UNASUR y Principio de no Intervención

La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consagra como uno de sus principios la obligación de todo Estado Miembro de no intervenir en los asuntos de otro Estado” y establece en su capítulo relativo a los “Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados” que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”( art. 19). Al establecer lo expuesto, la Carta de la OEA sólo reconoció un principio fundamental del Derecho Internacional Americano, el principio de no intervención, el cual adquirió un valor universal como así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en el asunto “Nicaragua vs. Estados Unidos”.

El 23 de mayo de 2008 doce Estados miembros de la OEA crearon la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) cuyo objetivo es “construir de una manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural”(art. 2). Esta organización internacional constituye una organización de facto, ya que a la fecha el Tratado UNASUR no ha entrado en vigor, exigiendo éste la ratificación de a lo menos nueve Estados miembros, siendo a la fecha sólo ratificado por dos Estados: Venezuela y Bolivia.

Sin perjuicio de que los Estados miembros de UNASUR están vinculados en su carácter de miembros de la OEA por el principio de no intervención, la referida organización de facto se ha constituido desde su creación en un instrumento para la intervención de los países de la “Alternativa Bolivariana para América” (ALBA), liderados por la Venezuela de Hugo Chávez, en los asuntos internos de otros Estados de la región como también para una política de antagonismo con los Estados Unidos.

En efecto, a su desbalanceada intervención en Bolivia, bajo la presidencia pro tempore de Michelle Bachelet, frente al rechazo que en amplios sectores bolivianos produjo el proyecto de Constitución populista de Evo Morales, se ha sumado recientemente la intervención de UNASUR, bajo la presidencia pro tempore del presidente ecuatoriano Rafael Correa, en el acuerdo soberano entre Colombia y Estados Unidos, en orden a reforzar la cooperación militar de éste ultimo país en la lucha contra el narcotráfico en territorio colombiano.

A pesar que dicho acuerdo, como se ha aclarado, no tiene por objeto una intervención de las tropas norteamericanas más allá del territorio colombiano y, por ende, no puede afectar la seguridad de otros Estados, a petición de Chávez, UNASUR convocó para tratar el asunto a una reunión efectuada recientemente en Bariloche, Argentina.

Esta reunión caracterizada por la retórica intrascendente sólo alcanzó un acuerdo mínimo entre los participantes, reflejado en una confusa Declaración, en que se reafirmó:”que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la nación”, lo que como ya se indicó no alcanza, por su naturaleza, el acuerdo de Colombia con Estados Unidos.

Sin perjuicio de lo expuesto, la reunión de Bariloche reafirma una acción violatoria del principio de no intervención por parte de UNASUR, contraria al Derecho Internacional e instrumental al populismo de Chávez y sus aliados, como asimismo el perfil antagónico de la referida organización de facto con los Estados Unidos.

Aún más reafirmando su carácter intervencionista y antiamericano, la referida Declaración de Bariloche, ha instruido al Consejo Suramericano de Defensa, órgano subsidiario de UNASUR, que analice el texto sobre “Estrategia suramericana, Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea(AMC)” y “realice una verificación de la situación en las fronteras y eleve los estudios resultantes al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, a fin de considerar cursos de acción a seguir.

Al respecto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha señalado que el referido documento no refleja “un plan estratégico ni de política” y constituye “una evaluación de alternativas de transporte global para emergencias y ayuda humanitaria”.

Por otra parte, el Presidente pro tempore UNASUR, el ecuatoriano Rafael Correa, se ha mostrado dispuesto a convocar en un futuro, a una reunión de la organización, sobre un aspecto de absoluto carácter bilateral y de directa atingencia para nuestro país, como es el diálogo chileno-boliviano sobre una agenda de trece puntos, tema que fue planteado por el presidente peruano Alan García, retirado posteriormente por este último de tratamiento en Bariloche, como en un principio pretendió.

Todo lo expuesto, nos reafirma el perfil intervencionista y antinorteamericano de UNASUR, como asimismo su voluntad con la complicidad del Secretario General de la OEA , José Miguel Insulza, de interferir en áreas eventuales de competencia de esta última organización.

En efecto, sin perjuicio de lo ya expuesto en materia de no intervención, encontrándose implicado los Estados Unidos tanto en lo que respecta al acuerdo con Colombia como en el mencionado documento sometido al análisis del Consejo Suramericano de Defensa, y siendo, por tanto, una materia situada en el ámbito de las relaciones interamericanas, el órgano eventualmente competente, en todo caso, sería la OEA.

Al respecto, debe consignarse que la OEA establece, entre otros, como propósitos esenciales el “afianzar la paz y seguridad del continente”, como el “prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros”.

Todo ello, nos indica la inconveniencia, que mientras esta actitud y perfil de UNASUR siga el rumbo que hemos expuesto, se ratifique por nuestro país el Tratado constitutivo de UNASUR, que en todo caso, como ya se indicó ,sólo ha sido ratificado por Venezuela y Bolivia.