Nº 680
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El año 2007 Chile fue invitado a convertirse en país miembro de la OCDE. Para lograr esta incorporación, el gobierno ha debido llevar a cabo una serie de acciones con el fin de cumplir con los requisitos de la organización. Esta labor se ha intensificado en los últimos meses, denotando una cierta urgencia del ejecutivo por concretar esta incorporación en su administración. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro intergubernamental en el cual participan 30 países que se adhieren a los principios de la democracia y del libre mercado. En esta organización los países miembros intercambian y comparan experiencias de política y económicas con el fin de identificar las políticas y prácticas económicas más adecuadas y desarrollarlas de manera coordinada a nivel nacional e internacional. El trabajo de la OECD se fundamenta en la consecución de los siguientes objetivos(1): • Apoyar el crecimiento económico sustentable • Potenciar el empleo • Mejorar los estándares de vida • Mantener la estabilidad financiera • Colaborar con el desarrollo económico de otros países • Contribuir al crecimiento del comercio mundial. A través de la sede de la OCDE en París se produce un intercambio de información entre dicha organización y los países miembros con el fin de lograr los objetivos citados anteriormente. Este trabajo de estudio y análisis convierte a la OECD en una de las principales entidades publicadoras de estudios en las áreas de economía y política pública. Asimismo, su centro de recopilación de estadísticas es uno de los más grandes y confiables a nivel mundial. En 2007, dentro de la nueva estrategia de la OCDE de incorporar a economías en desarrollo que se muestran adheridas a los principios fundamentales de la organización(2), Chile fue invitado a convertirse en país miembro. El que se convierta en país miembro trae significativos beneficios, los que se pueden agrupar en dos áreas. Primero, esto constituye una señal de aprobación poderosa que beneficia al país, principalmente en lo que se refiere a recibir mayor inversión extranjera. Segundo, se tendrá acceso a la cooperación del área de estudios de esta organización, lo que permitirá disponer de asesorías técnicas y académicas para la elaboración de políticas públicas de calidad y el desarrollo del país. Aunque esto indica que somos considerados por esta organización y sus países miembros como un país estable, con buenas políticas económicas y un sólido compromiso con las instituciones, esto no significa en ningún caso que Chile sea un país desarrollado. Observando los instrumentos de medición de la OCDE para evaluar el avance en distintas materias se puede observar que los indicadores de Chile distan mucho de la media de los actuales países miembros. En educación, por ejemplo, el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA) sitúa a Chile en el puesto 40 de los 57 países que tomaron el examen. Asimismo, en su informe sobre el mercado laboral chileno, se observa que los índices de pobreza y de desigualdad son superiores a todo el resto de los países de la OCDE. Dicha organización ha hecho también observaciones acerca de la participación laboral femenina y juvenil, en ambos el índice promedio de los países de la OCDE duplican los índices chilenos. Cabe destacar que dentro de los procedimientos llevados a cabo para la incorporación de Chile a la OCDE, ésta ha debido elaborar un minucioso análisis sobre la situación actual de una serie de temas de interés público para así evaluar si el país cumple con los principios fundamentales definidos para cada ámbito analizado(3). A pesar de que la mayoría de los informes de la OCDE fueron recibidos en 2007 y 2008, se ha observado que recién en estos últimos tres meses el Ejecutivo ha buscado implementar la mayoría de las iniciativas necesarias para cumplir con los requisitos solicitados, enviando al Congreso dos proyectos de ley con suma urgencia, y dándole esta urgencia a un tercero que se encontraba en tramitación desde 2007. Se observa que el Ejecutivo está haciendo grandes esfuerzos por lograr la incorporación de Chile a la OCDE en el menor tiempo posible, impulsados probablemente por el elevado dividendo político que significaría para el gobierno el haber logrado incorporarnos bajo su administración a la OCDE, “el club de los países ricos”. La respuesta del gobierno a las recomendaciones y requisitos de la OCDE ha sido dispar. Para algunos de estos requisitos existían ya proyectos de ley en el Congreso. Es el caso de las recomendaciones relacionadas con la modernización de los gobiernos corporativos de las empresas públicas y Codelco. Al proyecto de ley que modifica el Estatuto Orgánico de Codelco(4) se le dio suma urgencia en marzo de este año, a pesar de haber sido ingresado 2 años antes. Lamentablemente, la urgencia de tramitación para este proyecto está más relacionada con el poder recibir el aporte extraordinario de US$1.000 millones, comprometido como parte del plan fiscal de reactivación económica para la crisis, que con la necesaria mejora en el gobierno corporativo de dicha institución. El segundo proyecto de ley, que perfecciona los regímenes de gobierno corporativo de empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación(5), no ha tenido avance alguno en el Congreso desde que inició su tramitación legislativa el 29 de abril de 2008. Para cumplir con los requisitos de consagrar la Convención para Impedir el Cohecho a Funcionarios Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales(6), el gobierno envió el 31 de marzo de 2009 un proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en determinados delitos, incluyendo el de cohecho(7). Cabe destacar que ya existían proyectos de ley anteriores enviados con el mismo objetivo(8). En relación a la solicitud de modificar la regulación del secreto bancario de manera de permitir el intercambio de información entre agencias tributarias con el fin de evitar la doble tributación, se envió el 29 de abril de este año un proyecto de ley al Congreso(9). Éste, además de darle las facultades solicitadas por la OCDE al Servicio de Impuestos Internos, le concede a este servicio la posibilidad de acceder a información bancaria en todos los casos en que estime conveniente con el fin de aplicar y fiscalizar la legislación tributaria. Este tema resulta controversial puesto que al darle libre acceso al SII a la información bancaria se estaría vulnerando el derecho a la privacidad de los ciudadanos. La OCDE también ha hecho una serie de recomendaciones en relación a temas laborales y medioambientales. En dichas materias no se han observado mayores iniciativas por acoger estas asesorías. Más específicamente, en materia laboral, sólo algunos de los temas han sido acogidos por el gobierno e introducidos al debate público, como por ejemplo la profundización del seguro de cesantía. Sin embargo, las recomendaciones de la OCDE en relación con aumentar la flexibilización laboral no han sido acogidas, a pesar de que esta institución estima que llevar a cabo políticas orientadas a flexibilizar el trabajo permitiría aumentar el empleo, principalmente en mujeres y jóvenes, grupos en donde la participación laboral es preocupantemente baja. El manejo del gobierno en lo referente a la incorporación de la OCDE ha mostrado que, más que tener un genuino interés por el crecimiento y el desarrollo, se ha centrado en que el país sea ratificado como miembro lo antes posible. El pertenecer a la OCDE sin duda que resulta un impulso y apoyo importante para convertir a Chile en un país desarrollado, pero no se debe olvidar que esta incorporación constituye un medio, y en ningún caso un fin, para lograr mejorar los estándares de vida en Chile.
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Lilí Illanes F.