En marzo de este año, ingresará al Parlamento el Nuevo Código Procesal Civil, con lo que parte la gran reforma a la justicia civil y comercial en Chile.  Este trabajo de revisión y modificación al proyecto inicial, fue coordinando por la comisión intraministerial conformada por los profesores Raúl Tavolari, José Pedro Silva, y Cristián Maturana, así como los decanos universitarios y especialistas que participaron del Consejo Asesor, lo que ha permitido la redacción definitiva del nuevo texto. Según ha explicado el Ministro Ribera en las últimas semanas, es que su cartera tramite el proyecto en una comisión bicameral de senadores y diputados para que, en un plazo de dos años, se cuenta con un nuevo código de procedimiento.

En el mensaje presidencial del 21 de mayo del 2010, el Presidente Sebastián Piñera anunció que “había llegado el turno de la Justicia Civil”, en referencia a la gran reforma pendiente en administración de justicia. En este sentido, el ministro Teodoro Ribera, anunció la tramitación de para marzo de 2012, señalando que en un plazo de dos años, se contaría con un nuevo Código de Procedimiento Civil.

Según datos del Poder Judicial, anualmente se reciben 3 millones de causas, donde aproximadamente el 60% de estas corresponden a causas civiles, el 19% a causas penales, el 13% a Familia, el 6% a cobranza y el resto a materias laborales, incluyendo los anteriores procedimientos laboral laborales y penales.

Lo anterior, sucede sobre una plataforma jurídica basada en un código que data originalmente de 1902, reformado en el paso del tiempo, pero nunca reformulado en espíritu.   Esto ha llevado a situaciones, donde la falta de adecuación del sistema a la realidad del país ha sido criticada porque los procesos pueden llegar a durar muchos años, en donde las resoluciones son dictadas por funcionarios muchas veces con escasa formación jurídica (muchas veces no son abogados, o egresados o al menos con estudios jurídicos en algún instituto profesional); además de sistemas de notificación a las partes y fallos de mala calidad, explican la negativa percepción que tiene la ciudadanía del sistema procesal civil actual.

Colapso estructural

El Ministerio de Justicia, explica en la motivación de la discusión del proyecto de esta normativa, que los antecedentes generales que se manejan sobre el actual Código de Procedimiento Civil, dan cuenta de una justicia que no está funcionando bajo los parámetros que funcionan las últimas reformas.

En relación a la duración de los procedimientos algunos estudios realizados por organizaciones académicas y de la sociedad civil, indican que los Juicios Ordinarios presentan un promedio de duración de 2009 días, los Juicios Ejecutivos, 785 días y los Juicios Sumarios 707,4 días. Además, los Juicios Ejecutivos, durante el 2005, se dieron en un 73.65% a nivel nacional, cifra que aumenta a un 87,4 % en la Región Metropolitana”[1].

Reforma en camino

Es por situaciones como las anteriormente descritas que los gobiernos han venido desarrollando una renovación íntegra del sistema de Justicia en un proceso iniciado en la década del noventa, cuando se aumentó el número de Ministros de la Corte Suprema y se especializó el conocimiento de las salas que integran dicho tribunal; se creó la Academia Judicial, permitiendo una preparación especializada de las nuevas generaciones de jueces.

Posteriormente, a finales de 1999, se iniciaron las reformas procesales, iniciando dicho proceso con el establecimiento de un nuevo sistema procesal penal, cumpliendo con una antigua aspiración: instaurar en Chile un proceso oral.

Las labores de diseño legislativo de esta importante reforma comenzaron con una especial convocatoria, en mayo de 2005, por parte del Ministerio de Justicia a destacados académicos especialistas en Derecho Procesal, representantes a su vez de diversas Universidades e instituciones integrantes del mundo jurídico, así como también de diversos intervinientes del amplio y diverso campo del Derecho. Fue así como académicos, magistrados, abogados litigantes y destacados personeros del mundo público se reunieron en el denominado “Foro Procesal Civil”, con el claro objetivo de entregar a Chile una nueva justicia civil.

Este Foro sesionó desde el año 2005 al 2008, y a partir de estas bases, se redactó un informe[2], que sirvió de base para el proyecto de ley.

Finalmente, en abril del 2009, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, presentó el Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil (boletín 6567-07).  Con las elecciones presidenciales del 2010, las nuevas autoridades retiraron la urgencia simple al proyecto de Ley, suspendiendo su tramitación hasta una completa revisión del articulado. Para ello, se convocó a una Comisión Intraministerial de 6 miembros, compuesta por los abogados Raúl Tavolari, José Pedro Silva, Cristián Maturana, Francisca Werth y Renée Rivero , de los cuales 3 fueron miembros del anterior “Foro Procesal Civil”, a lo que se sumó la participación directa del Ministro Bulnes.

Durante el 2010-2011 la Comisión Intraministerial realizó entregas parciales del articulado revisado del Código para someterlo a comentarios por el Consejo Asesor, una comisión ampliada con otros actores regionales. Una vez  asumido el nuevo Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se comprometió a cumplir los plazos estipulados originalmente para presentar el proyecto revisado para su discusión al Parlamento.

Contenido del proyecto

La Reforma Procesal Civil será una reforma de procedimientos, pero más aún, implicará una nueva concepción del sistema de enjuiciamiento civil. Todo ello, mediante procedimientos simples y desformalizados que permitan un real y efectivo acceso de las personas a la justicia y que en su fase jurisdiccional cuente con un procedimiento oral, público, concentrado, contradictorio, con inmediación y prohibición de delegación de funciones propias del tribunal. Esto permitirá al órgano jurisdiccional, en forma razonada y fundada, determinar la existencia de los hechos a través del sistema de la sana crítica, a fin de dictar en forma expedita una sentencia justa.

En notas de presenta publicadas por el diario El Mercurio, otros cambios propuestos como la digitalización de los expedientes, notificaciones por Internet, simplificación y unificación de los procedimientos, eliminación de la dúplica y la réplica, modificaciones al régimen probatorio, reforma de los recursos procesales, incorporación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, desjudicialización de las cobranzas judiciales (que constituyen el 80% de los asuntos de que conocen los juzgados civiles) y la transferencia de las tareas administrativas de los jueces a un administrador del tribunal- son modernizaciones urgentes que están fuera de toda discusión.

Lo que se viene

En su cuenta anual del año 2011, el ministro Ribera adelantó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, y el nuevo Código Procesal Civil serán las grandes tareas para 2012, y que ambos ingresarán a tramitación en el Congreso en marzo de 2012.

La idea explicó el ministro al diario Estrategia es que su cartera trámite el proyecto en una comisión mixta de senadores y diputados para que, en un plazo de dos años, se cuente con un nuevo Código Procesal Civil. A la vez, señaló, se avanzará con el Poder Judicial en la reformulación de la orgánica de los tribunales.

Con la presentación de estos proyectos, se iniciará la nueva gran transición en materia de justicia, la que afectará nuevamente a los ciudadanos de forma positiva, ya que se pretende cumplir con principios de acceso a la justicia oportunidad, celeridad procesal, ahorro y certeza jurídica en los actos o contratos y en la diversidad de hechos que sean sometidos al a justicia civil.