Editorial:
NEGOCIACIONES DEL P4 + EE.UU.

COMENTARIOS SOBRE LA DECLARACIÓN DE UNASUR RESPECTO A LA SITUACIÓN EN BOLIVIA

Samuel Fernández Illanes* 

La Declaración de tres párrafos declarativos y nueve puntos efectuada por los Presidentes, Ministros y Embajadores, representantes de los 13 países miembros de UNASUR, en Santiago el día 15 de septiembre último, llamada “Declaración de La Moneda”, merece ser comentada, por su relación directa sobre la situación boliviana que la convocó, así como por sus eventuales implicancias para la región y nuestro país; en particular, si fue citada por la Presidencia Pro-Tempore, que ejerce la Presidenta de Chile.

Se trata de un documento con magros resultados, magnificados sólo por el hecho de que UNASUR actúa por primera vez al reunirse en Santiago y posiblemente innecesario, si se analizan sus efectos reales para Bolivia, así como para la institucionalidad multilateral de la región.

Comienza por considerar la situación de Bolivia y recordar que el tratado constitutivo de UNASUR (Brasilia, mayo 2008), consagra el irrestricto respeto a la soberanía, a la no ingerencia en los asuntos internos, a la integridad territorial e inviolabilidad territorial, a la democracia y sus instituciones y al irrestricto respeto a los Derechos Humanos. A primera vista, se reafirman estos principios esenciales consagrados por la Carta de la OEA así como por la de las Naciones Unidas y muchos otros instrumentos internacionales vigentes, entre los cuales está la Declaración también de Santiago hecha en la reunión de la OEA. Sin embargo, una lectura más profunda permite ciertas interrogantes. ¿La soberanía e integridad territorial de Bolivia está amenazada por quién y de qué manera? ¿Cuáles son las tropas extranjeras que la amenazan dentro del territorio boliviano o fuera de él? Luego, a propósito de la no ingerencia en los asuntos internos bolivianos, ¿quién la practica?, más allá de la propaganda anti-imperialista, difusa y declamatoria. Las respuestas parecen obvias. Sólo un país ha declarado inequívocamente su propósito de intervención, y ha quedado demostrado en los hechos tal acción: Venezuela y su Gobierno. También, ¿quién está abiertamente interviniendo en conjunto mediante la Declaración suscrita y las acciones adoptadas?. Nuevamente la respuesta es igualmente evidente: los propios miembros de UNASUR, aunque haya sido solicitada la reunión, como se afirma, por el Gobierno boliviano. Las menciones siguientes a la democracia y los derechos humanos, son plenamente pertinentes aunque constituyan una mera repetición de principios fundamentales.

El párrafo continúa con un juicio de valor correspondiente a una posición política determinada respecto a lo ocurrido en Chile, al “recordar los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar conmovieron a toda la humanidad”, en alusión clara al Golpe Militar en Chile, una aseveración que en nada se relaciona con Bolivia actualmente. Ninguna fuerza militar boliviana intenta un golpe de estado. Asimismo, implícitamente, además, se reconoce que la situación del Presidente Morales, podría equipararse a la de Salvador Allende hace 35 años. Una comparación que en nada le favorece, teniendo en cuenta el fracaso de la experiencia de la Unidad Popular en Chile, el golpe militar, sus consecuencias, y la división del país, que en muchos aspectos, todavía perdura. Hay que recordar que el Gobierno del Presidente Allende se autodefinió como no representativo de todo un país, sino sólo de un sector, lo que no vendría sino a ratificar otro tanto para el gobierno boliviano de hoy, y por ende sus desafíos. (Preámbulo).

El otro párrafo declarativo, expresa que ante los graves hechos en Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los países de UNASUR acuerdan los siguientes puntos de la Declaración. En verdad, al afirmar lo antedicho, los países miembros de UNASUR asumen lo que le correspondería directamente al Gobierno boliviano, el cual pareciera haber encontrado en el apoyo exterior la unidad y control institucional que no presenta en el plano interno, lo que lo coloca en una situación desmedrada. Asimismo, se produce la paradoja de que en tal caso, y en contra de las normas internacionales por todos reconocidas, una situación interna de un país es monitoreada por países foráneos. Todo lo cual trastoca la juridicidad regional, más allá de las legítimas posiciones que cada país adopte sobre lo que soberanamente se decida por los propios bolivianos. (Preámbulo).

En la parte Dispositiva de la Declaración, que más bien sigue siendo declarativa, respaldan al Gobierno Constitucional del Presidente Morales y a su reciente ratificación por un Referendum, lo que ciertamente nada aporta a la situación boliviana misma ya que no podría haberse consignado algo diferente. (Punto 1).

Declaran, que rechazan y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de Bolivia, todo lo cual no hace más que repetir lo acordado para todos los países y para todos los casos del sistema interamericano, desde antiguo. Y todo lo cual tampoco ha impedido golpes de Estado, revueltas civiles y derrocamiento de gobiernos constitucionales, particularmente en Bolivia y otros países de la región. Sólo se avanza en la actitud exterior de los países, lo que ciertamente en nada decide lo que internamente pudiere ocurrir, que se hace nuevamente por consideraciones externas. (Punto 2).

Hay condena al ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que, se afirma, buscan la desestabilización, se exige la devolución, como condición del diálogo. Nada se menciona sobre las causas de tales hechos, en flagrante parcialidad sobre lo ocurrido. Igualmente, la Declaración incurre en otra abierta intromisión en los asuntos internos de Bolivia, exigiendo condiciones para el diálogo que corresponden los decida el propio Gobierno Boliviano, sin interferencias extranjeras. (Punto 3).

Se hace un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados para que tomen las medidas necesarias para cesar la violencia, intimidación y desacato de la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido. Lo que no es más que un llamamiento lírico, evitándose toda referencia a las causas reales que motivan tales cuestionamientos, como respuesta a las imposiciones gubernativas, de que se adopte una nueva Constitución, la que sólo corresponde al pueblo boliviano decidir. (Punto 4).

Condena la calificada “masacre en Pando” y reitera el respaldo al Gobierno para constituir una Comisión UNASUR para investigarla y que no quede en la impunidad. Tampoco hay objetividad ni ánimo analítico imparcial, pues prejuzga la propia investigación anticipando culpabilidades. Hay plena capacidad de los miembros de UNASUR de condenar tales hechos, pero muy distinto es que constituya una comisión para investigarla, saltándose instancias ya acordadas que tendrían competencia para hacerlo y debilitando su accionar, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, por citar sólo los del ámbito regional. (Punto 5).

Instan a la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y concertar la búsqueda de una solución sustentable, pero sin señalar las causas que inciden en los intentos autonómicos departamentales, precisamente, por no someterse a las imposiciones del gobierno para una nueva Constitución Política que rechazan; y siembran dudas sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas Bolivianas, las que han reiterado y avalado con su actuación, el que no intentan derrocamiento alguno del Gobierno Constitucional del Presidente Morales. (Punto 7).

Acuerdan una Comisión Abierta, coordinada por la Presidencia Pro-tempore(Chile), para el diálogo conducido por el propio Gobierno boliviano. Estamos aquí frente a un caso sui generis y contradictorio, pues un país sin relaciones diplomáticas con Bolivia, el único de UNASUR, y con el cual Bolivia argumenta desde hace largos años una pretensión de acceso soberano al Océano Pacífico en razón de su mediterraneidad, será quien justamente presida y auxilie el diálogo interno boliviano. Una tarea ciertamente desproporcionada y temeraria para Chile, pues implica más riesgos exteriores a futuro que eventuales logros sobre la actitud boliviana respecto a nuestro país (Punto 8).

Y finalmente, se crea otra Comisión de apoyo y asistencia. Es decir una Comisión que apoya a otra, como si anticipara que la conducida por la Presidencia Pro-tempore, o por quién la represente, no llegará a ningún arreglo satisfactorio. Nada se dice sobre las competencias de ambas comisiones, que pasan a ser las únicas propuestas concretas de la Declaración. (Punto 9).

Tal vez lo más decidor de la antedicha Declaración no sea lo que contiene, sino lo que no dice. Entre otros asuntos no contemplados, tenemos:

La OEA no se menciona ni a ella se le encomienda nada, a pesar de la presencia de su Secretario General en la reunión. Vale decir,hay una sustitución incompleta no representativa de UNASUR al Organismo más antiguo y competente para examinar los asuntos regionales, creado precisamente para ello y que cuenta con un mandato expreso para el caso boliviano. UNASUR descarta la OEA por desconfiar de ella, si bien los principios democráticos que invoca fueran acordados en Chile en una reunión de la Organización. Igualmente UNASUR es convocado y presidido precisamente por la presidencia chilena, mientras el Secretario General de la OEA también chileno y claramente aspirante a ser pre-candidato presidencial, es ignorado. Una confusión de nuestra política exterior inexcusable.

En ninguna parte de la Declaración se alude al principio de autodeterminación de Bolivia, garantizado, reiterado y consagrado en numerosos instrumentos internacionales regionales y de las Naciones Unidas, así como expresamente reconocido en la Declaración de Santiago de Chile suscrita por los propios integrantes hoy de UNASUR, en el marco de la OEA. Dicha autodeterminación, sin ingerencias de UNASUR o de cualquier otra organización o grupo, debería garantizar lo que soberanamente decida el propio pueblo boliviano, y no lo que le intente imponer el gobierno de turno.

Ambos puntos anteriores apuntan claramente al debilitamiento de la OEA, aunque no sea el propósito enunciado, y contradicen el reiterado multilateralismo como objetivo de nuestra política exterior.

En ningún momento, tampoco se alude a los resultados electorales adversos al gobierno central, obtenidos en los Departamentos en que la ciudadanía se expresó libre y democráticamente por sus Prefectos no coincidentes con el gobierno de La Paz. Un aspecto fundamental si se desea realmente comprender la difícil situación boliviana.

Asimismo, se han acordado materias que contradicen la tradicional posición chilena de no reconocer competencias a los organismos internacionales para resolver asuntos internos, o asuntos claramente bilaterales, como el caso de la Mediterraneidad boliviana u otros, que podrían potencialmente verse afectados. Desde el momento en que se reconoció a UNASUR capacidades que no posee, por ser eminentemente un grupo coordinador de procesos de integración regional se podría, igualmente llegado el caso, ser llamado a pronunciarse sobre la mediterraneidad boliviana o sobre el juicio limítrofe que Perú ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia. Si así ocurriera, se rompería fatalmente una línea tradicional de nuestra política exterior, por causas coyunturales y por seguirse tendencias políticas dominantes dentro del propio UNASUR.

Finalmente, hay que consignar que UNASUR, si bien tiene todo el derecho de constituirse como grupo de países de América del Sur, constituye un grupo subregional que en la práctica intensifica políticamente la división regional, al excluir Canadá y los Estados Unidos, toda Centroamérica, México y los países de Caribe, desintegrando la unidad y la efectividad de la OEA, como ha quedado demostrado. Situación que se ha materializado inclusive dentro del propio UNASUR, cuyo quiebre interno ha quedado demostrado por las recientes explicaciones exigidas al Canciller chileno por el venezolano, al referirse a los intentos del Presidente Chávez por imponer su protagonismo y posiciones rupturistas.

Un análisis desapasionado y con visión de más largo plazo, permite concluir que los loables intereses de proteger al legítimo gobierno de Bolivia y precisar las posiciones externas de los países miembros de UNASUR al respecto, no debieran comprometer en modo alguno la institucionalidad regional, ni debilitar sus organismos representativos, ni mucho menos, abrir potenciales condicionantes para nuestra tradicional política exterior, y sus trascendentes acuerdos comerciales internacionales. Sobre todo si pudieren verse alteradas negativamente las relaciones vecinales permanentes por sobre momentáneos beneficios.