Las penas alternativas son una política prioritaria en el
Programa de Gobierno de Sebastián Piñera 2010-2014

No debemos olvidar que el 50% de los condenados nunca van a la cárcel. Muchos de ellos están insertos en el mundo delictual y requieren un sistema de cumplimiento de pena eficaz. No obstante, la oferta pública se extiende a un sistema de represión parcial que puede ser fácilmente incumplido.

Un nuevo sistema de penas alternativas es otra promesa incumplida por este Gobierno. Lo relevante es que es un tema demasiado importante como para dejar pasar el tiempo sin concretar lo prometido. Es uno de los legados más grande que pueda dejar un gobierno en materia de seguridad ciudadana.

En el compromiso número 5 del Acuerdo de Seguridad Ciudadana el Gobierno actual se comprometió a enviar en marzo del año 2008 un proyecto de ley que modificara la ley 18.216 que establece las penas alternativas a la cárcel (remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna).

En abril de 2008, el Ministerio del Interior cumplió parcialmente con este compromiso. Ingresó a tramitación legislativa el proyecto de ley boletín número 5838-07. Lamentablemente, este proyecto no modificaba el sistema y no establecía los objetivos concretos que debía tener para que realmente fuera un aporte para la sociedad. Por ello, los parlamentarios de la Comisión de Constitución de la Cámara le solicitaron al Ministro de Justicia que ingresara un proyecto que significara un verdadero fortalecimiento del medio libre de cumplimiento de condenas, que sirviera de contrapeso a la crisis carcelaria.

1 año después, los parlamentarios de la alianza siguen esperando el nuevo proyecto de ley . Lo peor de todo es que el Gobierno decidió quitarle la urgencia. 

Los condenados a una medida alternativa son 50.000. De ellos, pocos acceden a rehabilitación (en materia laboral sólo hay cupos para el 4,3% de los condenados -2.199-) y están sometidos a un control insuficiente, que está a cargo de Gendarmería. Hay muy pocos delegado por condenados. En el caso de la libertad vigilada hay 1/60 (estándar técnico 30), en el caso de la remisión condicional hay 1/400 (estándar técnico 200) y en la reclusión nocturna también hay un exceso.

Este “contrapeso de la política penitenciaria” en nuestro país es una balanza que se desmorona igual que el sistema penitenciario.

La inexistencia de una política pública penitenciaria está zanjada. El único esfuerzo que se ha realizado en esta materia es la construcción de las 6 cárceles concesionadas que se encuentran en funcionamiento, proceso que no ha estado exento de incumplimientos y grandes defectos. El Presidente Ricardo Lagos se comprometió en su discurso del 21 de mayo de 2002, a terminar la construcción de 10 cárceles de este tipo antes que finalizara su gobierno. Aún faltan 4.

Se debe reconocer que tenemos una crisis carcelaria que debe ser enfrentada eficientemente por el Poder Ejecutivo. La Construcción de las 10 cárceles concesionadas no solucionará todos sus problemas. Es fundamental establecer un sistema eficiente de penas y medidas alternativas que parta por: