OP 1085 Déficit de Infraestructura y Relevancia de las Concesiones

El desarrollo económico y social se debe reflejar no solamente en el aumento del ingreso per cápita de la población, sino que también en otras áreas de relevancia, como la infraestructura. Y es que resulta difícil encontrar educación de calidad sin escuelas de calidad, ni buena salud sin buenos hospitales, o desarrollar políticas orientadas al deporte sin estadios, parques o ciclo vías en buen estado. En este contexto, la infraestructura asiste a las personas y adquiere especial relevancia dada su contribución a la equidad y a la integración social. Además, contar con infraestructura de calidad potencia la competitividad, productividad y crecimiento en cada uno de los sectores sociales y productivos del país.

Bajo este escenario, no cabe duda de que la infraestructura constituye un pilar básico para el desarrollo de las naciones. En efecto, la inversión en infraestructura tiene un impacto directo sobre el crecimiento del PIB de las naciones, sean estas desarrolladas o en vías de desarrollo. Un aumento en torno a un 1% del PIB en la inversión pública destinada a infraestructura se traduce en hasta 1,5% de incremento en el Producto para ese mismo año.

En Chile estamos lejos de ver un salto de esa magnitud en la inversión pública con ese objetivo. Más aún, la inversión en infraestructura no ha ido de la mano de las necesidades en el país, existiendo un serio déficit que de no revertirse terminará impactando directamente en la capacidad de crecimiento y en la calidad de vida de la población. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Chile necesitará invertir US$76.283 millones entre 2016 y 2020[1] en infraestructura, lo que significaría llevar la inversión anual en esta materia a representar más de 5% del PIB.

No obstante, y debido a que la inversión se encuentra muy por debajo de lo que el país necesita, el déficit proyectado anteriormente podría presentar una tendencia al alza durante las próximas décadas, consecuencia de la falta de una política seria y responsable en el ámbito de la inversión que busque incrementar por sobre el 3% del PIB los recursos destinados al desarrollo de infraestructura a lo largo del país.

Requerimientos de Inversión en Infraestructura

(2016-2020 y 2016-2025, cifras en US$ Millones)

Ejes Estratégicos Subsector 2016 -2020 2016-2025
Infraestructura que nos sostiene (basal) Recursos Hídricos

Energía

Telecomunicaciones

6.270

3.351

12.697

12.540

11.566

26.346

Infraestructura que nos conecta (logística) Vialidad interurbana

Aeropuertos

Puertos

Ferrocarriles

10.633

1.011

1.725

992

20.198

1.729

4.390

4.036

Infraestructura que nos involucra (social) Vialidad y transporte urbano

Espacios públicos

Educación

Hospitalario

Cárceles

34.486

437

2.179

2.153

349

54.020

859

10.385

4.650

698

Total 76.283 151.417

Fuente: CChC

En este escenario de creciente déficit de infraestructura y considerando los menores recursos fiscales por concepto de un menor crecimiento, es que se vuelve relevante fortalecer el sistema de concesiones. Ello liberaría recursos del Gobierno que podrían ser usados en diversas áreas prioritarias, y al mismo tiempo aseguraría a la población el contar con los servicios básicos necesarios, que todo gobierno debería ser capaz de proveer.

Año a año, el Congreso debe discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año entrante, asegurando los recursos para implementar el programa de Gobierno. Como las necesidades son significativamente superiores a los recursos, se deben buscar soluciones que permitan construir la infraestructura que el país necesita, para lo cual el Estado puede recurrir a las concesiones como mecanismo de provisión de nuevas obras o ampliación de obras existentes. Tanto las concesiones como la inversión privada pueden tener una doble ventaja: ayuda a la reactivación y proveen infraestructura en un plazo menor al que sería posible usando únicamente la inversión pública. Ya sea a través de licitación de obras (sin considerar operación y servicios), o concesión de las mismas (incluyendo operación y servicios) el Estado puede ganar de la eficiencia privada en materia de construcción.

En 2014, y de acuerdo a las cifras de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectó una cartera de licitación de nuevos proyectos cuyo monto de inversión se acercaba a los US$ 8.000 millones. Se sumaba a ellos un plan de mejoramiento de obras concesionadas por US$ 1.300 millones aproximadamente. Sin embargo, este programa ha sufrido algunos retrasos y a la fecha solo se ha licitado un 30% de la cartera comprometida en proyectos nuevos. Por otra parte el programa de mejoramiento se encuentra en su mayoría pendiente de acuerdos para su ejecución.

Agenda de Inversión en Concesiones ya Adjudicadas

Nombre del Proyecto Monto de Inversión (US$ MM)
Previo a 2016 1.288
Concesión Embalse La Punilla 387
2ª Concesión Camino Nogales-Puchuncaví 148
2ª Concesión Tunel El Melón 120
2ª Concesión Aeropuerto Carriel Sur Concepción 45
Total 1.988

Fuente: Copsa

A diciembre de 2016 el monto de proyectos adjudicados se acercó a US$ 2.000 millones, con lo que se desprende que el gobierno tiene un gran desafío para el periodo 2017-2018, puesto que debería licitar cerca de 19 proyectos, por un monto aproximado a los US$ 6.000 millones, cerca de un 70% de la cartera programada inicialmente. Esto sin considerar los proyectos que se incorporaron posteriormente a dicha cartera cuyo monto de inversión se acerca a los US$ 950 millones.

Un ejemplo clásico, por la cantidad de recursos asociados y el nivel de urgencia con que se necesita, es la infraestructura en concesiones hospitalarias. En este caso, la modalidad consiste en que el gobierno contrata la construcción y posterior mantención de la infraestructura con una empresa privada (concesionario), la que se encarga además del equipamiento y la gestión del mobiliario, a excepción del equipo humano profesional y técnico necesario para atender a los usuarios del hospital, estas últimas, a cargo del sector público. Los ingresos para el concesionario en el caso de los hospitales, provienen de transferencias del estado, condicionadas a que se cumplan estándares de servicio y plazos preestablecidos.

En Chile, desde el año 2003 se ha venido explorando el mecanismo de las concesiones hospitalarias como una alternativa de inversión mediante la cual desarrollar proyectos hospitalarios de gran envergadura. En mayo de 2005 durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el Ministerio de Salud solicita formalmente al Ministerio de Obras Públicas la concesión de los primeros establecimientos de Salud, comenzando los estudios y evaluaciones necesarias para emprender allí una iniciativa concreta de inversión utilizando la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Con el llamado a precalificación de los Hospitales de Maipú y La Florida efectuados en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, en mayo del 2007, se materializó la inversión bajo el sistema de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria. A fines del año 2009 y al mismo tiempo que se perfeccionaba el Contrato de Concesión para los Hospitales de Maipú y La Florida, el Ministerio de Salud configuró una nueva cartera de proyectos para desarrollar bajo este sistema de Inversión. En el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, se continuó con el sistema de concesiones, sin embargo bajo la actual administración casi la totalidad de ellos fueron retirados y, sin argumentos de peso, se decidió efectuarlos únicamente vía sectorial.

Lo lamentable de todo esto, es que finalmente son miles de chilenas y chilenos quienes se ven directamente afectados y postergadas sus necesidades de salud básicas, debido al retraso de los hospitales comprometidos. Esto, porque sacar un hospital de concesión y construirlo con recursos sectoriales significa un retraso mínimo de tres años.

AUTOR: Gustavo Díaz; Stefano Zecchetto; Economistas

  1. Infraestructura Crítica para el Desarrollo, mayo de 2016