Estado en distintas áreas, si es que verdaderamente se cree en la función pública y se respetan los intereses a que ésta sirve: el de los ciudadanos y el bien común de la sociedad, permitiendo al Estado cumplir con la misión de promover esos bienes, en un marco de mejoramiento de la gestión pública.

Desde la trunca agenda de modernización del Estado de 2003, formulada con la intención de instalar una administración pública más eficiente, transparente y distante de la contingencia político-partidista, difícil ha sido avanzar en el concepto de un Estado más profesional y despolitizado, en el que el cambio de gobierno no haga cundir el pánico a una compleja y extendida maraña de operadores políticos. 20 años no pasan en vano y la movilización del Estado a favor del oficialismo se está transformando en un factor creciente y excesivamente presente en cada elección. Por eso, un tema central ha de ser inquirir a los candidatos no sólo por el rol del Estado, sino que también por el nivel de compromiso con su modernización y una mayor independencia de la coalición política de turno.

No debe olvidarse la trascendencia del objetivo rector de la administración pública: el bien común. Con miras a garantizar la buena marcha de la administración, independientemente del gobierno actualmente en ejercicio, la función pública es fundamental, al ser responsable directa de la gestión  de asuntos que influyen sobre el destino de la totalidad del país. Por ello, luego de responder si se quiere “más” o “mejor” Estado, importa exigir la capacidad de nuestros servidores públicos de ejecutar políticas públicas y no de operar campañas políticas.

Y en esto, la verdad es que falta real voluntad. Escrito y convertido en letra muerta hay ya suficiente. Un ejemplo, lo constituye un instructivo del Ministerio del Interior que señala: “Las autoridades y funcionarios públicos no pueden comprometer su imagen de servidores de la Nación ni incurrir en discriminaciones, aun cuando ejerzan sus legítimos derechos ciudadanos; en todo momento deben dar estricto cumplimiento a los deberes y principios que rigen a la Administración del Estado, incluyendo el principio de probidad, transparencia y la preeminencia del interés público sobre el privado. De esta forma, les está prohibido apoyar candidaturas u opciones políticas, haciendo uso, para ello, de su calidad funcionaria o del ejercicio del cargo”.

La clara y suficiente declaración del párrafo anterior, junto con el reciente instructivo de la Contraloría(3), han sido, paradojalmente, parte importante del marco normativo durante cuya vigencia se han producido manifestaciones más que elocuentes de intervención electoral por el gobierno. Ejemplos lo constituyen la renuncia de dos Intendentes (O´Higgins y Los Ríos) por intervencionismo electoral, a lo menos siete declaraciones públicas de Ministros de Estado favoreciendo al candidato oficialista en términos categóricos, la instrumentalización de servicios públicos y su información privilegiada en favor de la campaña oficialista, o que el Ministro probablemente más gravitante del gabinete trabaja en el documento programático del mismo candidato, a vista y paciencia de los asistentes a una audiencia pública, en plena discusión presupuestaria.

Por ello, importa exigir coherencia cuando se compromete en el discurso “dignificar el servicio público”, eliminando a los operadores políticos(4) de la administración pública, y sin embargo, se recurra al mismo tiempo y sin ningún pudor, a ese eficiente instrumento electoral, o a cualquier otra forma de intervencionismo electoral del Estado, financiado además por el bolsillo de todos.  ¿Es coherente acaso que, 2 días después del anterior compromiso, un candidato se abrace precisamente con un operador político en Mendoza, contratado con fondos públicos y al servicio del Consulado General de Chile?

Nada impide que los servidores públicos puedan desarrollar, al margen del ejercicio de su empleo, las actividades que estimen conveniente de acuerdo a su posición política, pero ello no puede justificar el renunciar a sus permanentes obligaciones en el ejercicio de su función, ni a la lealtad con la Administración Pública, sus deberes y el comportamiento funcionario digno.

Por lo tanto y, especialmente al cabo de 20 años de ejercicio del poder por la coalición gobernante, los chilenos deben preguntarse no sólo por la válida cuestión del rol del Estado que planteen sus candidatos a la Presidencia, sino que también por cuánto respetarán al Estado como instrumento del bien común y no político partidista, a través de una agenda concreta de modernización y de mayor despolitización de la administración pública.

No en vano, obras son amores…

(1) Eduardo Frei., en debate presidencial de TVN.
(2) Sebastián Piñera, en debate presidencial de TVN.
(3) Dictamen N° 048097, de fecha 1º de septiembre de 2009.
(4) “Frei se compromete a terminar con los operadores políticos”. El Diario Financiero. 30 de octubre de 2009.