Área Legislativa

Centra su labor en un extenso programa de asesoría parlamentaria, que incluye:

•      Reuniones periódicas de coordinación con los parlamentarios

•      Informes de proyectos de ley en tabla en el Congreso

•      Responder consultas de parlamentarios sobre materias legales y constitucionales

•      Preparación de documentos -intervenciones, oficios y minutas-, sobre temas jurídicos y de actualidad

•      Estudios en profundidad sobre materias específicas e informes en derecho sobre temas constitucionales, legislativos o reglamentarios

•      Mociones, indicaciones y proyectos de acuerdos para ser presentadas por parlamentarios

Los principales proyectos, que fueron abordados por esta área, durante el año 2012 fueron:

1) Proyecto de Ley que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones. (Boletín Nº 8091-21). Este es el proyecto que modifica la Ley de Pesca y busca garantizar el uso sustentable de los recursos pesqueros nacionales, en cuanto se trata de un recurso natural cuyo aprovechamiento sustentable debe ser cautelado por la Autoridad, con el objeto de que las generaciones futuras puedan aprovechar estos recursos. Además, contempla que tal aprovechamiento deba efectuarse en armonía con el medio ambiente, asegurando de esta manera la viabilidad del sector pesquero nacional.

2) Proyecto de Ley que Establece el nuevo Código Procesal Civil. (Boletín Nº 8197-07). Este Proyecto, que refunda la justicia civil chilena, comienza una de aquellas reformas que se han hecho denominar “proyecto país”, cuyo fin es dotar de prestigio al sistema democrático, consolidando aún más nuestro sistema de justicia en la protección sustancial y no meramente formal de las garantías fundamentales. La dedicación exclusiva de los jueces a las labores jurisdiccionales, la aplicación preponderante de la oralidad, la inmediación, la flexibilidad probatoria, la sana crítica – con exigencias concretas de una conducta ajustada a la buena fe y una fundamentación adecuada de los fallos – y una racionalización del sistema de impugnaciones, elevarán a la justicia civil y comercial a los estándares de otras reformas hoy vigentes, tanto en nuestra legislación como en el derecho comparado, completando el impulso iniciado por el país hace más de una década.

3) Proyecto de Ley que  Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un Plan Garantizado (Boletín Nº 8105-11). Este proyecto pretende sentar las bases de una nueva institucionalidad, dentro del sistema de Instituciones de Salud Previsional, mediante instrumentos que permitan aumentar la solidaridad y la trasparencia del sistema.  Para ello, se propone –en lo fundamental- modificar el régimen de financiamiento del Sistema de Salud Privado, a través de la creación de un Plan Garantizado de Salud y otorgar nuevas herramientas, que faciliten el análisis de los ajustes de precios que realicen las Isapres.

4) Proyecto de Ley que Regula la carretera eléctrica. (Boletín Nº 8566-08). Este proyecto, clave en la Estrategia Nacional de Energía delineada por el actual gobierno, en esencia modifica la regulación de la transmisión troncal, entregando las herramientas necesarias para que el Estado, mediante la declaración de utilidad pública de determinadas líneas de transmisión, imponga las servidumbres y licite la construcción y operación de las líneas de transmisión. Asimismo, este proyecto será de máxima utilidad para promover la instalación de plantas de generación eléctrica sustentadas en las denominadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

5) Proyecto de Ley que establece Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas. (Boletín Nº 8270 Nº 08).  En el marco de la Estrategia Nacional de Energía y como una parte clave de la Carretera Eléctrica Pública, el proyecto tiene como objetivo primordial simplificar el procedimiento para obtener una concesión eléctrica, con el fin de disminuir los tiempos que toma obtener una concesión, facilitando y acelerando las inversiones en transmisión de energía eléctrica.

6) Proyecto de Ley sobre interés máximo convencional. (Boletin Nº 7786-03, Refundido con: 7890-03 / 7932-03). El objetivo principal de esta iniciativa es reducir la magnitud máxima permitida para los intereses en los créditos de hasta unos $4,3 millones (200 UF, en pesos, a más de 90 días), con el fin de evitar que se cobren tasas de interés, que van más allá de lo que es necesario y se abuse a veces de la falta de preparación y escasez de conocimientos financieros de muchos deudores de esta categoría de créditos, pero cuidando de no perjudicarlos, dejándolos fuera del acceso a los mercados formales de crédito o induciéndolos a aceptar créditos no regulados, donde los abusos son la norma y no la excepción.

7) Proyecto de Ley sobre Administración del borde costero y concesiones marítimas. (Boletín Nº 8467-12). Este proyecto tiene como objetivos: (i) regular el proceso de fijación y modificación de la Política Nacional del Uso del Borde Costero, radicando en el Ministerio de Bienes Nacionales su administración y coordinación, (ii) regular el proceso de Zonificación del Borde Costero, a lo largo del territorio nacional, en aquellas áreas que no se  encuentren ya reguladas por un instrumento de planificación territorial, estableciendo usos preferentes que permitan compatibilizar los derechos de los particulares con las necesidades de la comunidad y del país y (iii) establecer un nuevo Régimen de Concesiones Marítimas, entregándolas a la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales, mejorando la eficiencia y rapidez en el otorgamiento, renovación, modificación y transferencia de las concesiones marítimas, con mayor seguridad jurídica a sus titulares.

8) Proyecto de Ley que Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales. (Boletín Nº 7328-03). El proyecto propone establecer un régimen optativo y simplificado para constituir, modificar y disolver sociedades y empresas individuales de responsabilidad limitada, salvo las anónimas abiertas y otras especiales. La finalidad es disminuir los tiempos y costos para constituir una empresa. El modelo se dirige principalmente a facilitar la constitución de sociedades en sectores que actualmente funcionan fuera del sistema, como micro emprendimientos, que se mantienen en el mercado informal.