A propósito del nuevo Cónsul General en La Paz:
un mal precedente para la carrera diplomática y la modernización de la Cancillería

La reciente designación del nuevo Cónsul General de Chile en Bolivia, sienta un mal precedente para la carrera funcionaria, pues abre la puerta para personas designadas con criterio político a cargos que el ordenamiento jurídico reserva a funcionarios del Servicio Exterior de la República. Se trata de una señal preocupante, pues en lo sucesivo, se da vía libre para que estos cargos pasen a ser de exclusiva designación de las autoridades políticas del país.

Ello, se opone a tratados internacionales suscritos y vigentes por Chile, además de una serie de disposiciones nacionales muy claras, dictadas de conformidad con los primeros. En efecto, concurre en el caso una perforación jurídica de calibre al DFL 33/78, al Reglamento Consular y a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

En el caso concreto del recientemente designado Embajador, Ricardo Herrera, para cumplir funciones como Embajador en el Consulado general de Chile en la Paz , éste presentará un instrumento que lo habilita única y exclusivamente para ejercer como Cónsul General, de manera que radica allí un contrasentido y una incoherencia entre la resolución que lo designa y la realidad.

Podría señalarse que en la designación de Edmundo Pérez Yoma como Cónsul en La Paz , ya se había producido tal situación. Sin embargo, en tal caso el éste último fue nombrado para prestar servicios como Cónsul en el Consulado General de Chile en La Paz, a diferencia del Sr. Herrera, quien fue designado para que prestar servicios como Embajador de Chile en el Consulado General de Chile en La Paz. Es decir, sin perjuicio de los reparos de fondo con la designación en su minuto de Pérez Yoma, a partir de este último caso, resulta que los Consulados Generales, y también el resto, por qué no, podrán estar a cargo de Embajadores políticos.

El nombramiento de Herrera en La Paz resulta un precedente poco feliz para la carrera funcionaria, pero también inaceptable con motivo de otro tema en particular: el proyecto de ley que se discute sobre el voto de los chilenos en el extranjero, que deja a cargo de las Juntas Electorales en el Exterior, ni más ni menos, al Cónsul. Cuesta imaginarse tranquilamente un proceso electoral con plenas garantías si el Ministro de Fe y responsable del proceso, es un funcionario político de la exclusiva confianza de la administración de turno.

La modernización del Estado es un elemento fundamental para colocar a nuestro país en la senda del desarrollo y ella pasa ineludiblemente por el respeto y el fortalecimiento de la carrera funcionaria, que para ser sometida a altos criterios de gestión y de resultados, requiere a cambio certidumbre y espacios para su desarrollo profesional. Verdaderas entelequias como la del caso, sólo atentan contra la buena gestión y los incentivos de una carrera funcionaria que hoy está crisis.

Esta situación se produce además en un contexto de problemas en el Ministerio. Casos de irregularidades administrativas (como lo que ha trascendido sobre el sobreprecio del Edificio Carrera, sumarios internos), cuestionables designaciones en embajadas de Chile o un polémico y mal proyecto de modernización del Ministerio que se discute en el Congreso (triste señal la de partir “modernizando” con la nueva figura del “Embajador/Cónsul -político”), dan cuenta de un escenario complejo al interior del Ministerio.

El país necesita una diplomacia vigorosa y profesional. Dos terceras partes de nuestro PIB provienen de las vinculaciones internacionales de toda índole. Ese es el modelo adoptado por Chile y que le ha permitido un mayor nivel de desarrollo al que acusaba hasta antes de la apertura hacia el mundo. Sin embargo, señales como las comentadas en este artículo, van en un sentido contrario.