La actual Ficha de Protección Social (FPS) del 2007, que reemplazó a la antigua ficha CAS que se aplicaba desde 1980, se ha constituido en el medio a través del cual las personas de escasos recursos acceden a prestaciones y beneficios del Estado, identificando las necesidades de los hogares chilenos para garantizar su acceso al Sistema de Protección Social.

La ficha CAS utilizaba un criterio de focalización diametralmente opuesto a la FPS, ya que medía materialidad, es decir, los activos que las personas poseían. Además, la ficha CAS no contenía información sobre el tamaño y la composición familiar, ni de otras variables como niveles de escolaridad, hacinamiento, etcétera. Asimismo, no consideraba información sobre formas de precariedad de empleo, ni poseía un enfoque regional, ni diferenciaba entre zonas rurales o urbanas, lo que en definitiva es determinante en los ingresos de las familias.

En cambio, el ficha actual basa su modelo de cálculo en la vulnerabilidad de las familias, es decir, el factor determinante es el riesgo potencial de caer en la pobreza. De esta manera, para medir la vulnerabilidad, y por ende el puntaje respectivo, se considera sólo la variable de recursos económicos, los que se miden a través de una combinación entre los ingresos efectivos de las familias, y la capacidad potencial de generar ingresos de las personas, estableciéndose ambas variables en 10% y 90% respectivamente. Una variable muy importante para determinar la capacidad potencial de generar ingresos a que hacíamos referencia, es el nivel de escolaridad. Además, no se consideran gastos.

Actualmente, para calcular el puntaje que determina el acceso a los beneficios estatales, se ocupan datos auto-reportados los cuales a pesar de los compromisos realizados el año 2007 no fueron verificados. En este sentido, la insuficiencia de las bases de datos, así como la ausencia de normativa, han imposibilitado hasta el día de hoy el cruce de datos con información administrativa.

Respecto de lo último, debe recordarse que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, al cambiarse la ficha CAS II por la actual FPS, dicho gobierno se comprometió a que los datos que se auto-reportaran para la nueva FPS que se estaba introduciendo, iban a validarse mediante su cruce con las bases de datos del Estado, lo que no se cumplió. Por lo demás, ni siquiera podía cruzarse información con organismos clave como el Servicio de Impuestos Internos, lo que se ha corregido en el actual gobierno mediante la Ley del nuevo Ministerio de Desarrollo Social.

De tal manera se ha hecho patente para las autoridades que el conocimiento del puntaje de corte de los diversos programas de ayuda, así como el nivel de autoreporte por parte de las familias que reciben dichos beneficios, se ha traducido en una permanente tergiversación de los datos reportados por parte de los muchos beneficiarios, quienes declaran información que subestima su capacidad de generar ingresos para alcanzar de esta manera menores puntajes; en perjuicio de personas y familias con reales necesidades.

Asimismo, la ficha que se usa en la actualidad no considera la materialidad, lo que explica porqué a una parte de los afectados por el terremoto, que actualmente viven en aldeas y perdieron todo, tiene actualmente puntajes que no reflejan su situación real. El concepto de vulnerabilidad asociado exclusivamente a la capacidad potencial de generar ingresos, tal como se aplica en la actualidad, induce a errores tales como no contemplar los gastos familiares.

Considerando todo lo anterior, es urgente aplicar una reforma a la actual Ficha de Protección Social que incluya también aspectos materiales y patrimoniales de las personas, así como un cruce de la información autoreportada con aquella que obre en poder del SII, el Mineduc y otros organismos del Estado.

Por último, hacemos presente la necesidad de que la aplicación por parte del gobierno de una nueva ficha de protección social se haga de manera gradual, verificando y midiendo sistemáticamente la validez del instrumento y el impacto en la aplicación de políticas públicas para alcanzar la meta de superar la pobreza extrema.

Autor: Guillermo Ready S.