La descentralización en Chile ante la OCDE:
aprobación pendiente

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó oficialmente hace un par de semanas el denominado Territorial Reviews Chile, informe que exhibe un conjunto valioso de observaciones y recomendaciones respecto a nuestro país y el proceso de descentralización que se ha llevado a cabo.

Sin lugar a dudas, el mencionado informe constituye un gran aporte tanto en el diagnóstico de nuestra realidad, con sus ventajas y falencias, como en las recomendaciones que nos plantea. Si bien muchas de ellas son conocidas por todos, el documento nos refuerza la necesidad de seguir avanzando en el desafío que se nos presenta.

La OCDE es clara en señalar que la falta de diversificación productiva vuelve vulnerable a nuestra economía. La importante reducción en los niveles de pobreza no ha ido de la mano de la reducción de los niveles de inequidad: Chile permanece entre los países con mayores desigualdades en la región. Este punto es fundamental. 

El problema de desigualdad también se da entre nuestras propias regiones. Se hace evidente un severo nivel de inequidad territorial en el acceso a la educación, en innovación y en los niveles de pobreza. De acuerdo a la OCDE, esta situación está determinada por: (i) una gran brecha entre las regiones mineras de Antofagasta y Tarapacá, y la Región Metropolitana, respecto de las regiones agricultoras, tales como las regiones de la Araucanía, el Maule y Coquimbo; (ii) una concentración de los negocios, empresas y fuerza laboral en Santiago y; (iii) la falta de crecimiento en regiones claves: Valparaíso, RM, Atacama y Magallanes.

Asimismo, Chile presenta una excesiva concentración en términos demográficos y económicos. Santiago concentra el capital político, económico, intelectual y humano del país.

Así, resulta evidente que la descentralización pasa necesariamente por el reforzamiento de la capacidad regional y local de decisión y gestión estratégicas, debiendo estar sustentada en un marco presupuestario conocido y estable, ingresos regulares y mecanismos eficaces de coordinación entre los niveles nacional, regional y comunal.

Hasta ahora Chile no ha tenido un política regional/descentralizadora clara, de modo tal que ha sido el nivel central el que ha definido las políticas públicas que han de aplicarse en una región y cómo han de hacerlo.

Si bien el informe destaca que el Gobierno ha hecho de la descentralización una prioridad, aún falta mucho por hacer. Entendiendo que se ha avanzado en términos de políticas generales de descentralización, el paso siguiente debe ser la creación y ejecución de políticas públicas orientadas específicamente a alcanzar un equilibrio entre las regiones. No se trata que todas las regiones crezcan por igual y bajo similares parámetros, sino que cada región sea capaz de desarrollar plenamente las potencialidades que presenta.

Hasta ahora, el fuerte consenso alcanzado respecto de la idea de promover la descentralización se ha concentrado casi exclusivamente en una discusión de tipo institucional en que el análisis del desarrollo económico y las disparidades regionales aún no recibe la necesaria atención.

Nuestro desafío es lograr el desarrollo integral del país, permitiendo e incentivando que surja la riqueza local y regional, reconociendo y potenciando las características propias de sus territorios, las particularidades de sus economías y generando, a su vez, las condiciones político- institucionales que permitan el desarrollo integral. 

Las regiones NO son homogéneas, tanto desde un punto de vista del territorio, como de los recursos humanos y materiales, lo que plantea la necesidad de tener la habilidad de poder identificar las fortalezas y debilidades de cada región, y así ser capaces de determinar y adecuar las políticas y proyectos a dichos parámetros, fortaleciendo las instancias descentralizadas de la administración y dotándolas de capacidad de decisión.

Los indicadores y estadísticas no mienten. La descentralización no sólo implica mayores atribuciones a los gobiernos regionales y locales, también exige mayores recursos y políticas públicas que impulsen el desarrollo y crecimiento, social, político y económico, de todas y cada una de las regiones.