La justificación de los aportes extraordinarios a los municipios

Hace pocos días se publicó una ley(1) que faculta al Fisco para realizar un aporte extraordinario de 20 mil millones de pesos a los municipios. Sin duda que esta contribución resultaba necesaria para solucionar la grave situación que se vivió a raíz del paro de los profesores por el bono SAE. Con todo, no sólo llama la atención la falta de transparencia que ha rodeado a este conflicto, sino también el que existe en torno a las finanzas municipales en general.

En primer lugar, la ley señala que el objeto de la transferencia es ayudar a los municipios “a enfrentar los mayores costos que han debido asumir el presente año con motivo de la crisis económica”, en circunstancia de que fue parte del acuerdo, que puso término al problema del bono, que el Fisco realizara este aporte. Así, resulta absurdo mencionar en su texto una finalidad distinta de la que públicamente se sabe que tiene.

La poca claridad es aún más profunda, en efecto el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Mahmud Aleuy, durante la discusión la ley en la Comisión de Hacienda del Senado, señaló que la interpretación de las leyes vigentes relativas al pago de bonos adicionales a los profesores había sido un gran problema, “tal es así, que la primera cifra determinada por el Ministerio de Educación fue de 160 mil millones de pesos, después la Dirección del Trabajo dijo que la cifra era de 140 mil millones de pesos, a continuación la Subsecretaría de Educación rebajó la estimación a 91 mil millones de pesos, la Asociación de Municipalidades estableció que se trataba de 70 mil millones de pesos y la SUBDERE calculó que se trataba de 36 mil millones de pesos, por lo que ante la gran disparidad de las cifras se ha solicitado a la Contraloría General de la República que estudie y determine si efectivamente existen excedentes que den origen al pago del bono y cómo se determina su monto ”.

Resulta irrisorio que a estas alturas, después de que el Ministerio de Educación interpretara que los profesores tenían derecho al bono SAE -interpretación que no se atenía a la ley ni a los dictámenes de la Contraloría , ya que sólo procede cuando existen excedentes-, lo que tuvo como efecto un prolongado paro de los profesores, el que a su vez derivó en que los alumnos de colegios municipales perdieran clases en exceso; luego de que acordara el monto de bono, resolviendo utilizar los dineros del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación que tenían otra finalidad; una vez que la mayoría de las municipalidades han pagado la primera parte de la supuesta deuda a los profesores; y estando aprobado este aporte extraordinario; se determine si existen excedentes que lo justifiquen y la forma de cálculo, cuando era lo primero que debió resolverse.

Así, luego de importantes esfuerzos en materia de financiamiento y de graves perjuicios para la educación municipal, los alcaldes y concejales del país están autorizando el pago de un bono del que la SUBDERE tiene dudas sobre su procedencia.

Aquí cabe preguntarse qué ocurrirá en caso de que la Contraloría dictamine que no corresponde el pago de dicho bono porque no existen excedentes o que su valor es menor al que se acordó pagar. Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que era “probable que el monto del bono sea menor al que actualmente se discute y en ese caso lo pagado en exceso se imputará a lo que deba enterarse en los años 2010 y 2011” . Es de esperar que los profesores acepten esta interpretación para no terminar en un nuevo conflicto.

Por otra parte , cabe considerar que la transferencia extraordinaria fijada por esta ley es adicional al aporte extraordinario al Fondo Común Municipal (FCM) para 2009, aprobado en enero(2), el cual asciende a 26 mil millones de pesos. Con esto, el aporte extraordinario a los municipios durante el 2009, año de elecciones, ascenderá a 46 mil millones de pesos, el cual más que quintuplica el aporte fiscal directo al FCM (218.000 UTM). En esta línea destaca que la ley no incorpora ninguna forma de rendición de cuentas.

E s fundamental que los mayores recursos que se entregan a los municipios vayan acompañados de sistemas efectivos de rendición de cuentas. Además, se requiere una solución definitiva al sistema de financiamiento municipal para terminar con estas soluciones “parches” que se han convertido en una costumbre. En efecto, los años 2007, 2008 y 2009 se aprobaron aportes extraordinarios al FCM de 13 mil, 20 mil y 26 mil millones de pesos, respectivamente. Asimismo, en el último Mensaje Presidencial se anunció un aporte extraordinario al de 12 mil millones de pesos. Todo lo anterior no hace más que resaltar la necesidad de realizar una reforma estructural al financiamiento municipal que le entregue autonomía y termine con estas concesiones por gracia.

(1) Ley Nº 20.362, publicada el 4 de julio de 2009.
(2) Ley Nº20.326 , Boletín Nº 6350.