La idea de una reforma tributaria se gestó con fuerza durante la reciente tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2012. Se logró en ese entonces, separar la discusión de ambos temas, acordando que una vez promulgada la Ley del erario fiscal, se entraría al debate tributario. En base a lo anterior, nos encontramos ahora en un preámbulo de ideas para hacer frente a una reforma al sistema tributario. Los conceptos y esquemas varían enormemente, no obstante, se pueden vislumbrar importantes puntos de acuerdo. Entre ellos, cabe señalar que existe un espacio importante para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema operante. Sin lugar a dudas, cambios en la forma en la cual se lleva a cabo la recaudación podrían mejorar los mecanismos de integro de recursos estatales sin la necesidad de aumentar los tributos. Algo similar ocurre con la gestión del gasto, en cuyo caso una mejora impacta de manera directa la estructura e injerencia del gasto fiscal.

Lo reflejado en el párrafo precedente presenta tangencialmente la idea fuerza de la reforma tributaria que se desea desarrollar, esto es, una reforma que sea más que un mero aumento de recursos fiscales, sino que, nos lleve a mejorar la eficiencia y equidad, pero por sobre todo, permita extrapolar un sistema de gestión al aparato público.

Ahora bien, el cambio en el actual régimen tiene una influencia indexada a los acontecimientos ciudadanos actuales. En concreto, existe un importante debate sobre la necesidad de aumentar o no el gasto, en particular en lo que se refiere al gasto social. Se puede desprender entonces una dicotomía ideológica entre los agentes económicos y una parte de nuestra clase política, en cuyo caso, los primeros refutan la necesidad de un crecimiento en el gasto, señalando que el Estado cuenta con los recursos suficientes para asumir nuevas obligaciones fiscales, mientras que, el segundo grupo aboga por un gasto cada vez mayor, que en la práctica nunca será de la cuantía necesaria. Esta dicotomía alude a un problema más de fondo y que, en gran parte, ha sido la tónica de nuestro pasado fiscal: Un gasto público que por años superó nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior llevó a una fuerte presión a la regla de balance estructural, instancia que incluso llegó a un déficit estructural menor al 3% del PIB.

En base a lo anterior, el gran problema que se presenta es uno de gasto y, en particular, uno tendiente a incrementar sustantivamente el gasto social. No obstante, la falta de focalización de las políticas públicas, fue muchas veces la causa de una dilución de los resultados. Es por ello que un cambio en el sistema debe ir más allá de un mero incremento de recursos, en especial si aún no se determina la magnitud y gasto que se requerirá.

Entrando en el tema de la carga tributaria, resulta importante señalar que las comparaciones internacionales resultan dañinas. Cada economía es única y particular. No debería de extrañar entonces que, aunque se entienda que un sistema tributario óptimo será aquel que se torne progresivo, que no discriminará ente los ingresos percibidos entre los distintos autores y será simple en su aplicación (Mirrless Review), cada nación implementará un conjunto de medidas que se adecúen a su realidad particular.

El preámbulo conceptual hasta acá presentado lleva a una propuesta de reforma tributaria que aboga una mejora significativa al actual régimen y que, dé cuenta de la necesidad de establecer un mecanismo que acuñe el desarrollo sustentable.

Lo anterior se puede establecer con una reformulación al Impuesto de Primera Categoría, una eliminación de algunas exenciones del IVA, cambios en las temáticas impositivas de ciertos impuestos específicos, como a su vez, alinear una estructura de reformas que escapan el terreno impositivo y que se centran en mejorar la evaluación del gasto social o bien, incentivar la competitividad de los factores productivos, entre otras.

Al final del proceso de una reforma tributaria, ésta se debe compenetrar dentro de nuestro modelo económico y deberá coordinarse con el resto de las políticas públicas y económicas. Sólo a modo de ejemplo, está reforma tiene que ir de la mano de importantes reformas microeconómicas impulsadas por el Ejecutivo, como lo son las 50 medidas de competitividad.

Paola Cabello V., Economista Programa Económico y Social