La interpelación a los Ministros de Estado:
una institución que acerca la política a la ciudadanía

El pasado 18 de agosto, la Sala de la Cámara de Diputados debió conocer un importante asunto: había sido convocada para conocer las respuestas del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, frente a las cuestiones que un grupo de parlamentarios, haciendo uso de una atribución constitucional, habían formulado días atrás. El diputado Cristián Monckeberg lideró esta interpelación, por lo que le correspondió interrogarlo en el Hemiciclo de la Corporación.

Los hechos que motivaron esta interpelación fueron diversos: el clima de violencia y desgobierno que ha estado imperando hace meses en la Araucanía; la negligencia con que ha ejercido su rol de coordinador de la política de seguridad pública, tarea primordial del Gobierno; y por último, una serie de sucesos de intervención electoral por parte de autoridades nacionales y locales a favor de candidaturas de la Concertación, que han puesto en duda la correcta aplicación de las normas -promovidas por este mismo Ministerio- tendientes a asegurar el cumplimiento del principio de probidad y, por lo tanto, la imparcialidad de los órganos del Estado en su actuar.

Por este motivo, la oposición invocó el artículo 52 letra b) de la Constitución que consagra, dentro de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, la posibilidad de “citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo”.

De acuerdo con esta norma, la Interpelación Ministerial es una institución que tiene por finalidad establecer un diálogo con la autoridad gubernamental, que le permite al Congreso conocer las medidas adoptadas en las materias propias de su cartera y, al mismo tiempo, hacerle llegar sus críticas y opiniones a la manera cómo está desarrollando su gestión. Es, por tanto, una institución necesaria en democracia, que -sin pasar a llevar el principio de separación de poderes- le permite al Poder Legislativo representar los intereses de la ciudadanía ante el Ejecutivo.

Lo interesante es que los datos demuestran que la ciudadanía efectivamente responde a este tipo de control por parte de sus representantes. Tal como lo demuestran los datos arrojados por la Encuesta de Evaluación del Gobierno realizada por Adimark entre el 3 y el 27 de agosto del presente año, la aprobación de la gestión del ministro Pérez Yoma cae abruptamente tras la sesión de la Cámara del 18 del mismo mes.

Gráfico Nº 1

Fuente: Adimark

Este dato es relevante pues, atendido el tamaño de las dos porciones en que se ha dividido la muestra de agosto, se puede concluir que los 7 puntos de caída están fuera de los márgenes de error que -para tales submuestras- bordean entre el 3,9% y el 4,5%, considerando un nivel de confianza de 95%. Es decir, Edmundo Pérez Yoma ha sufrido una merma en su popularidad relevante, producto de la interpelación realizada por los parlamentarios de la Alianza.

La interpelación no sólo provocó un significativo quiebre en la adhesión de Pérez Yoma, sino que representó además una variación en la tendencia que se había percibido en los últimos meses. Tal como muestra el gráfico Nº 2, el Ministro del Interior llevaba acumulados varios meses de relativa bonanza, seguramente como herencia de la popularidad que la Presidenta Bachelet ha capitalizado durante este año.

Gráfico Nº 2

Fuente: Adimark

Se podría argumentar que este quiebre se debió no a la Interpelación Ministerial sino al desenlace que ésta tuvo, lo que acaparó la atención de los medios y eclipsó momentáneamente el trabajo desplegado por Monckeberg y los parlamentarios del sector. Sin embargo, dos días después de haberse ejercido esta atribución constitucional, la prensa comenzó a fijarse en el fondo de la Interpelación y terminó subrayando el mal desempeño del Ministro Pérez Yoma ante la Cámara de Diputados, lo que seguramente se debe haber visto reflejado en las cifras arrojadas por Adimark.

En efecto, el Ministro del Interior cometió al menos 6 faltas graves durante su intervención, las que consistieron en errores u omisiones que no se le pueden permitir al Jefe del Gabinete Ministerial: contradijo las versiones de autoridades específicas del Gobierno (como el Comisionado de Asuntos Indígenas), demostró ignorar partidas presupuestarias de organismos que dependen directamente de su gestión e incluso fue incapaz de advertir la existencia de legislación que le otorga responsabilidad en materias que -según él- no son de su competencia. A partir de ello, en los días siguientes comenzó a montarse un escenario muy distinto al del 18 de agosto: si inmediatamente después de terminada la Interpelación, Pérez Yoma trató de victimizarse -producto del altercado con el que terminó dicha sesión de la Cámara- las declaraciones posteriores dejaron al descubierto que su gestión a cargo del Ministerio del Interior ha dejado mucho que desear y que la Interpelación Ministerial era un recurso necesario.

La Interpelación Ministerial tiene consecuencias prácticas, medibles en la población. Por lo mismo, una oposición constructiva y proactiva debe promover su uso -siempre con criterio- pues el diálogo e intercambio de posiciones entre el Ejecutivo y el Legislativo permite que las autoridades de Gobierno puedan obtener retroalimentación con respecto a sus decisiones, lo que permitirá que, en definitiva, el país avance.