Nº 82 La Honra Municipal: Un Atributo que merece Atención

Introducción

Recientemente una noticia que, como tantas otras debió pasar relativamente desapercibida, siendo una más de tantas, sin consecuencias posteriores, lamentablemente, por la trascendencia política que ella representaba, sobre todo en el escenario actual, en el que se encuentra programada una jornada electoral importante, como lo es la presidencial, de senadores y diputados y consejeros regionales, a realizarse en pocas semanas, tuvo consecuencias que han perdurado en el tiempo y, según puede avizorarse, los efectos provenientes de ella se mantendrán mucho más de lo deseado por sus protagonistas y, en general, por la sociedad chilena.

Nos referimos a la noticia que expuso el Programa televisivo INFORME ESPECIAL, de la señal de Televisión Nacional (TVN), denominado “Los tentáculos narcos en San Ramón”[1], la cual tuvo como cuña la siguiente: “Detectamos cómo una banda de narcotraficantes se infiltró en el municipio de San Ramón burlando todos los controles. El problema es que estaban contratados a honorarios. ¿Quién autorizó esos contratos?”.

Pues bien, el problema que nace de este tipo de reportajes no solo tiene consecuencias directas de tipo administrativo y político, sino que también de orden jurídico criminal y, lo que resulta más grave, de tipo social. En efecto, no cabe duda que la noticia expuesta en la forma que lo ha sido no sólo relaciona a una administración edilicia con redes criminales, específicamente, con narcotraficantes, sino que – y esto es lo delicado – a la comuna misma y, por supuesto a todos sus habitantes, con una imagen delictual, haciendo, quiérase o no, sinónimos la comuna de San Ramón, con mafias o grupos criminales violentos y desatados, entregando una representación de participante en tales redes ilícitas a todo aquel que resida, trabaje o directa o indirectamente se relacione con dicha comuna, ni siquiera con la municipalidad, sino que con la comuna misma.

¿Cómo puede un vecino o vecina de la comuna de San Ramón evitar que se asocie a su persona con la imagen criminal de algunos integrantes de la Municipalidad respectiva?.

Sobre el mismo tema, otra fuente informativa, entregaba como noticia relacionada con el caso, la siguiente: “El panorama del narcotráfico en San Ramón: Comuna de acopio y venta minorista. Quienes han investigado el fenómeno en esa zona de la capital, explican que el bajo nivel de ingresos entre sus habitantes hace que sea poco atractiva para las grandes bandas que trafican droga y es definida como un sector “de bajo riesgo”. 04 de Octubre de 2017 | 08:01 | Por Francisco Águila V., Emol”[2].

En este última nota, además, se califica a los habitantes de San Ramón como personas de “bajos ingresos”, lo que significa que, por ejemplo, el sólo hecho de señalar que su residencia o domicilio se encuentra en la comuna de San Ramón, dificultará su acceso al crédito, ya que tendrá que bogar contra una corriente preestablecida y un prejuicio artificial, obligando al interesado a tener que derribar barreras de entrada, lo que, por cierto, no le sucede a aquel que dice, por ejemplo, que su domicilio se encuentra en Providencia o Ñuñoa.

Intentando responder al pregunta autoplanteada, del como puede una persona impedir que se la asocie con criminales o delincuentes, resulta evidente que es bastante difícil hacerlo, precisamente porque recae sobre los habitantes de la comuna una sanción o reproche social general, relacionado con el simple hecho que, si ellos eligieron a la autoridad comunal – al alcalde – resulta lógico pensar que tenían conocimiento de lo que dicha persona era o hacía o, al menos deben soportar las consecuencias de haber optado por nombrarlo en el cargo que ostenta y, por tanto, si él está vinculado con criminales traficantes, todos los que viven o se relacionan con la comuna también, directa o indirectamente lo están.

Lo señalado, lógicamente, resulta una aberración, pero no es demencial o extraviado el pensar que es posible extrapolar una idea como la postulada, puesto que los titulares de la noticia impactan, sin dar detalles o pormenores y, por consiguiente, estigmatizan a toda una comunidad como participe de las actividades criminales de su entorno.

Por otra parte y siguiendo con la idea central de este trabajo, hace algunos días un programa humorístico de alta sintonía, fue acusado por las autoridades de la comuna de Cartagena como atentatorio de la dignidad de la comunidad costera, ya que el sólo hecho de vincular a los protagonistas de un sketch musical con la comuna, implicaba identificar a la población con tales estereotipos de personas, de bajo nivel cultural, de hábitos vulgares y conducta liviana, obligando a las autoridades municipales, nuevamente – ya que no es primera vez que deben salir a reclamar por hechos similares – a protestar diciendo: “Municipalidad de Cartagena repudió parodia de “Morandé con Compañía”. Se trata del video musical “Te Gusta Poco”, grabado en la localidad costera. “Nos estigmatiza deliberadamente a través de la vulgaridad disfrazada de humor”, aseguraron desde la municipalidad.”[3].

En este último caso, una “banda” musical con características caricaturescas de popular y en “rehabilitación”, interpretaba uno de sus “hits” teniendo como escenario la playa y las calles de la comuna de Cartagena, lo que, obviamente, daba a entender que el sector social al que estaban dirigido su trabajo musical se adaptaba mejor – según ellos – a las características de la población del balneario de Cartagena, sin distinguir ni época estival o del resto del año, lo que implicaba que todo aquel que habitara, residiera o transitara por la comuna poseía iguales condiciones sociales y personales.

El tema, como ya se ha presentado, dice relación con el reconocimiento de un derecho constitucionalmente protegido cual es la honra, imagen o prestigio de una comunidad como un todo, sin perjuicio que, por supuesto, también alcanza a cada individuo integrante de esa comunidad, la cual no puede ni debe sufrir los efectos negativos o lesivos al honor o prestigio personal o colectivo, toda vez que no existe razón lógica para ello.

En definitiva, el problema que se vislumbra con este tipo de actitudes y hechos comunicacionales, se traduce en determinar si existen medidas para evitar este tipo de hechos o, al menos, para mitigar sus efectos, limitándolos en lo posible, especialmente, exigiendo que siempre se distinga entre aquellos que son responsables de sus propios actos reprochables, ya sea legal o moralmente, de quienes forman parte de una comunidad organizada, como lo es la comuna y la municipalidad respectiva y, aun mejor, de los integrantes del colectivo que forma parte esencial de la respectiva comuna que obligadamente debe soportar que se le relacione con algunos elementos que han actuado ilegal e ilegítimamente.

Descripción y Análisis

El problema al cual nos estamos enfrentando y que de no asumirlo con la seriedad que corresponde, expone a sectores de nuestra sociedad, representado por la “comuna”, la “municipalidad” y la población local, a una estigmatización y a una asociación global y colectiva perniciosa, pues por hechos individuales de personas que han preferido delinquir, no miden – como jamás lo han hecho por irresponsabilidad y claramente por tener un desorden social y mental grave – las consecuencias de sus actos y, por el contrario, precisamente buscan camuflar sus actos delincuenciales tratando de insertarse en una comunidad determinada, disfrazando su obrar, confundiéndose con el colectivo social, al que amenazan y extorsionan, haciéndolo rehén de sus fechorías y, arrastrando a todos a un escenario que los hace participes de una misma imagen totalmente distorsionada de la realidad.

Revisada la legislación actualmente vigente, detectamos que, increíblemente, no existe una protección o amparo real y formal al nombre, honor y honra del colectivo, esto es, de la comuna, como ente abstracto que representa a quienes conforman tal división organizacional.

La normativa que opera en protección del honor, honra o imagen de las personas, entiende que el amparo debe brindarse al individuo, ya sea que actúe como una persona o varias en conjunto, pero siempre haciendo posible su individualización.

Un trabajo de la Universidad Diego Portales ratifica lo expuesto al señalar: “5.1. La ausencia de normas especiales que protejan los derechos a la honra y a la vida privada: Nuestro ordenamiento jurídico carece de reglas especiales que regulen la reparación civil de la afectación al derecho a la propia imagen, honra y vida privada. Por tal motivo la responsabilidad civil derivada de la vulneración al principio neminem laedere o alterum non laedere se rige por las normas relativas a la responsabilidad civil extracontractual consagrada en el título XXXV, libro IV del Código Civil artículos 2314 a 2334.”[4]. Si bien esta nota sigue razonando en el orden individual, es lógico concluir que, en lo plural o colectivo la carencia es total.

La honra es un elemento subjetivo que va asociado al “nombre”, siendo éste último un atributo de la personalidad que, tratándose de personas jurídicas, se denomina “razón social”, y aun cuando una comuna posee este atributo, la abstracción del concepto mismo, al no poder vincularlo con sujetos perfectamente individualizados, ya sea por el número de ellos o por la falta de singularización de un sector preciso del territorio que la conforma o, en general, por razones de tipo práctico por sobre otras, se hace imposible, en los hechos, el asignarle el atributo del “nombre” con la exactitud necesaria para estimar viable el ejercicio de una acción destinada a proteger esa identidad y el buen nombre que es de su propiedad.

El nombre por si sólo es importante, y cuando alcanza ribetes de alta significación y calificación, incluso desde el punto de vista del propio afectado, se le denomina “honra”, ya que el nombre asociado a atributos, con características especiales en que predominan particularidades de cada sujeto, deviene en el atributo del honor personal, amparable jurídicamente.

La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define la “honra” diciendo: “De honrar. 1. f. Estima y respeto de la dignidad propia. 2. f. Buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito. 3. f. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. 4. f. Pudor, honestidad y recato de las mujeres.”.

No obstante lo ya expresado, resulta una obviedad – y así lo ha reconocido la Jurisprudencia Judicial de nuestros Tribunales superiores de Justicia -, que la “honra” también es un atributo reconocido de las personas jurídicas, de los entes colectivos, así se ha resuelto, entre otros, en el fallo dictado por la E. Corte Suprema conociendo del Proceso Rol N° 12.873-2015, al dictar sentencia con fecha 01 de diciembre del año 2015, disponiendo, en el Considerando 11°: “Que en las condiciones anotadas y compartiendo el parecer ya expresado en lo que precede, no se divisa la existencia de un motivo razonable que en la actualidad justifique excluir a las personas jurídicas del amparo constitucional que el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República contempla también en lo que concierne al aspecto objetivo de la honra, específicamente en la variante relativa a la imagen comercial y/o, a su prestigio, razones por las que resulta procedente que el recurso de protección incoado sea acogido en todas sus partes.”[5].

Siguiendo con el examen de la legislación que regula la materia del honor de las personas, cabe referirse a nuestro Código Penal, el cual en su artículo 416, define lo que debe entenderse por “injuria”, señalando que: “Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona.”.

El mismo código punitivo, en el artículo 417, determina ciertos casos que califican a la “injuria” como graves y dispone que lo son: 1°. La imputación de un crimen o simple delito de los que no dan lugar a procedimiento de oficio; 2°. La imputación de un crimen o simple delito penado o prescrito; 3°. La de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado; 4°. Las injurias que por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas; 5°. Las que racionalmente merezcan la calificación de graves atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

No obstante lo reproducido precedentemente, cabe sostener que tales figuras penales funcionan perfectamente tratándose de personas naturales, con individualización perfecta, ya que las generalidades, como hemos expuesto, no permiten configurar el delito propiamente tal. Asimismo, resulta fundamental que las ofensas injuriosas estén consignadas por escrito y se hayan efectuado con publicidad, pues de otra forma, la debilidad del caso – desde un punto de vista probatorio – impediría tener asegurada una sentencia condenatoria. Por último, nunca debe olvidarse que el sistema penal chileno califica a este tipo de delitos como de acción privada, lo que impide que sea el Ministerio Público el órgano persecutor, obligando al afectado a contratar defensa privada que será la que deberá llevar adelante la acción penal.

Como si no fuese ya complicado el escenario que enfrenta la “comuna” o “la municipalidad” para ejercer acciones en búsqueda del respeto al derecho a la honra, cabe sostener que la propia ley orgánica municipal, esto es, la N° 18.695, no contempla con la claridad necesaria, la función de la municipalidad y sus autoridades destinadas a proteger y resguardar la dignidad de la comuna o de la comunidad que la conforma.

En efecto, el artículo 4º de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone que las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar, directamente con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con ciertos y determinados ámbitos del quehacer social, pudiendo entender que habría algún tipo de competencia funcional, en aquellos campos relacionados con la asistencia social y jurídica; el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas; la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y, en general, el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, en el hecho, no se encuentra algún elemento o atribución que, primero reconozca la existencia del atributo colectivo de la imagen de la comuna o el municipio y, menos aún, de alguna facultad destinada a resguardarla.

PRECEDENTE: Hace algún tiempo en un trabajo realizado por el Instituto Libertad para asesorar a una municipalidad, se trató un caso, que afectaba también a la comuna de Cartagena, organismo que optó por judicializar el tema obteniendo, solo una reparación moral, al reconocérsele algún derecho a cautelar la honra comunal, pero, precisamente al no especificar e individualizar a personas (vecinos) directamente afectados por el ataque al honor, se desestimó la acción constitucional intentada.

En efecto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso en sentencia confirmada por la E. Corte Suprema, dictaron, en resumen, un fallo, que contiene elementos que explican la indefensión en que se encuentra una comunidad para evitar que la honra personal se vea afectada por hechos de algunos, negando de paso la posibilidad de plantear acciones de tipo universal, global o colectiva. El fallo aludido estableció las siguientes premisas.

La I. Corte de Apelaciones de Valparaíso a través de una sentencia, de fecha 17 de abril de 2014, dictada con ocasión de un recurso de protección[6] que dedujo la I. Municipalidad de Cartagena en búsqueda de amparo legal, ante lo que consideró una vulneración de derechos fundamentales por la emisión de un producto audiovisual, al que, luego, pudo tener acceso toda persona a través de la página web denominada “YouTube”.

Se trató de la creación u “obra” de un particular domiciliado en la ciudad de Santiago, el que durante un verano reciente, “efectuó una serie de grabaciones audiovisuales en los sectores de playa chica y playa grande de la comuna de Cartagena…”, bajo el título “Veraneantes en la playa”, las que fueron publicadas en el sitio web www.youtube.cl, el día 23 de enero de 2014.

El video en cuestión – dice el municipio – al estar disponible en internet “se propagó por toda la comunidad de Cartagena, quienes en su mayoría ya sea de manera formal o informal manifestaron su rechazo…”, especialmente considerando que, a la fecha de interposición del recurso, ya había recibido más de 35.000 visitas.

Esta expresión audiovisual se centró en la presentación de “cómo es un día en la temporada estival en las playas de la comuna de Cartagena…”, y su autor resaltó que la comuna de Cartagena “es famosa por ser la cuna del melón con vino, y por su curiosa biodiversidad de peces cafés (sic) – refiriéndose a las heces fecales – y las flytes que parecen cachalotes – refiriéndose a las mujeres de bajos estratos sociales con obesidad…”, destacando que el pasaje más grave del vídeo es cuando se afirma que “el desagüe de San Antonio trae consigo las aguas servidas y desechos de los habitantes de esta zona y viene a parar justo en la playa grande y chica de Cartagena, devolviendo así a la naturaleza lo que le pertenece…”, y tras lo cual le pregunta a personas en la playa su parecer acerca de que la gente “nade entremedio de la caca o mojones…” (Cita textual de la exposición de hechos realizada por la Corte de Valparaíso).

Como puede apreciarse, el asunto no es menor, si bien se trata de la acción de una persona que elabora un testimonio a costa de ciertas características que exhibe una zona específica y de los usuarios, habitantes y pasajeros que se relacionan con ella, el resultado no deja indiferente a la comunidad que se siente afectada y, más aun, agredida, reclamando que se atenta en contra de la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, como también alcanza al derecho constitucional de igualdad ante la ley y, por último, a aquella que garantiza el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Lamentablemente – a nuestro juicio – el recurso constitucional se presentó buscando amparar a “toda una comunidad”, pues – decía el recurrente – se trata en definitiva de “una vulneración al derecho al honor de toda una comunidad, un descrédito innecesario…un acto discriminatorio de los habitantes y veraneantes de nuestra comuna, una alarma pública innecesaria que se produce por la mentira del señor Torres[7], además de un acto evidentemente denigratorio…”.

La Municipalidad y la protección de la “Comunidad”: De acuerdo a lo expresado surgió la necesidad de examinar la procedencia de asumir la defensa de la “comunidad”, lo que, desde ya estimamos que, efectivamente, cabe hacerlo, no obstante lo resuelto en definitiva por los Tribunales.

En efecto, a pesar que el concepto “comunidad” que, para estos efectos, resulta ser sinónimo de la población local perteneciente a una comuna, no posee el reconocimiento de ser un ente susceptible de amparo como organización jurídicamente reconocible como un colectivo que puede exigir el respeto de derechos y, menos aun, ejercer derechos como tal, si aparece como una entidad que la ley considera como posible de recibir el apoyo – al menos – de tipo legal.

El artículo 28 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su inciso segundo, dispone que la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal podrá iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine.

De esta forma, la actuación del Alcalde de Cartagena y de su Concejo Municipal, está justificado ya que la defensa de la comunidad es un propósito aceptado y reconocido de la actuación de la asesoría jurídica municipal, lo que implica, por cierto, que la acción de protección intentada resulta totalmente procedente como lo sería cualquier acto que realizara algún municipio del país cuando la “comunidad” local estuviese afectada o en riesgo de serlo por hechos u omisiones de terceros.

Pero, siguiendo con lo resuelto en los fallos aludidos, cabe señalar que no obstante la trascendencia del caso, la clara y profunda molestia que causó esta “creación” de una persona, que, evidentemente, no actúo con fines periodísticos o informativos mostrando la realidad de la comuna de Cartagena y sus habitantes y, por el contrario, al parecer su finalidad fue la de causar un impacto mediático negativo que relacionase a la comuna de Cartagena con elementos o características desagradables o muy poco venturosas, lo que el municipio calificó hecho con un animo de “denostar y ridiculizar públicamente” a la comuna y sus habitantes permanentes o pasajeros, la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso fue negativa para los intereses del municipio de Cartagena, criterio que fue confirmado por la Tercera Sala de la E. Corte Suprema en una fallo de fecha 12 de mayo de 2014, dictado en la causa Rol Nº 10.340-2014.

El fallo en cuestión también elucubró sobre la posible colisión de derechos, por una parte la libertad de expresión y, por la otra, la protección de la vida privada y la ya citada honra o fama de la persona y, en resumen, optó por amparar el primer derecho al señalar que:

Décimo segundo: Que, no resulta difícil concluir que cuando una persona emite opiniones o comentarios, publica escritos de prensa o difunde por cualquier medio opiniones, informaciones o, incluso, creaciones artísticas de su autoría, está ejerciendo lo que se conoce como la libertad de expresión.

Esta libertad está reconocida como un derecho fundamental inherente a la dignidad de las personas.

Ella está consagrada, también, como una garantía en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas “12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”

Décimo tercero: Que, el punto en examen es de suma relevancia, habida cuenta que la infracción por parte de los órganos del Estado de derechos fundamentales, amén de su reprochabilidad intrínseca, amerita la imposición de sanciones al Estado infractor, en virtud de los mecanismos previstos al efecto en el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Es por ello que resulta necesario tener en cuenta que sobre este tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “68. Tal como ha establecido la Corte anteriormente, las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido.

No toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.”

De lo anterior aparece con nitidez que la censura previa es una conducta expresamente prohibida, tanto en el texto constitucional como a nivel de los tratados internacionales aplicables en la materia, relativos a derechos fundamentales.”.

Por otra parte, la misma sentencia dejó esclarecido que tanto el municipio como la “comunidad” no puede ver afectada su integridad síquica, como consecuencia de uno u otro acto, precisamente porque una es persona jurídica y la otra una creación intelectual que existe como concepto, pero no como un ser que posea conciencia al punto de concebir una afectación de su psiquis.

En cuanto a la igualdad ante la ley, que se alegó como infraccionada, se estableció que lo obrado por el particular autor del video, no configuró una arbitraria discriminación prohibida por la garantía constitucional citada, toda vez que aquello sólo consistió en comentarios u opiniones de una persona respecto de lo que ella observa (o lo que asegura que observa) en un determinado lugar, y de las personas que allí se encuentran o respecto de los hábitos que ellas tendrían; son sus comentarios u opiniones personales, sus apreciaciones subjetivas, los cuales en tanto solo son sus pensamientos manifestados verbalmente en nada alteran la realidad de esas personas objeto de sus comentarios. Las personas son aludidas por algunos dichos, pero no son alcanzadas por los efectos de algún acto que les cause un efectivo perjuicio.

Conclusión:

1.- Resulta claro y evidente que la comunidad integrada por todas las personas, cualquiera sea su edad, género, condición social, tiene una imagen global, particular, formada por factores múltiples, tales como los geográficos, históricos, socioculturales y, también, por el quehacer diario y permanente de sus integrantes, hombre, mujeres y niños que le dan una fisonomía especial y única a la comuna en que residen, trabajan o transitan.

2.- Que, hemos podido constatar que la legislación actual no entrega herramientas a la “comuna” ni a las autoridades con competencia para defenderla, destinadas a que como tal pueda exigir respeto y reconocimiento a su “honra” como comuna y comunidad, desconociéndose un derecho que legal y constitucionalmente tiene, y, por tanto, permitiendo que aquellos que – haciendo su trabajo y aun de buena fe – no se detengan a pensar y no adopten medidas de cuidado, que diferencien al colectivo de la individualidad y, así como exhiben o dan cuenta de información de algunos de los integrantes de la “comuna” hagan el contrapunto advirtiendo que aquello sólo representa una parte de la realidad y que, en general, las condiciones del diario vivir son otras.

3.- El Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, exige que la legislación entregue expresamente atribuciones para obrar en el sentido ya informado, de manera tal que mientras aquello no ocurra, sólo se dependerá de la proactividad y creación imaginativa de los asesores en materia legal, para intentar defender el honor comunal, entendiendo aquel como el del colectivo que forma la “comuna”.

4.- Que, por otra parte, la Municipalidad, como órgano ejecutivo y funcional destinado a administrar la comuna, carece de atribuciones claras y definidas para cautelar la imagen, el honor y las cualidades abstractas del colectivo. Cabe sostener que, un elemento de especial importancia sería que cada vez que se confeccionara un Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) se incluyera en él, un apartado que tratara el tema de la imagen, que en el ámbito privado y livianamente, se denomina “imagen corporativa”.

5.- Que, una solución que estimamos viable, para superar aquellas falencias legales que pesan sobre la Municipalidad en relación a la defensa de la “honra” comunal, es recurrir a la creación y formación de una Asociación de Municipalidades que tenga por objeto la defensa de la municipalidad y de la comuna como parte activa y presente en la sociedad, o bien, la creación de una Corporación o Fundación con igual propósito. Al menos tendrán más herramientas de trabajo en pos del objetivo señalado y más libertad en el manejo de recursos para el mismo fin, esto es, para la defensa de la Comuna, cuando como tal, sea atacada o vilipendiada por cualquier persona, por el medio que sea.

6.- Por último, cabe siempre tener presente que no se trata de buscar formas para impedir la libertad de expresión o información, sino que ante un hecho que denigre o afecte la imagen, honor y honra de una comunidad, existan elementos y medios tangibles, destinados a mitigar tales efectos o a reparar el mal causado, por la vía que sea legítima y, por supuesto, que, por el mismo medio en que se causó el daño, se puedan presentar descargos o la visión alternativa o contraria, sin perjuicio, por supuesto, de la reserva de acciones indemnizatorias y de cualquier otra naturaleza, que tanto la Municipalidad como cualquier habitante de la comuna pueda ejercer en contra del autor o autores y, en general, de los responsables de los hechos reprochables.

AUTOR: Gary Venegas Negrete: Encargado Área Municipal
  1. http://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-los-tentaculos-narcos-en-san-ramon-2520944
  2. Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/04/877722/El-panorama-narco-en-San-Ramon-Comuna-de-acopio-y-de-venta-minorista.html
  3. http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/television/mega/municipalidad-de-cartagena-repudio-parodia-de-morande-con-compañía/2017-10-06/133812.html. Publicado: Viernes 6 de octubre de 2017 | Autor: Cooperativa.cl
  4. http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/01.pdf
  5. Sentencia de fecha 01 – 12 – 2015, dictada en el proceso sobre Recurso de Protección caratulado “MULTITIENDAS CORONA S.A. CONTRA EDUARDO SEGUNDO SEPÚLVEDA VELÁSQUEZ”.
  6. Recurso de Protección tramitado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el Ingreso Nº 463–2014.-. Sentencia confirmada por la Tercera Sala de la E. Corte Suprema en un fallo de fecha 12 de mayo de 2014, dictado en la causa Rol Nº 10.340-2014.
  7. El particular recurrido y autor de la filmación y de los comentarios es el señor Fabio Andrés Torres Zambrano.